Detallando la historia de las Farc

Desde que el Gobierno y las Farc están sentados en La Habana discutiendo cómo poner punto final a un conflicto que ha desangrado al país durante casi 50 años, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, por su parte, ha estado haciendo unas minuciosas labores de recolección de información sobre la guerrilla más antigua de Colombia y de Latinoamérica. Con base en los testimonios que decenas de exguerrilleros les han entregado a 18 despachos destinados sólo para exmiembros de grupos subversivos, así como en material incautado en operaciones militares, la Fiscalía ha empezado a reconstruir la estela de violencia que han protagonizado las Farc.

El Espectador tuvo acceso a algunos reportes relacionados específicamente con acciones de terrorismo. En un inicio, la Unidad intentó establecer qué se entiende por terrorismo, recurriendo a definiciones sencillas como la del Diccionario de la Lengua Española, que dice: “Miedo muy intenso. Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Se tomaron también los conceptos legales de países como Argentina, España y Estados Unidos, no sin antes anotar que “es difícil establecer una definición para el término terrorismo, por cuanto esta palabra tiene unas fuertes connotaciones políticas y una elevada carga emocional”.

Con ayuda de oficiales del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos y Minas (Cenam), que hace parte del Ejército, la Fiscalía documentó que el ‘Plan Renacer’ (2009) fue la principal estrategia de las Farc para aumentar las acciones terroristas, principalmente contra la Fuerza Pública, usando artefactos explosivos. Como lo indicaba el punto quinto del ‘Plan’, el propósito trazado era mejorar su capacidad defensiva con minas, que son “lo único que los detiene y los intimida”, así como “aumentar los cursos de explosivistas (...) e iniciar el entrenamiento del personal del MB (Movimiento Bolivariano) y de Milicias, haciendo énfasis en que no se debe manipular los mismos con excesiva confianza”.

La Fiscalía recordó que en el Caguán las Farc “aprovecharon” las conversaciones para recibir entrenamiento de integrantes de Eta y del Ira, “lo que explica que con la ruptura de negociaciones en 2002, el uso de artefactos explosivos haya cobrado mayores dimensiones”. Asimismo, el ente investigador conoció de boca del desmovilizado Alfredo González cómo es que las Farc fabrican los cilindros bomba, los mismos con los que, sobre todo en los años 90, arrasaron un buen número de pueblos. Según González, las Farc accedían a los cilindros en carreteras principales: llegaba un conductor con un “carro del gas”, se bajaba, recibía dinero “para el pasaje” y el carro se iba con los guerrilleros monte adentro.

Un encargado cogía el cilindro, lo cortaba en dos, tomaba la parte más pequeña, le quitaba “el mero asiento” y en éste ponía el explosivo y un estopín. Luego, ese pedazo se “prensaba” con la parte más grande. “Entonces se le comienza a llenar por dentro al grande con puntillas, varillas, cables, cartuchos de fusil, pólvora y se le echa la mecha lenta”, contó el exguerrillero González. Para moverlos sin correr riesgos de explosiones a destiempo, los envolvían en cobijas grandes empapadas de agua y quienes gastaban el gas de los cilindros, aseguró González, eran “las masas”: campesinos. El desmovilizado relató que quien había introducido en las Farc el uso de cilindros había sido Henry Castellanos Garzón, alias Romaña.

La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía halló en el computador de Víctor Julio Suárez Rojas, alias el Mono Jojoy, material abundante para dibujar el croquis del terrorismo al que han recurrido las Farc. Para su sorpresa, los investigadores encontraron un dato que casi rayaba con lo inverosímil: las Farc habían contemplado la posibilidad de envenenar a congresistas uribistas. “Por cada uno nos cobraban 200 millones de pesos. Le indicamos a Óscar proceder, no ce (sic) cómo estará ese asunto en la actualidad”, le escribió Jojoy al secretariado el 15 de julio de 2009. Es decir, un año y dos meses antes de que muriera en un bombardeo, en desarrollo de la operación militar ‘Sodoma’.

Las Farc también estaban gestando un plan para asesinar al periodista Herbin Hoyos en Europa. “El Paisa Óscar nos mandó a decir que tiene forma de ajusticiar a Erwin Hoyos (sic) en España, pero consideramos que eso por allá nos crearía inconvenientes de todo tipo”, extrajo la Unidad de Justicia y Paz de un documento de 530 páginas que elaboró el usuario JOACO2010 el 10 de enero de 2010 y que “posiblemente (fue) suscrito por alias Joaquín Gómez”, miembro del secretariado. Hoyos había salido del país luego de que, en octubre de 2009, miembros de la Fuerza Pública frustraran un atentado (el sexto que se fraguaba en su contra). El periodista regresó a Colombia dos años más tarde.

Ese Paisa Óscar es Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, jefe de la temida columna móvil Teófilo Forero, quien vuelve a aparecer mencionado en un documento del 30 de enero de 2003, firmado por el Mono Jojoy, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez y Martín Conerna: “La orden que le dimos al Paisa fue estallar el carrobomba en el Club El Nogal cuando hubieran (sic) personajes importantes como generales, ministros (...) Pero últimamente ha surgido la posibilidad real de explotarlo ante la presencia de 150 industriales y 10 diplomáticos, quienes se reúnen semanalmente”. El atentado se perpetró el 7 de febrero de 2003. Murieron 36 personas.

Los hallazgos en el computador de Jojoy también le permitieron a la Fiscalía saber, por ejemplo, que Manuel Marulanda estuvo indagando por un plan para que cada frente asesinara a un soldado todos los días. Asimismo, quedó constancia de que las Farc sí cometieron la masacre de Puerto Salvador (17 víctimas, cuatro de ellas niños) el 1° de enero de 2005, pero que no querían admitirlo públicamente; o que mataron a dos sargentos del Ejército que trabajaban encubiertos. Del crimen de Luis Francisco Cuéllar (ver nota arriba), gobernador de Caquetá, dijo Joaquín Gómez: “Se reportó el Paisa Óscar. Dijo que al gobernador lo montaron en una bestia y se negó a andar. Les metieron desembarco masivo y por fuerza mayor tocó degollarlo, porque la situación se tornó tan peligrosa que ni un tiro se podía quemar”.

Los guerrilleros, además, estaban convencidos de que se promovía un atentado contra el hoy negociador en La Habana Iván Márquez, el cual no iba a ser “obra de chapuceros, sino de profesionales del crimen como la CIA”. A Márquez le aconsejaron en ese momento que pusiera un filtro a los libros y cargas que recibiera y que los pusiera en un ‘san alejo’, “como lo hizo durante el despeje el camarada Manuel”. Los reportes de la Fiscalía, asimismo, hablan de información ya conocida por la opinión pública, como la responsabilidad de las Farc en el atentado contra Caracol Radio, perpetrado el 12 de agosto de 2010: “Se salvó el director por minutos. Era la idea”.

En febrero de 2009, ocho indígenas awás fueron asesinados con cuchillos y machetes por las Farc. La columna Mariscal Sucre admitió la autoría del crimen, aunque intentó justificarlo identificando a los indígenas como informantes de la Fuerza Pública. Sobre “la ejecución inconsulta de los 8 sapos es la piedra de toque. Nos corresponde dejar claro que el conflicto mil veces negado por el régimen existe, se profundiza y se amplía con todos sus horrores como consecuencia de la estrategia oficial de utilizar a la población civil como escudo y carne de cañón”, escribió Alfonso Cano el 21 de febrero de ese año. “Lo hicimos sólo pensando en la seguridad y vida de los guerrilleros a nuestro mando”.

En 2003, dicen los reportes de la Fiscalía, en Colombia se presentaron 1.285 actos terroristas, aunque no se especifica la autoría de los hechos. La cifra empezó a descender notoriamente en los años siguientes, durante el período de Álvaro Uribe, hasta llegar a su punto más bajo en 2007, con 387 actos terroristas. A partir de ahí, sin embargo, la curva volvió a subir hasta llegar al pico en 2012 con 819 actos terroristas. La mayoría han sido contra la infraestructura vial o energética. Del total que se cometieron en 2003, el 68% (869 actos) fueron contra oleoductos, torres de energía o comunicaciones, vías y puentes. El año con menor registro de ataques de este tipo fue 2010.

Con base en datos de la Policía, la Fiscalía señala que entre 2003 y 2012 las Farc cometieron 3.274 actos de terrorismo. En 2003 la cifra fue de 733 y los indicadores empezaron a disminuir: en 2008, tras seis años de la política de seguridad democrática de Uribe, se contaron 187 acciones de esta naturaleza. Los números, no obstante, volvieron a incrementarse desde 2009 y el año pasado se registraron 308 acciones. Igualmente, con base en información de las Fuerzas Militares, la Fiscalía estableció que en ese mismo lapso, como consecuencia de los actos terroristas ejecutados por ese grupo guerrillero, murieron 594 personas: el 57% eran miembros de la Fuerza Pública; el resto, civiles.

La Fiscalía continuará en su labor de documentar las huellas de la violencia guerrillera. En tiempos de negociaciones, información de esta naturaleza puede resultar un arma de doble filo, pues se prevé que quienes están en contra del proceso de paz la utilicen para atacarlo. Para la Fiscalía de Eduardo Montealegre, sin embargo, es fundamental establecer con la mayor cantidad de detalles posibles cuál es el suelo que se pisa con respecto a las Farc, pensando en el escenario de los diálogos en La Habana. Desandar los pasos de las Farc significa mostrar con todos los puntos su barbarie. De lograrse un acuerdo final, según ha dicho el Gobierno, deberán pedir perdón por sus crímenes.

dduran@elespectador.com

@dicaduran

Desde que el Gobierno y las Farc están sentados en La Habana discutiendo cómo poner punto final a un conflicto que ha desangrado al país durante casi 50 años, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, por su parte, ha estado haciendo unas minuciosas labores de recolección de información sobre la guerrilla más antigua de Colombia y de Latinoamérica. Con base en los testimonios que decenas de exguerrilleros les han entregado a 18 despachos destinados sólo para exmiembros de grupos subversivos, así como en material incautado en operaciones militares, la Fiscalía ha empezado a reconstruir la estela de violencia que han protagonizado las Farc.

El Espectador tuvo acceso a algunos reportes relacionados específicamente con acciones de terrorismo. En un inicio, la Unidad intentó establecer qué se entiende por terrorismo, recurriendo a definiciones sencillas como la del Diccionario de la Lengua Española, que dice: “Miedo muy intenso. Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Se tomaron también los conceptos legales de países como Argentina, España y Estados Unidos, no sin antes anotar que “es difícil establecer una definición para el término terrorismo, por cuanto esta palabra tiene unas fuertes connotaciones políticas y una elevada carga emocional”.

Con ayuda de oficiales del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos y Minas (Cenam), que hace parte del Ejército, la Fiscalía documentó que el ‘Plan Renacer’ (2009) fue la principal estrategia de las Farc para aumentar las acciones terroristas, principalmente contra la Fuerza Pública, usando artefactos explosivos. Como lo indicaba el punto quinto del ‘Plan’, el propósito trazado era mejorar su capacidad defensiva con minas, que son “lo único que los detiene y los intimida”, así como “aumentar los cursos de explosivistas (...) e iniciar el entrenamiento del personal del MB (Movimiento Bolivariano) y de Milicias, haciendo énfasis en que no se debe manipular los mismos con excesiva confianza”.

La Fiscalía recordó que en el Caguán las Farc “aprovecharon” las conversaciones para recibir entrenamiento de integrantes de Eta y del Ira, “lo que explica que con la ruptura de negociaciones en 2002, el uso de artefactos explosivos haya cobrado mayores dimensiones”. Asimismo, el ente investigador conoció de boca del desmovilizado Alfredo González cómo es que las Farc fabrican los cilindros bomba, los mismos con los que, sobre todo en los años 90, arrasaron un buen número de pueblos. Según González, las Farc accedían a los cilindros en carreteras principales: llegaba un conductor con un “carro del gas”, se bajaba, recibía dinero “para el pasaje” y el carro se iba con los guerrilleros monte adentro.

Un encargado cogía el cilindro, lo cortaba en dos, tomaba la parte más pequeña, le quitaba “el mero asiento” y en éste ponía el explosivo y un estopín. Luego, ese pedazo se “prensaba” con la parte más grande. “Entonces se le comienza a llenar por dentro al grande con puntillas, varillas, cables, cartuchos de fusil, pólvora y se le echa la mecha lenta”, contó el exguerrillero González. Para moverlos sin correr riesgos de explosiones a destiempo, los envolvían en cobijas grandes empapadas de agua y quienes gastaban el gas de los cilindros, aseguró González, eran “las masas”: campesinos. El desmovilizado relató que quien había introducido en las Farc el uso de cilindros había sido Henry Castellanos Garzón, alias Romaña.

La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía halló en el computador de Víctor Julio Suárez Rojas, alias el Mono Jojoy, material abundante para dibujar el croquis del terrorismo al que han recurrido las Farc. Para su sorpresa, los investigadores encontraron un dato que casi rayaba con lo inverosímil: las Farc habían contemplado la posibilidad de envenenar a congresistas uribistas. “Por cada uno nos cobraban 200 millones de pesos. Le indicamos a Óscar proceder, no ce (sic) cómo estará ese asunto en la actualidad”, le escribió Jojoy al secretariado el 15 de julio de 2009. Es decir, un año y dos meses antes de que muriera en un bombardeo, en desarrollo de la operación militar ‘Sodoma’.

Las Farc también estaban gestando un plan para asesinar al periodista Herbin Hoyos en Europa. “El Paisa Óscar nos mandó a decir que tiene forma de ajusticiar a Erwin Hoyos (sic) en España, pero consideramos que eso por allá nos crearía inconvenientes de todo tipo”, extrajo la Unidad de Justicia y Paz de un documento de 530 páginas que elaboró el usuario JOACO2010 el 10 de enero de 2010 y que “posiblemente (fue) suscrito por alias Joaquín Gómez”, miembro del secretariado. Hoyos había salido del país luego de que, en octubre de 2009, miembros de la Fuerza Pública frustraran un atentado (el sexto que se fraguaba en su contra). El periodista regresó a Colombia dos años más tarde.

Ese Paisa Óscar es Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, jefe de la temida columna móvil Teófilo Forero, quien vuelve a aparecer mencionado en un documento del 30 de enero de 2003, firmado por el Mono Jojoy, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez y Martín Conerna: “La orden que le dimos al Paisa fue estallar el carrobomba en el Club El Nogal cuando hubieran (sic) personajes importantes como generales, ministros (...) Pero últimamente ha surgido la posibilidad real de explotarlo ante la presencia de 150 industriales y 10 diplomáticos, quienes se reúnen semanalmente”. El atentado se perpetró el 7 de febrero de 2003. Murieron 36 personas.

Los hallazgos en el computador de Jojoy también le permitieron a la Fiscalía saber, por ejemplo, que Manuel Marulanda estuvo indagando por un plan para que cada frente asesinara a un soldado todos los días. Asimismo, quedó constancia de que las Farc sí cometieron la masacre de Puerto Salvador (17 víctimas, cuatro de ellas niños) el 1° de enero de 2005, pero que no querían admitirlo públicamente; o que mataron a dos sargentos del Ejército que trabajaban encubiertos. Del crimen de Luis Francisco Cuéllar (ver nota arriba), gobernador de Caquetá, dijo Joaquín Gómez: “Se reportó el Paisa Óscar. Dijo que al gobernador lo montaron en una bestia y se negó a andar. Les metieron desembarco masivo y por fuerza mayor tocó degollarlo, porque la situación se tornó tan peligrosa que ni un tiro se podía quemar”.

Los guerrilleros, además, estaban convencidos de que se promovía un atentado contra el hoy negociador en La Habana Iván Márquez, el cual no iba a ser “obra de chapuceros, sino de profesionales del crimen como la CIA”. A Márquez le aconsejaron en ese momento que pusiera un filtro a los libros y cargas que recibiera y que los pusiera en un ‘san alejo’, “como lo hizo durante el despeje el camarada Manuel”. Los reportes de la Fiscalía, asimismo, hablan de información ya conocida por la opinión pública, como la responsabilidad de las Farc en el atentado contra Caracol Radio, perpetrado el 12 de agosto de 2010: “Se salvó el director por minutos. Era la idea”.

En febrero de 2009, ocho indígenas awás fueron asesinados con cuchillos y machetes por las Farc. La columna Mariscal Sucre admitió la autoría del crimen, aunque intentó justificarlo identificando a los indígenas como informantes de la Fuerza Pública. Sobre “la ejecución inconsulta de los 8 sapos es la piedra de toque. Nos corresponde dejar claro que el conflicto mil veces negado por el régimen existe, se profundiza y se amplía con todos sus horrores como consecuencia de la estrategia oficial de utilizar a la población civil como escudo y carne de cañón”, escribió Alfonso Cano el 21 de febrero de ese año. “Lo hicimos sólo pensando en la seguridad y vida de los guerrilleros a nuestro mando”.

En 2003, dicen los reportes de la Fiscalía, en Colombia se presentaron 1.285 actos terroristas, aunque no se especifica la autoría de los hechos. La cifra empezó a descender notoriamente en los años siguientes, durante el período de Álvaro Uribe, hasta llegar a su punto más bajo en 2007, con 387 actos terroristas. A partir de ahí, sin embargo, la curva volvió a subir hasta llegar al pico en 2012 con 819 actos terroristas. La mayoría han sido contra la infraestructura vial o energética. Del total que se cometieron en 2003, el 68% (869 actos) fueron contra oleoductos, torres de energía o comunicaciones, vías y puentes. El año con menor registro de ataques de este tipo fue 2010.

Con base en datos de la Policía, la Fiscalía señala que entre 2003 y 2012 las Farc cometieron 3.274 actos de terrorismo. En 2003 la cifra fue de 733 y los indicadores empezaron a disminuir: en 2008, tras seis años de la política de seguridad democrática de Uribe, se contaron 187 acciones de esta naturaleza. Los números, no obstante, volvieron a incrementarse desde 2009 y el año pasado se registraron 308 acciones. Igualmente, con base en información de las Fuerzas Militares, la Fiscalía estableció que en ese mismo lapso, como consecuencia de los actos terroristas ejecutados por ese grupo guerrillero, murieron 594 personas: el 57% eran miembros de la Fuerza Pública; el resto, civiles.

La Fiscalía continuará en su labor de documentar las huellas de la violencia guerrillera. En tiempos de negociaciones, información de esta naturaleza puede resultar un arma de doble filo, pues se prevé que quienes están en contra del proceso de paz la utilicen para atacarlo. Para la Fiscalía de Eduardo Montealegre, sin embargo, es fundamental establecer con la mayor cantidad de detalles posibles cuál es el suelo que se pisa con respecto a las Farc, pensando en el escenario de los diálogos en La Habana. Desandar los pasos de las Farc significa mostrar con todos los puntos su barbarie. De lograrse un acuerdo final, según ha dicho el Gobierno, deberán pedir perdón por sus crímenes.

dduran@elespectador.com

@dicaduran