Detalles de la investigación contra Richard Aguilar

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Foto: El Espectador

La condición para que la Gobernación de Santander adjudicara un contrato para el reforzamiento de una parte del estadio Alfonso López, de Bucaramanga, a finales de 2014, habría sido clara: el entonces gobernador Richard Aguilar Villa debía recibir una coima del 10 % del negocio. La tajada, supuestamente, fue definida por él mismo, después de recomendar quién debía ser el contratista, que finalmente aceptó el negocio ilegal, que además incluyó el pago de otra cuantiosa suma a los funcionarios públicos que, al parecer, se prestaron para amañar la licitación y dejarla a gusto de Aguilar. Esta teoría de cómo presuntamente se adjudicó el contrato, que comenzó costando más de $24.000 millones, es la que hoy investiga la Corte Suprema de Justicia.

El Espectador tuvo acceso al documento en el que el alto tribunal consignó detalles de la adjudicación de ese contrato y de otros cinco más en los que, al parecer, Aguilar habría cometido varios delitos para favorecer su bolsillo y beneficiar a familiares. Desde que empezaron las pesquisas en su contra, ha trascendido que los principales testigos del caso son dos personas que trabajaron en la Gobernación: Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura entre 2012 y 2015, y su esposo, Lenin Darío Pardo. Ambos resultaron salpicados en las investigaciones de la Fiscalía luego de que Octavio Reyes, el ingeniero que se quedó con el contrato del estadio en marzo de 2015, confesó al ente investigador la existencia de un sofisticado sistema de corrupción en la gobernación de Aguilar.

Los esposos fueron capturados en octubre de 2018 y empezaron a hablar, sin admitir negociaciones de plata debajo de la mesa, al parecer, para beneficiar al exgobernador Aguilar. La Fiscalía emprendió las pesquisas y, por los personajes que fueron apareciendo, compulsó copias para que la Corte hiciera lo suyo en contra de Aguilar. Así, el alto tribunal tuvo acceso a las versiones de Claudia Toledo, Lenin Darío Pardo, Octavio Reyes y Julián Jaramillo, hombre de confianza y asesor del despacho de Aguilar en la Gobernación. Aunque esas declaraciones no han sido del todo validadas por la Fiscalía (hasta el momento solo las ha aceptado parcialmente en un principio de oportunidad a favor de los esposos), la Corte les ha dado la credibilidad suficiente para investigar a Aguilar.

El primer contrato al que hace referencia la Corte, en el documento en el que decidió abrir investigación preliminar contra el exgobernador, es precisamente el del estadio Alfonso López. La idea de ese negocio era el reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica del estadio y, según el alto tribunal, por una orden que presuntamente dio Aguilar, “se acordaron coimas por el 16 % del valor del contrato, incluidas las adiciones que se hicieran durante la ejecución del mismo, porcentaje distribuido así: 10 % para el gobernador Richard Aguilar, 3 % para Julián Jaramillo y 3 % para los esposos Toledo Pardo”. Para que el contrato quedara en manos de Octavio Reyes, quien aceptó entregar dineros por debajo de la mesa, era necesaria la “ayuda” de los funcionarios de Aguilar.

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Jaramillo y Pardo presuntamente modificaron pliegos de condiciones y nunca existió un concepto “en el que se analizara la conveniencia, oportunidad y solidez técnica, financiera y ambiental del proyecto”. Según la Corte, Aguilar era informado regularmente de la adjudicación de este y otros contratos. Esa tarea la cumplían Jaramillo y Pardo. “Implementaron un control práctico de la estrategia de direccionamiento amañado de los contratos a través de una tabla de Excel, donde se registraban los datos básicos de los proyectos licitados y por licitar, incluidos los nombres de las personas que debían ser favorecidas, a quienes se les denominaba en clave ‘Eli’; es decir, ‘el idóneo’ o el elegido”, dice el documento conocido por este diario.

Aunque Jaramillo aceptó la existencia de ese documento, aclaró que no tenía como objetivo controlar los direccionamientos, como lo ha dicho Toledo ante las autoridades. Con el contrato firmado, incluidas las condiciones ilícitas, la Corte sostiene que Aguilar “se habría apropiado y permitido la apropiación por terceros; esto es, de la Unión Temporal Reforzamiento 2015 (la empresa de Octavio Reyes), su representante legal y otros, de recursos públicos del departamento de Santander por cerca de $2.400 millones, provenientes de los desembolsos de los anticipos del contrato principal y de su adicional”, hechos que habrían ocurrido entre marzo y diciembre de 2015. Y, agrega el tribunal, Aguilar dio las pautas para agilizar el pago de coimas sin alertar a las autoridades.

Al respecto, Lenin Darío Pardo le relató a la Corte y a la Fiscalía que, para que Aguilar recibiera el primer pago, fue citado al despacho del entonces gobernador: “El gobernador nos dice que debemos solucionarle, que recordemos que él está necesitando el dinero porque necesita para la campaña que en ese momento estaba apoyando [Olger Díaz] y que solo le habíamos cumplido con el compromiso de los $700 millones (...) El mismo gobernador me lo pide; recuerdo que me dice textualmente: ‘Eso no pasa nada, Lalito ha hecho lo mismo y ha facturado en varias cosas y no ha tenido problema, además Claudia [Toledo] ya no es secretaria y yo necesito esa plata, solo me han dado $700 millones. Cuando dijo ‘Lalito’ se refería a su amigo de confianza Raúl Cardozo Navas”.

Cardozo Navas fue gerente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS) y amigo cercano del clan Aguilar, a quien la Fiscalía le imputó cargos el pasado 29 de junio por, supuestamente, haber pedido un soborno a Richard Aguilar a cambio de mover fichas para que la Procuraduría no avanzara en una investigación en su contra. Según la Corte, después de revisar la contabilidad del negocio, a través de contratos corbata, facturas y cuentas de cobro falsas, los funcionarios de la Gobernación, por orden de Aguilar, habrían logrado desviar la plata del contrato para que terminara en sus bolsillos. En diciembre de 2015, cuando la obra tenía que estar acabada, era evidente que no lo estaba. El alto tribunal señala que, en ese momento, volvió a intervenir el gobernador Aguilar. A través de otro funcionario de la Gobernación, en diciembre de 2015, el hoy senador le pidió que firmara una minuta denominada “Adicional n.° 1” al contrato original por más de $6.748 millones. El reproche que hace la Corte es que Aguilar sabía que ese documento no era la vía jurídica permitida en el caso, sino que debía firmar un contrato adicional y someterlo a una licitación pública; pero eso nunca ocurrió. Doce días antes de terminar su período de gobernador, se firmó esa minuta. Lenin Darío Prado le contó a la Fiscalía que Julián Jaramillo, asesor de Aguilar, le confesó que esa adición la firmó el gobernador porque “a raíz de la pérdida de la campaña a la gobernación del candidato que Richard apoyaba, él quiso recuperar algunos dineros antes de irse de su administración”.

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Para lograr este presunto entramado de corrupción en la gobernación de Aguilar, la Corte asegura tener pruebas de que el interventor del contrato para el estadio Alfonso López de Bucaramanga también resultó involucrado en el esquema ilícito, no solo porque resultó siendo un recomendado de Octavio Reyes, sino porque firmaron una serie de anticipos que, según las reglas del contrato, no se podían hacer. Por eso, la Corte quiere establecer qué tanto intervino el gobernador para que ese interventor se quedara con el negocio, sin ser la persona idónea. Las pruebas que tiene la Corte no acaban en esos contratos. El alto tribunal asegura que fueron cuatro más, firmados en 2014, los que presuntamente resultaron manchados de movimientos ilícitos por parte del gobernador y sus funcionarios.

Dos de ellos, resalta el documento de la Corte Suprema, habrían tenido un proceso similar al del estadio, pero con resultado diferente. Según las pruebas del alto tribunal, Aguilar habría recomendado a dos empresas para que fueran ellas las que se quedaran con los negocios. La primera, de propiedad de Reynaldo Bohórquez, estaba detrás del contrato para el tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca. Y la segunda, en manos de Aureliano Naranjo Salamanca, que quería el contrato para la construcción del corredor vial entre San Gil y Charalá. Sin embargo, durante el proceso de selección, ninguna de las “favoritas” del gobernador pasó el examen, porque se evidenció que no tenían la experiencia suficiente, había errores en las propuestas o había mejores contratistas.

Ni Claudia Toledo ni Julián Jaramillo lograron cumplir con la orden que, al parecer, les había dado Aguilar. Y esto, según Toledo, le ocasionó serios problemas con el segundo contratista que, incluso, la amenazó e intimidó. “Julián Jaramillo y yo le hicimos saber [a Naranjo] que de ninguna forma podíamos adjudicar ese contrato, así lo hubiera ordenado el exgobernador”, relató Toledo. Ese negocio, calculado en más de $113.000 millones, terminó en manos del Consorcio Conectividad Vial San Gil, compuesto por la empresa de Carlos Alberto Solarte (condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht), VG Constructores, la Constructora Valderrama y Valco Constructores. Estas dos últimas empresas pertenecen a los hermanos Fernando y Ricardo Valderrama, socios de Aguilar.

Luego del fracaso de la licitación de los recomendados por Aguilar, la Corte relata que Aguilar quiso resarcir la promesa que le había hecho a Naranjo Salamanca. No era para menos. El hombre detrás de esa empresa es, según el alto tribunal, primo hermano de su papá, Hugo Aguilar, nombre que tiene un profundo trasfondo en Santander y en el mundo de la política. También gobernador del departamento entre 2004 y 2007, condenado por vínculos con los paramilitares y con una larga trayectoria en la Policía, Hugo Aguilar maneja los hilos del poder en esta región desde hace un buen tiempo. De hecho, otro de sus hijos, Mauricio, es el actual gobernador.

El coronel (r) Hugo Aguilar ha asegurado haber disparado el arma que mató al capo Pablo Escobar en un tejado de Medellín en diciembre de 1993. Fue parte del Bloque de Búsqueda que sitió a otros narcos de la época, como Gonzalo Rodríguez Gacha y, hasta su retiro de la Policía fue considerado un uniformado ejemplar; pero pronto se demostró que llegó a la Gobernación con apoyo del Bloque Central Bolívar, por testimonios de exparamilitares como Salvatore Mancuso y otros. “Hugo Aguilar Naranjo promovió y colaboró con las Autodefensas Unidas de Colombia y puso su investidura a disposición de dicha estructura armada ilegal”, reza en la sanción disciplinaria que lo inhabilitó de hacer política por veinte años.

Aunque la Corte Suprema lo condenó a nueve años de prisión, en la región se sabía que mandaba desde la cárcel y que hasta sostuvo reuniones en su celda. Finalmente, Aguilar padre recobró la libertad en 2015 y, dos años más tarde, resultó metido en otro lío: la periodista Diana Giraldo reveló una foto de él manejando un lujoso vehículo Porsche por Bucaramanga, carro que ostentaba a pesar de que le había dicho a la justicia no tener cómo pagar la multa de $6.000 millones que le impusieron en su sentencia. El lío le costó otra detención y un proceso por, presuntamente, triangular su fortuna a través de su familia y hasta utilizando su divorcio con Mónica María Barrera.

El último contrato cuestionado por la Corte Suprema que llevó el visto bueno de Aguilar tiene que ver con un asunto de extrema sensibilidad, pues tiene que ver con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander. El negocio se firmó en agosto de 2014 con el objetivo de garantizar el suministro diario de una ración alimentaria (muchas veces la única que reciben miles de niños) a estudiantes de instituciones educativas oficiales de 82 municipios de Santander. Según el alto tribunal, Aguilar impartió órdenes a Claudia Toledo y Julián Jaramillo “para que llevaran a cabo el trámite del proceso licitatorio público [de ese contrato], indicándoles que debían favorecer con la adjudicación a la Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales (Empsenal).

Richard Aguilar Villa, agrega la Corte, “se habría asociado con servidores públicos de su administración y con particulares contratistas y subcontratistas para direccionar amañadamente los procesos de adjudicación relativos” a los seis contratos mencionados en el documento conocido por El Espectador. El senador ya rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Su defensa, en cabeza del abogado Iván Cancino, ha reiterado en diferentes instancias que los testimonios de Claudia Toledo y su esposo Lenin Darío Pardo son contradictorios y mentirosos. En diálogo con este diario, el jurista agregó que está listo para seguirle demostrando a la Fiscalía que la pareja miente y, por eso, no pueden considerarlos testigos estrellas.

“Aunque tenemos veto de referirnos a la investigación de la Corte, sí puedo decir que yo me voy a oponer a ese principio de oportunidad, porque esos son unos esposos mentirosos que están viendo la oportunidad de enlodar a Aguilar para lograr un principio. Estamos muy tranquilos porque el senador contestó satisfactoriamente todas las preguntas que le hizo la Corte durante su indagatoria y ahora esperamos la definición de su situación jurídica sin medida de aseguramiento”, agregó Iván Cancino. Esa decisión del alto tribunal ya está en sus últimos ajustes. Con ella se definirá si el hoy senador es enviado a la cárcel por este presunto carrusel de contratación o si los testimonios en su contra no son suficientes para seguir la investigación en contra de esta ficha clave del poderoso clan Aguilar.