Detalles de un debate reservado en la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia está viviendo la tormenta perfecta: faltan siete vacantes por llenar, en menos de un mes se va un magistrado que disuelve el quorum para cualquier elección, ningún candidato a magistrado ha logrado las mayorías necesarias, persisten profundas diferencias entre algunos juristas, se dice que algunos exmagistrados todavía siguen manteniendo poder y votos en la tras escena, aún no hay consenso para elegir al presidente de la corporación y, como si fuera poco, cada día aumenta más la presión ciudadana por la elección del próximo fiscal general de la nación. Un escenario demasiado fértil para sus críticos.

La Corte Suprema de Justicia está viviendo la tormenta perfecta: faltan siete vacantes por llenar, en menos de un mes se va un magistrado que disuelve el quorum para cualquier elección, ningún candidato a magistrado ha logrado las mayorías necesarias, persisten profundas diferencias entre algunos juristas, se dice que algunos exmagistrados todavía siguen manteniendo poder y votos en la tras escena, aún no hay consenso para elegir al presidente de la corporación y, como si fuera poco, cada día aumenta más la presión ciudadana por la elección del próximo fiscal general de la nación. Un escenario demasiado fértil para sus críticos.

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En medio de una coyuntura tan adversa, mientras algunos magistrados promueven alianzas o lanzan fórmulas para salir de esta crisis, hasta hace una semana se seguía imponiendo el bloqueo. El Espectador conoció detalles de lo que ocurrió en la pasada Sala Plena del 23 de enero. Lo primero que se votó fue la presidencia de la Corte. Allí, la puja ya es conocida entre Jorge Luis Quiroz y Gerardo Botero, ambos de la Sala Laboral. El primero obtuvo en una primera ronda nueve votos y el segundo, seis. Quiroz venía desempeñándose como vicepresidente y la tradición indicaba que debía ser el sucesor; pero el grupo de Botero no pensó lo mismo.

Como nadie ganó en esa primera votación secreta, se encargó de la presidencia a José Francisco Acuña, magistrado de la Sala Penal. Pero el malestar entre los magistrados empezó a hacerse visible. A renglón seguido, se votó por la terna a la Fiscalía. En una primera ronda, Francisco Barbosa Delgado obtuvo doce votos, Clara María González, cinco y Camilo Gómez, dos. Nuevamente ninguno alcanzó los 16 votos necesarios. De hecho, para lograrlo deberían tener el respaldo de los 16 magistrados que hoy pueden votar. Entonces, se decidió votar para llenar una de las vacantes que hay en la Sala Penal.

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La Sala Penal llegó por consenso al nombre del candidato Hugo Quintero, quien en esa votación secreta tampoco logró los 16 votos. Incómodos por lo que estaba ocurriendo, algunos magistrados cantaron su voto y lo depositaron en la urna para dejar constancia. La mayoría optó por esa vía, pero varios magistrados persistieron en su derecho a la votación secreta. Esa idea de hacer pública la elección se viene cocinando desde hace días a raíz del bloqueo. Según varias fuentes consultadas por este diario, los magistrados Ariel Salazar, Luis Alonso Rico, Gerardo Botero y el expresidente Álvaro Fernando García insistieron en no revelar públicamente sus votos.

“Ahí nos quedó claro de dónde viene el bloqueo”, comentó en privado un jurista. Otro contó que alguien le recordó al magistrado García una entrevista de diciembre pasado, a menos de un mes de entregar la presidencia, en la que aseguró que en la Corte había una especie de chantaje entre magistrados para elegir las vacantes en el alto tribunal y al nuevo fiscal. “Extorsión, esa es la palabra, no se puede poner otro nombre cuando se bloquea para tomar decisiones con intereses particulares, eso es una extorsión”, dijo García en ese momento. Es decir, le enrostraron al magistrado García que supuestamente estaba haciendo lo que antes criticaba.

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Esa Sala Plena terminó sin consensos, con pronóstico reservado y con una pulla desde adentro que trascendió poco después. El magistrado Ariel Salazar, que cumplirá su periodo de ocho años el próximo 27 de febrero, dejó una constancia que a muchos les cayó mal. En carta dirigida al hoy expresidente de la Corte, Álvaro Fernando García, Salazar sostuvo que no acepta que lo traten de encasillar como uno de los magistrados que está bloqueando las elecciones en el alto tribunal, que su deber como jurista lo ha enaltecido desde que se posesionó, siempre votando a conciencia, según él, por las mejores hojas de vida.

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En sus palabras: “Reconozco que en oportunidades he cumplido mi deber y responsabilidad votando en blanco cuando se ha tratado de candidatos cercanos y recomendados por personas que, una vez elegidas en la corporación y contrariando claras disposiciones constitucionales, se dedican a practicar y fomentar el turismo judicial y a hacer uso indebido de las facultades electorales constitucionalmente atribuidas a la Corte Suprema”. Un comentario que agitó las ya convulsionadas aguas en la Sala Plena y que muy seguramente será objeto de debate este jueves 30 de enero, cuando los 16 magistrados vuelvan a votar

Otro de los episodios que generan molestia fue revelado este domingo por Noticias Uno. De acuerdo con el noticiero, una de las más profundas grietas entre los magistrados tiene nombre y apellidos: María Matilde Trejos Aguilar, actual candidata a una vacante en la Sala Laboral. Al parecer, esta aspirante tendría el aval de los magistrados Ariel Salazar y Gerardo Botero. Pero una mancha familiar de su pasado le cobra factura. Dos hermanas suyas fueron condenadas por la justicia por sus nexos con el cartel del norte del Valle. Fuentes consultadas por este diario confirmaron que ese nombre es piedra de discusión.

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Entonces, todo está servido para un candente debate este jueves. La Sala Penal ya se comprometió a llevar tres candidatos por consenso que, en principio, deberían tener el aval de las demás salas. Pero hay heridas abiertas, señalamientos cruzados, presiones ciudadanas y cálculos políticos que juegan en este rompecabezas. De todas maneras, dos cosas van quedando claras: la posibilidad de que Hugo Quintero llegue a la Sala Penal de la Corte es muy alta y la ventaja que le lleva el candidato Barbosa a los demás ternados para la Fiscalía parece difícil de recortar. En la corporación saben que están contra el tiempo.

Aún más, algunos magistrados, una vez logren sortear esta crisis, se aprestan a discutir con urgencia cambios en el reglamento interno de la Corte. Su objetivo: evitar que estas discusiones se puedan prolongar más allá de lo debido, facilitar las elecciones del futuro y garantizar la celeridad en este tipo de debates públicos. “El país no aguanta más estos bloqueos institucionales”, concluyó una fuente consultada de esa corporación. Otro más aventuró optimista que veía muy posible que en las próximas dos salas plenas se pudieran obtener resultados concretos en las elecciones. Por todo esto, este jueves será una especie de día D en la Corte.