Detalles de una condena

Después de un publicitado proceso judicial, cuyas primeras pesquisas comenzaron hace unos tres años, William Hernán Pérez Espinel, quien fungió como gobernador de Casanare entre 2001 y 2003, fue condenado. Hace unos días, luego de acogerse a sentencia anticipada en los delitos de concierto para delinquir agravado y celebración indebida de contratos, sumados a otros como peculado a favor de terceros y concusión, Pérez fue sentenciado a 15 años de prisión, multado por $2.400 millones e inhabilitado por 10 años para ejercer funciones públicas.

El perjuicio que le causó el mandato de Pérez Espinel a su región fue calculado de varias maneras por la Corte Suprema de Justicia. En la providencia del fallo, conocida por El Espectador, el alto tribunal indicó que, según las investigaciones de la Fiscalía, este desmedro económico se generó a través de cuatro contratos más dos convenios con la Universidad de Cartagena, que le representaron al erario del departamento $6.020 millones, es decir, cerca de 26 mil salarios mínimos. La Corte determinó que Pérez también debía reponer esa suma a favor de las arcas de Casanare.

El proceso contra el ex mandatario giró en torno a su perversa relación con Héctor Buitrago, más conocido como Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). La justicia recolectó testimonios de jefes políticos de Casanare como Miguel Ángel Pérez, que relató cómo tuvo que renunciar a sus aspiraciones a la Gobernación para el período 2001-2003 luego de que Martín Llanos y otros jefes paramilitares le dejaran claro que su intención era “cogobernar el departamento”. Jacobo Rivera, del Partido Liberal, sostuvo que los candidatos se reunieron con Llanos para discutir el programa de gobierno y el plan de desarrollo.

El ex integrante de las Acc Javier Fernando Rivera, alias El Gordo, declaró que el pacto entre Llanos y Pérez se evidenció en la contratación irregular que obtuvieron las cooperativas Proteger, Coespro, Conalde, Coonal y Cometer, todas manejadas por Llanos. Estamentos como el Tribunal Administrativo de Casanare encontraron que para delegar los contratos a dedo, Pérez Espinal evadió las licitaciones públicas a través de triangulaciones y así benefició a las mencionadas empresas. En sus contrataciones, la Fiscalía constató que ni las cooperativas ni la Universidad de Cartagena contaban con la experiencia o la idoneidad para ejecutar las obras.

Dichos proyectos iban desde alcantarillados hasta programas de inversión social. La Corte, sin embargo, entendió que tal malversación de fondos fue más que un acto de corrupción: “Con la solicitud indebida de dineros a favor de terceros y con la debida celebración de contratos, la seguridad pública también se vio afectada con el fortalecimiento económico de las Acc”. Tanto así que, según el testimonio del desmovilizado Carlos Guzmán Daza (Salomón), Pérez Espinel y Llanos sostenían reuniones frecuentes en zonas rurales del municipio de Puerto López, para discutir, incluso, cómo manejar el Fondo de Ahorro y la Estabilización Petrolera.

Pérez tenía orden de captura desde mayo de 2008, pero sólo se presentó ante la justicia el 3 de febrero de 2009. Desde entonces está recluido en la cárcel La Picota, en donde deberá terminar de pagar su condena por haber entregado su departamento, palabras más palabras menos, en manos del paramilitarismo.

Después de un publicitado proceso judicial, cuyas primeras pesquisas comenzaron hace unos tres años, William Hernán Pérez Espinel, quien fungió como gobernador de Casanare entre 2001 y 2003, fue condenado. Hace unos días, luego de acogerse a sentencia anticipada en los delitos de concierto para delinquir agravado y celebración indebida de contratos, sumados a otros como peculado a favor de terceros y concusión, Pérez fue sentenciado a 15 años de prisión, multado por $2.400 millones e inhabilitado por 10 años para ejercer funciones públicas.

El perjuicio que le causó el mandato de Pérez Espinel a su región fue calculado de varias maneras por la Corte Suprema de Justicia. En la providencia del fallo, conocida por El Espectador, el alto tribunal indicó que, según las investigaciones de la Fiscalía, este desmedro económico se generó a través de cuatro contratos más dos convenios con la Universidad de Cartagena, que le representaron al erario del departamento $6.020 millones, es decir, cerca de 26 mil salarios mínimos. La Corte determinó que Pérez también debía reponer esa suma a favor de las arcas de Casanare.

El proceso contra el ex mandatario giró en torno a su perversa relación con Héctor Buitrago, más conocido como Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). La justicia recolectó testimonios de jefes políticos de Casanare como Miguel Ángel Pérez, que relató cómo tuvo que renunciar a sus aspiraciones a la Gobernación para el período 2001-2003 luego de que Martín Llanos y otros jefes paramilitares le dejaran claro que su intención era “cogobernar el departamento”. Jacobo Rivera, del Partido Liberal, sostuvo que los candidatos se reunieron con Llanos para discutir el programa de gobierno y el plan de desarrollo.

El ex integrante de las Acc Javier Fernando Rivera, alias El Gordo, declaró que el pacto entre Llanos y Pérez se evidenció en la contratación irregular que obtuvieron las cooperativas Proteger, Coespro, Conalde, Coonal y Cometer, todas manejadas por Llanos. Estamentos como el Tribunal Administrativo de Casanare encontraron que para delegar los contratos a dedo, Pérez Espinal evadió las licitaciones públicas a través de triangulaciones y así benefició a las mencionadas empresas. En sus contrataciones, la Fiscalía constató que ni las cooperativas ni la Universidad de Cartagena contaban con la experiencia o la idoneidad para ejecutar las obras.

Dichos proyectos iban desde alcantarillados hasta programas de inversión social. La Corte, sin embargo, entendió que tal malversación de fondos fue más que un acto de corrupción: “Con la solicitud indebida de dineros a favor de terceros y con la debida celebración de contratos, la seguridad pública también se vio afectada con el fortalecimiento económico de las Acc”. Tanto así que, según el testimonio del desmovilizado Carlos Guzmán Daza (Salomón), Pérez Espinel y Llanos sostenían reuniones frecuentes en zonas rurales del municipio de Puerto López, para discutir, incluso, cómo manejar el Fondo de Ahorro y la Estabilización Petrolera.

Pérez tenía orden de captura desde mayo de 2008, pero sólo se presentó ante la justicia el 3 de febrero de 2009. Desde entonces está recluido en la cárcel La Picota, en donde deberá terminar de pagar su condena por haber entregado su departamento, palabras más palabras menos, en manos del paramilitarismo.