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El tribunal Superior de Bogotá acaba de ordenar detención domiciliaria en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien es investigado por las presuntas irregularidades que se dieron en un contrato suscrito entre la gobernación del Cesar, y el consorcio Alimentación Escolar A Salvo. realizado en agosto de 2015, cuando Monsalvo se desempeñaba por primera vez en el cargo. En julio pasado, el fiscal del caso, Julio Ospino, solicitó que la cabeza de ese departamento estuviera detenido preventivamente mientras el proceso avanza.
En ese momento, el fiscal señaló que “la recaudación probatoria está en riesgo” ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá mientras exponía los argumentos para que se le impusiera medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Gnecco vuelve a los estrados judiciales por presuntas irregularidades en un contrato de alimentación escolar por más de 17 mil millones de pesos, luego de que a comienzos de 2021, la Corte Suprema lo absolviera por presunto corrupción al sufragante.
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El fiscal adujo que en contra Monsalvo Gnecco reposan siete investigaciones abiertas de los cuales dos son recientes. “Son contratos e investigaciones del año pasado, por ello se hace predecible que se adopte medida de aseguramiento para evitar que se siga apropiando del erario así sea a través de terceros”. Para el fiscal Ospino las actuaciones del mandatario departamental están enfocadas a “favorecer los intereses de sus allegados”, de ahí que considere pertinente que con la medida de aseguramiento se aparte de su cargo para evitar gastos innecesarios desde su actual administración.
Según el ente investigador, en las verificaciones que hicieron se identificaron, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado una apropiación ilegal de dinero que asciende a más de $3.000 millones. Por lo anterior, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al gobernador Monsalvo Gnecco los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
(Los hombres que habrían intercedido por el “Ñeñe” Hernández)
Monsalvo Gnecco hace parte de un clan político en el Caribe que ha sido cuestionado, incluso, varios de sus familiares han sido condenados por corrupción o por las versiones que reposan en expedientes de alianzas con grupos al margen de la ley como los paramilitares. Este proceso judicial del mandatario regional se suma a los que otros miembros de su familia han tenido que afrontar en el pasado y que, en algunos casos, terminaron en condenas. En el mundo político, Monsalvo Gnecco era considerado como el heredero de una reconocida familia, cuyo auge se dio hacia los años ochenta cuando llegaron al departamento a invertir en bombas de gasolina y tractomulas para el transporte de carbón.
El primer miembro del clan que empezó a tener líos con la justicia fue Lucas Gnecco Cerchar, tío del actual gobernador. En 2000 fue condenado en dos oportunidades. La primera, a 42 meses de prisión por constreñimiento al elector y, la segunda, a 10 años por irregularidades en contratos durante su administración. Nueve años después, la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó a 24 años y nueve meses de cárcel por haber suscrito, entre 1998 y el 2000, 101 contratos de manera irregular que le costaron al departamento un detrimento de $9.680 millones.
El gobernador Monsalvo Gnecco es hijo de Cielo Gnecco Cerchar, la mayor de cinco hermanos. Según la Silla Vacía, es el verdadero poder del clan político desde el homicidio de su hermano Jorge Gnneco Cerchar, miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia. El 11 de agosto de 2001, fue asesinado a los 55 años en Sabanas de San Ángel (Magdalena) por hombres de los exjefes paramilitares Jorge 40, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Su asesinato se perpetró, aparentemente, por disputas internas entre los paramilitares por el control de la droga en la Sierra Nevada de Santa Marta. Incluso, su nombre apareció en el libro del periodista Fabio Castillo, Los Jinetes de la Cocaína.
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