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Según se informó, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación lo detuvieron al norte de Bogotá y posteriormente lo trasladaron al Batallón Número 13 de la ciudad.
Su captura tuvo lugar luego de que, el 26 de marzo anterior, familiares de los desaparecidos en la toma del Palacio, en 1985, afirmaran que el general retirado e investigado por su presunta responsabilidad en varias desapariciones durante la recuperación del edificio realizó artimañas para dilatar la acción de la Fiscalía.
René Guarín, que representa a familiares de los desaparecidos, dijo entonces que el “general (retirado) Iván Ramírez Quintero está llevando a cabo maniobras truculentas para evadir la justicia”. Ramírez era el comandante de la unidad de inteligencia y contrainteligencia del Ejército cuando ocurrió la toma de la sede judicial por un comando guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), en noviembre de 1985.
Según Guarín, en la primera indagatoria de Ramírez ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema en febrero pasado, el general retirado se presentó sin abogado, lo que provocó que la diligencia fuese aplazada, pero a ese otro interrogatorio, el martes pasado, el oficial se presentó con un abogado de otro ex oficial, quien también es investigado por los hechos de 1985.
Por las leyes, esa incompatibilidad de la defensa, o que dos ex militares tengan un mismo abogado, impiden el interrogatorio, según precisó Guarín. El delito de “desaparición forzada” por el cual es investigado el general retirado no prescribe en Colombia, que lo pena con mínimo 20 años de cárcel.
Cristina Guarín Cortes, hermana de René, es una las once personas dadas por desaparecidas en los hechos de hace 23 años. Cristina trabajaba en la cafetería del Palacio, del que salió viva según imágenes de la época de televisión, pero más tarde no fue vuelta a ver, según su hermano.
Durante la cruenta retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército murieron más de 100 personas, incluidos nueve magistrados, algunos de sus escoltas, agentes de la Fuerza Pública y casi la totalidad del comando guerrillero de unos 35 subversivos. El M-19 entró en un proceso de paz y dejó las armas a fines de los 80.
Ramírez es el oficial de más alto rango que ha sido involucrado en los hechos, cuya investigación fue reabierta por la Fiscalía General en agosto del 2006 ante el surgimiento de nuevos elementos en el caso de los desaparecidos, como fueron imágenes de televisión.
Por el caso, el coronel retirado del Ejército Alfonso Plazas Vega, quien dirigió el procedimiento militar que culminó con el aniquilamiento de casi todo el comando guerrillero, se encuentra detenido desde el 2006 a la espera de su enjuiciamiento.