Dictan medida de aseguramiento contra exgobernador de Arauca por contratos del PAE
José Facundo Castillo Cisneros, quien actualmente está en prisión por, supuestamente, haber colaborado con el Eln desde la Gobernación, ahora enfrenta un proceso por aparente contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Al exgobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, se le impuso una nueva medida de aseguramiento, esta vez por una investigación porque, al parecer, habría incurrido en los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La más reciente medida en contra del político, tomada por el Tribunal Superior de Bogotá, se suma a la que lo tiene en este momento lo tiene tras las rejas por supuestos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
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En esta ocasión, el alto tribunal ordenó prisión domiciliaria para el exgobernador, a quien la Fiscalía señala de ser el presunto responsable de irregularidades en contratación relacionadas con el Plan de Alimentación Escolar (PAE). De acuerdo con lo que manifestó el ente investigador, este nuevo lío de Castillo Cisneros se dio en 2019, cuando modificó un contrato con la unión temporal Alimentar Arauca “cuyo objeto era garantizar el servicio de alimentación en los colegios oficiales priorizados”.
En abril de 2020, dice la Fiscalía, con ocasión de la pandemia, el político modificó el acuerdo con la unión temporal, para que la comida entregada no fuera “preparada en sitio”, sino “preparada en casa”. Con el cambio, dice el ente investigador, se “fijó la entrega de una canasta básica de alimentos que equivaldría 20 raciones para cada niño, por un valor de $105.800″, lo cual tendría 18.036 beneficiarios.
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Las pruebas que asegura tener la Fiscalía, darían cuenta de inconsistencias en el trámite y la celebración del contrato de la modificación. Para el ente investigador, “se usaron tres cotizaciones para cumplir con un requisito, pero no existió un estudio de mercado real para definir el costo del componente alimentario” y, aunado a eso, los peritos del CTI habrían encontrado “un posible sobrecosto por $860′975.373, entre otras posibles anomalías”.
El exmandatario regional fue imputado por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros y el Juez le ordenó detención domiciliaria, mientras avanza la investigación en su contra. Castillo Cisneros ya se encuentra privado de la libertad en centro carcelario, por una acusación por, supuestamente, entregar la contratación pública de Arauca a miembros del Eln.
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Por el primer caso, la Fiscalía imputó a Castillo Cisneros porque habría recibido logística y protección militar del Eln durante su primer periodo como gobernador, entre 2012 y 2014. Incluso, la Fiscalía mencionó que los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por la guerrilla para que votaran por el imputado en las elecciones regionales. Tal sería la conexión con el grupo armado organizado que el gobernador entregó millonarios contratos públicos y hasta despejó las zonas para que el Eln se movilizara donde no hubiese fuerza pública.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Al exgobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, se le impuso una nueva medida de aseguramiento, esta vez por una investigación porque, al parecer, habría incurrido en los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La más reciente medida en contra del político, tomada por el Tribunal Superior de Bogotá, se suma a la que lo tiene en este momento lo tiene tras las rejas por supuestos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
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En abril de 2020, dice la Fiscalía, con ocasión de la pandemia, el político modificó el acuerdo con la unión temporal, para que la comida entregada no fuera “preparada en sitio”, sino “preparada en casa”. Con el cambio, dice el ente investigador, se “fijó la entrega de una canasta básica de alimentos que equivaldría 20 raciones para cada niño, por un valor de $105.800″, lo cual tendría 18.036 beneficiarios.
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