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Casa por cárcel fue la medida de aseguramiento que decidió el Tribunal Superior de Bogotá contra el actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco. El miembro del poderoso clan Gnecco deberá permanecer privado de la libertad durante el proceso que se adelanta en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Estos delitos habrían sido cometidos durante la intervención del gobernador en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del departamento.
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De acuerdo con la Fiscalía, el gobernador habría direccionado este contrato, lo que habría causado un sobrecosto de alrededor de $3.000 millones. Este contrato, suscrito en el 2015 entre el secretario general del departamento y un consorcio integrado por tres empresas, tenía como finalidad la prestación del servicio de alimentación a niños, niñas y adolescentes del departamento por un valor de $23.538 millones, pero que en realidad tuvo un costo de $34.632 millones.
Las pruebas entregadas por la Fiscalía señalan que existieron nueve anomalías graves en la contratación. Entre estas anomalías se destaca una posible falta de planeación por parte de la gobernación al firmar un contrato por 81 y no por los cinco meses que dura un semestre escolar. Esta anomalía obligó a que se realizaran prórrogas de tiempo y adiciones presupuestales en la contratación, medidas que aportaron al sobrecosto.
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Además de esto, la Fiscalía señaló que, al parecer, en los estudios previos no se habría establecido la población que se beneficiaría con este contrato, ni tampoco el número de raciones a entregar. Además de esto, se mostró que dentro de este contrato tampoco fueron priorizadas las comunidades indígenas del departamento, ni se denominaron dietas ni complementos alimenticios para los estudiantes que serían beneficiados.
El rol del gobernador dentro de estas irregularidades habría sido la dirección de este contrato para beneficiar a un tercero. Al parecer, Monsalvo Gnecco habría usado su poder como gobernador para favorecer al consorcio que terminó adjudicándose este millonario contrato. Esto, debido a que no se logró probar la existencia de un proceso de selección objetivo.
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Además de esto, la Fiscalía estableció que el presupuesto inicial estaba desajustado de las necesidades del contrato y que no correspondía a la realidad de los precios del mercado. Prueba de esto es que se asignó presupuesto para la contratación de 1.752 manipuladoras de alimentos, aunque en realidad tan solo eran necesarias 350. Además de orientar la contratación, Monsalvo Gnecco también habría incurrido en un delito al no supervisar este proceso y delegar a otro funcionario para este trabajo.
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