Diego Molano dice que no hubo autosabotaje en ciberataque al ministerio de Defensa
El ministro de Defensa respondió a lo señalamientos hechos por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de que se firmó un contrato de $900 millones para fingir un ciberataque en la página web de esa cartera ministerial medio del paro nacional que vivió el país en abril, mayo y junio de 2021.
En los últimos días, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) revivió una polémica relacionada con los señalamientos que hizo el Ministerio de Defensa sobre videos e información que circuló en redes sociales durante el paro nacional que vivió Colombia entre abril y junio de 2021. La FLIP señaló el pasado viernes que la cartera ministerial de Diego Molano fingió un ciberataque durante las protestas de este año como parte de una “estrategia para llamar la atención de la ciudadanía”. Además, señaló que para tal fin firmó un contrato por $900 millones con la firma Alotrópico, que buscaba contrarrestar los ataques de quienes criticaban a la fuerza pública a través de estrategias de “ciberpatrullaje” y “vigilancia en línea”.
Tras estos señalamientos, Molano señaló a través de un video que los señalamientos de la FLIP es una campaña de desprestigio y desinformación contra el Ministerio de Defensa y que sus actuaciones siempre fueron transparentes y públicas y que no se firmó ningún contrato para tal fin. “Nunca se atacó o se mencionó a ninguna persona en Colombia y hoy muchos intentan hacer política y hacer ver una mentira como si fuera una realidad que ocurrió hace tres meses. Hoy circulan en redes informaciones sobre esa campaña, pero tenemos la tranquilidad de que actuamos con apego a la ley en el ministerio”, expresó el jefe de la cartera de Defensa.
La denuncia de la FLIP
Tras recabar información de las autoridades nacionales, incluso vía acción de tutela, la Flip denunció haber encontrado irregularidades en la estrategia comunicativa, que incluirían desde vigilancia en línea, intimidación al control ciudadano sobre la Policía y hasta, en contravía del objetivo de la campaña, la ampliación de comunicación falsa por parte de las entidades estatales. Según la Fundación, el Ministerio de Defensa ha invertido más de 21.000 horas en una estrategia de “ciberpatrullaje” sin ningún contrapeso o control institucional.
La Flip inicia su denuncia pública hablando sobre el confuso evento en las redes sociales del Ministerio de Defensa el pasado 6 de mayo, cuando Colombia estaba en su segunda semana del álgido paro nacional. Las imágenes de las diferentes cuentas de la cartera fueron cambiadas por un mensaje que decía “intento de bloqueo”. Según la Flip, se trató de una estrategia de comunicación, simulando un hackeo, para impulsar el inicio de #ColombiaEsMiVerdad. Para la periodista y antropóloga Mónica Valdés, en entrevista con Dw, el Ministerio de Defensa habría contribuido al ambiente confusión, al compartir información poco confiable.
En contexto: Patrullas en internet: la policía de la verdad en el Ministerio de Defensa
“#ColombiaEsMiVerdad era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira”, agregó la FLIP. Tras el supuesto hackeo a las cuentas del Ministerio de Defensa, el cual duró dos horas, la cartera publicó un video anunciando lo que iba a ser su estrategia comunicativa. En la pieza gráfica, se enunció que “nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie protegiendo a los colombianos. Información como esta es terrorismo digital y es falsa”, acompañada de publicaciones sobre el paro nacional, determinadas como falsas por el Ministerio. Entonces, las redes sociales estaban invadidas por extralimitaciones de la Fuerza Pública, que incluyeron golpes, disparos con armas de fuego y hasta la omisión ante particulares armados que atacaron a manifestantes en Cali.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se refirió a la campaña del Gobierno. En su informe sobre el paro nacional, en el cual incluso pidió excluir la Policía del Ministerio de Defensa, el organismo internacional recomendó “cesar las actividades de categorización policial de contenidos como ‘falsos’ o ‘verdaderos’ y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet sobre las protestas”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En los últimos días, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) revivió una polémica relacionada con los señalamientos que hizo el Ministerio de Defensa sobre videos e información que circuló en redes sociales durante el paro nacional que vivió Colombia entre abril y junio de 2021. La FLIP señaló el pasado viernes que la cartera ministerial de Diego Molano fingió un ciberataque durante las protestas de este año como parte de una “estrategia para llamar la atención de la ciudadanía”. Además, señaló que para tal fin firmó un contrato por $900 millones con la firma Alotrópico, que buscaba contrarrestar los ataques de quienes criticaban a la fuerza pública a través de estrategias de “ciberpatrullaje” y “vigilancia en línea”.
Tras estos señalamientos, Molano señaló a través de un video que los señalamientos de la FLIP es una campaña de desprestigio y desinformación contra el Ministerio de Defensa y que sus actuaciones siempre fueron transparentes y públicas y que no se firmó ningún contrato para tal fin. “Nunca se atacó o se mencionó a ninguna persona en Colombia y hoy muchos intentan hacer política y hacer ver una mentira como si fuera una realidad que ocurrió hace tres meses. Hoy circulan en redes informaciones sobre esa campaña, pero tenemos la tranquilidad de que actuamos con apego a la ley en el ministerio”, expresó el jefe de la cartera de Defensa.
La denuncia de la FLIP
Tras recabar información de las autoridades nacionales, incluso vía acción de tutela, la Flip denunció haber encontrado irregularidades en la estrategia comunicativa, que incluirían desde vigilancia en línea, intimidación al control ciudadano sobre la Policía y hasta, en contravía del objetivo de la campaña, la ampliación de comunicación falsa por parte de las entidades estatales. Según la Fundación, el Ministerio de Defensa ha invertido más de 21.000 horas en una estrategia de “ciberpatrullaje” sin ningún contrapeso o control institucional.
La Flip inicia su denuncia pública hablando sobre el confuso evento en las redes sociales del Ministerio de Defensa el pasado 6 de mayo, cuando Colombia estaba en su segunda semana del álgido paro nacional. Las imágenes de las diferentes cuentas de la cartera fueron cambiadas por un mensaje que decía “intento de bloqueo”. Según la Flip, se trató de una estrategia de comunicación, simulando un hackeo, para impulsar el inicio de #ColombiaEsMiVerdad. Para la periodista y antropóloga Mónica Valdés, en entrevista con Dw, el Ministerio de Defensa habría contribuido al ambiente confusión, al compartir información poco confiable.
En contexto: Patrullas en internet: la policía de la verdad en el Ministerio de Defensa
“#ColombiaEsMiVerdad era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira”, agregó la FLIP. Tras el supuesto hackeo a las cuentas del Ministerio de Defensa, el cual duró dos horas, la cartera publicó un video anunciando lo que iba a ser su estrategia comunicativa. En la pieza gráfica, se enunció que “nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie protegiendo a los colombianos. Información como esta es terrorismo digital y es falsa”, acompañada de publicaciones sobre el paro nacional, determinadas como falsas por el Ministerio. Entonces, las redes sociales estaban invadidas por extralimitaciones de la Fuerza Pública, que incluyeron golpes, disparos con armas de fuego y hasta la omisión ante particulares armados que atacaron a manifestantes en Cali.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se refirió a la campaña del Gobierno. En su informe sobre el paro nacional, en el cual incluso pidió excluir la Policía del Ministerio de Defensa, el organismo internacional recomendó “cesar las actividades de categorización policial de contenidos como ‘falsos’ o ‘verdaderos’ y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet sobre las protestas”.
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