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El 6 7 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 se tomó las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá. La respuesta estatal fue la puesta en marcha del “Plan Tricolor 83”, que había sido creado para contrarrestar actos de insurrección generalizada o guerra exterior y que no contemplaba posibilidad alguna de tregua. El resultado fue la muerte de más de 100 personas y la desaparición de 11 personas: Carlos Rodríguez, Cristina del Pilar Guarín, Gloria Anzola de Lanao, Norma Esguerra, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela, David Suspes, Lucy Amparo Oviedo e Irma Franco. Así como la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.
Hasta el momento, han sido 12 los casos que la Fiscalía ha llevado ante jueces siendo algunos de ellos los más conocidos. El coronel Alfonso Plazas Vega, comandante entonces de la Escuela de Caballería fue condenado en primera instancia en 2010 por la desaparición de 11 personas. Y en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la responsabilidad pero solo por la desaparición de Irma Franco y Lucy Amparo Oviedo. No obstante, en 2015, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió al no encontrar prueba suficiente en su contra. El general Jesús Armando Arias Cabrales, entonces al mando de la Brigada 13 del Ejército, fue condenado en todas las instancias a 35 años de prisión por la desaparición de Carlos Rodríguez, Bernardo Beltrán, Luz Mary Portela, David Suspes e Irma Franco.
Mientras el general en retiro Arias Cabrales pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz y recuperó su libertad, en marcha todavía siguen varios casos. El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano fue condenado junto con el mayor Óscar William Velásquez Rodríguez en 2016, pero la Procuraduría apeló asegurando que no hay certeza de su responsabilidad y el caso sigue sin fallarse en el Tribunal Superior de Bogotá. En esa instancia judicial también se encuentra la apelación presentada en contra del fallo que absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero por este mismo caso. El oficial también se acogió a la JEP. El Espectador recopiló diez artículos para entender la trascendencia y minucias de este caso.
1. Las verdades que la justicia ha establecido
De las sentencias dictadas hasta el momento por la Justicia, así como la condena dictada contra el Estado Colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los hechos del Palacio y los 12 desaparecidos (incluyendo el caso del magistrado Urán), se revelan algunos hechos claves. Por ejemplo, que en el operativo de rescate nunca hubo intención de rescatar a los rehenes sino que, por el contrario, se actuó con el ánimo de aniquilar el enemigo. Las decisiones tomadas por el mando militar, a quien el presidente Belisario Betancur delegó todas las acciones, involucraron el manejo “especial” de personas y se propició la desaparición forzada.
2. La absolución de Plazas Vega y la condena de Arias Cabrales
En 2015, luego de un intenso debate judicial la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió por falta de pruebas al coronel (r) Luis Alfonso Plazas por las desapariciones forzadas que se ejecutaron tras la toma de la máxima sede de la justicia, en 1985. Esta decisión puso fin igualmente a un duro debate político alrededor de la figura del oficial, recordado por una sola frase que dio a medios de comunicación en el fragor del combate: "Mantener la democracia, maestro”. Aunque ha generado cuestionamientos por las víctimas, dicho fallo apuntó a que la responsabilidad por los excesos del operativo recaía en el general Jesús Armando Arias Cabrales quien comandaba entonces la Brigada 13 del Ejército. Y así lo ratificó la Corte Suprema cuatro años después en 2019.
3. Los cuerpos trastocados
Las falencias de las autoridades desde la misma recuperación del Palacio de Justicia produjo una realidad que hoy sigue doliendo: que se entregaron restos equivocados a los familiares, que restos de desaparecidos han sido encontrados en tumbas, creando incertidumbre sobre el paradero de quiénes allí reposaban y a una familia que creyó erróneamente haber sepultado a su ser querido años atrás. En esta nota usted encontrará el estado más reciente de los hallazgos.
4. El caos sin investigación
Los hallazgos de restos de desaparecidos en tumbas que otros funcionarios judiciales que fallecieron en el holocausto evidenció, además, que el proceso de levantamiento de cadáveres y de recolección de pruebas en 1985 fue ilegal y errático. Y que no ha sido objeto de una investigación. ¿Qué dijo al respecto el Tribunal Especial de Instrucción creado por el gobierno de Belisario Betancur para evaluar lo sucedido? ¿Qué interrogantes siguen en el aire? En la nota encontrará más información.
5. Cambios en hipótesis de investigación ofenden a las víctimas
La investigaciones para dar con los desaparecidos del Palacio, con los hallazgos de algunos restos óseos en tumbas de otras personas y el paso del tiempo ha llevado a que la Fiscalía busque nuevas líneas de acción. Una de ellas, anunciada en agosto de 2018 por la Fiscalía que lideraba Néstor Humberto Martínez provocó sendas críticas por los familiares de las víctimas: considerar que como cinco de los desparecidos ya fueron encontrados, entonces ya no existe el delito de desaparición forzada. Se trata de Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. La hipótesis que desconocía 34 años de investigación judicial fue desestimada.
6. Las capturas que se embolataron
El 6 de noviembre de 2018, El Espectador reveló el documento 110 páginas que elaboró la entonces fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Yenny Claudia Almedida que pedía capturar a los generales retirados Jesús Armando Arias, Rafael Hernández y Carlos Alberto Fracica por su presunta responsabilidad por la muerte violenta del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. Del documento que existió hace años, la Fiscalía no dio razón nunca más y la propuesta nunca se materializó.
7. La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco, Cristina del Pilar Guarín, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao. El fallo ordenó al Estado a que, en un plazo razonable, adelante "las investigaciones amplias sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como determinar víctimas señaladas en el punto resolutivo tercero de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas, así como las detenciones y torturas por Yoladan Santodomingo y Eduardo Matson, José Vicente Rubiano y Orlando Quijano”.
8. El día en que Belisario Betancur pidió perdón
El expresidente Belisario Betancur falleció el 7 de diciembre de 2018 y con él se fue la verdad de lo sucedido a nivel político durante las angustiosas horas que tomó la recuperación del Palacio de Justicia. En una entrevista que concedió a Margarita Rojas, directora de información internacional del Canal Caracol, publicada el 20 de julio de 2013, reconoció por primera vez, que quizá se equivocó en las decisiones tomadas.
9. Los indultos al M-19 seguirán intactos
Aunque objeto de muchas polémicas políticas, la justicia colombiana ratificó en enero de 2019 que no revisará los indultos otorgados a los integrantes del M-19 por el Holocausto del Palacio de Justicia. La petición la había presentado en 2017 Raúl Alfonso Talero, hermano del capitán de la Policía Héctor Talero, muerto en el operativo para recuperar el Palacio de Justicia.
10. La tensión entre la justicia ordinaria y la JEP
Con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, algunos de los procesados por estos hechos pidieron pista en dicha justicia especial. Lo hizo el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión. Y lo hizo el general (r) Iván Ramírez Quintero. El primero fue cobijado con la libertad condicionada y el segundo ya fue admitido. No obstante, el 25 de spetiembre de 2019 la JEP hizo un anuncio clave que se extiende a todos los casos similares en el sentido que la Fiscalía y jueces no deberían dejar en vilo investigaciones contra miembros de la fuerza pública por creer que es competencia de la justicia transicional, como ha venido ocurriendo.