Diez militares recibirán las primeras sanciones de la JEP por falsos positivos

Las primeras sanciones por falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) están hoy más cerca. La Sala de Reconocimiento expidió su primera resolución de conclusiones. Es decir, cerró formalmente su primera investigación, en el caso en que se investigan las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate cometidas por miembros del Ejército en la subregión de Catatumbo. En total, diez militares y un civil quedan a disposición Tribunal para la Paz, para que se les impongan sanciones propias, que deben contener limitaciones a su libertad y un componente de reparación a las víctimas.

En contexto: Falsos Positivos en Catatumbo: ¿Quiénes son los 10 militares imputados en la JEP?

Son los mismos militares y el civil que, a finales de abril, reconocieron en Ocaña (Norte de Santander) y Soacha (Cundinamarca), su responsabilidad en falsos positivos, que entre 2005 y 2007 cobraron la vida de 120 personas. El caso en su contra es uno de los más avanzados en la justicia especial y, al emitir esta decisión, el caso pasa a una instancia superior de la misma JEP, la Sección con Reconocimiento. Serán los magistrados de esa sala quienes impongan la sentencia final contra los exmiembros de la Fuerza Pública involucrados en esta estela de crímenes.

En la resolución de conclusiones, además, Sala de Reconocimiento le presentó al Tribunal para la Paz, las propuestas de trabajos reparadores que presentaron los militares, así como las víctimas y las organizaciones que las acompañan. A la fecha, hay siete proyectos. En primer lugar, un salón de exposición dentro del Museo Nacional de la Memoria de Colombia sobre asesinatos y desapariciones forzadas de personas para ser presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En segundo lugar, un parque memorial de las 6.402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Tercero, placas ubicadas en los parques donde fueron aprehendidas las víctimas para posteriormente ser asesinadas y desaparecidas forzadamente. Cuarto, un pedido de las víctimas: la construcción de espacios físicos donde las víctimas de estos hechos puedan congregarse y realizar actividades para su fortalecimiento organizacional. Quinto, proyectos de recreación, deporte y ocupación del tiempo libre para jóvenes en contextos de vulnerabilidad social y económica. Y, finalmente, dos propuestas que habían hecho los militares: un documental llamado “Las verdades del Catatumbo” que honre la memoria de las víctimas y la región; así como cátedras en escuelas militares para fortalecer la no repetición.

Desde julio de 2021, la JEP determinó que el general (r) Paulino Coronado y otros ocho miembros del Ejército adscritos a unidades militares que dependían de la Brigada 30, conformaron organizaciones criminales para asesinar a civiles y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. “Las desapariciones forzadas (24 en total) y los asesinatos (que suman 120) tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, dijo la justicia especial al anunciar que había determinado los hechos y conductas de esta práctica criminal en Norte de Santander entre 2007 y 2008.

Antecedentes: El inédito reconocimiento de militares por “falsos positivos”

El general (r) Coronado se volvió entonces en el primer general y en el militar de más alto rango en haber reconocido su responsabilidad en esta política. Si bien en las audiencias de Ocaña el oficial retirado había aceptado cargos por omisión, inicialmente dijo que no tenía cómo saber lo que ocurría. La JEP, entonces, lo requirió nuevamente para que ampliara su reconocimiento y allí aceptó que, en 2007, participó de reuniones en las que campesinos del Catatumbo le expresaron su preocupación por la ola de asesinatos de jóvenes en la región. Y reconoció que, de haber actuado distinto, se habría evitado la comisión de otros crímenes como los ocurridos en los meses subsiguientes”.

El excomandante del Batallón de Infantería No. 15 (BISAN), el coronel (r) Álvaro Tamayo, dijo, por ejemplo, en la audiencia de reconocimiento en Ocaña: “Quiero manifestarles a las víctimas, que lamento profundamente lo sucedido con sus seres queridos, que son hechos infortunados y repudiables que nunca debieron haber sucedido. Con el fin de reparar la situación de exclusión social, que ha provocado la victimización de sus familias, frente a todo el conglomerado social y en memoria de ellos, debo reconocer que estas personas que fueron asesinadas. Eran personas, campesinos, trabajadores, padres, hijos, esposo y que sus conductas eran intachables”.

Lea: JEP imputa a un general y nueve militares más por falsos positivos en Catatumbo

Además de Coronado y Tamayo, hoy están un paso más cerca de ser sancionados los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15), el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones, el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN. Asimismo, los exoficiales de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano; así como Sandro Mauricio Pérez Contreras, jefe de la sección de inteligencia del BISAN, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y el civil Alexander Carretero Díaz, reclutador de jóvenes inocentes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Las primeras sanciones por falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) están hoy más cerca. La Sala de Reconocimiento expidió su primera resolución de conclusiones. Es decir, cerró formalmente su primera investigación, en el caso en que se investigan las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate cometidas por miembros del Ejército en la subregión de Catatumbo. En total, diez militares y un civil quedan a disposición Tribunal para la Paz, para que se les impongan sanciones propias, que deben contener limitaciones a su libertad y un componente de reparación a las víctimas.

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Son los mismos militares y el civil que, a finales de abril, reconocieron en Ocaña (Norte de Santander) y Soacha (Cundinamarca), su responsabilidad en falsos positivos, que entre 2005 y 2007 cobraron la vida de 120 personas. El caso en su contra es uno de los más avanzados en la justicia especial y, al emitir esta decisión, el caso pasa a una instancia superior de la misma JEP, la Sección con Reconocimiento. Serán los magistrados de esa sala quienes impongan la sentencia final contra los exmiembros de la Fuerza Pública involucrados en esta estela de crímenes.

En la resolución de conclusiones, además, Sala de Reconocimiento le presentó al Tribunal para la Paz, las propuestas de trabajos reparadores que presentaron los militares, así como las víctimas y las organizaciones que las acompañan. A la fecha, hay siete proyectos. En primer lugar, un salón de exposición dentro del Museo Nacional de la Memoria de Colombia sobre asesinatos y desapariciones forzadas de personas para ser presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En segundo lugar, un parque memorial de las 6.402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Tercero, placas ubicadas en los parques donde fueron aprehendidas las víctimas para posteriormente ser asesinadas y desaparecidas forzadamente. Cuarto, un pedido de las víctimas: la construcción de espacios físicos donde las víctimas de estos hechos puedan congregarse y realizar actividades para su fortalecimiento organizacional. Quinto, proyectos de recreación, deporte y ocupación del tiempo libre para jóvenes en contextos de vulnerabilidad social y económica. Y, finalmente, dos propuestas que habían hecho los militares: un documental llamado “Las verdades del Catatumbo” que honre la memoria de las víctimas y la región; así como cátedras en escuelas militares para fortalecer la no repetición.

Desde julio de 2021, la JEP determinó que el general (r) Paulino Coronado y otros ocho miembros del Ejército adscritos a unidades militares que dependían de la Brigada 30, conformaron organizaciones criminales para asesinar a civiles y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. “Las desapariciones forzadas (24 en total) y los asesinatos (que suman 120) tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, dijo la justicia especial al anunciar que había determinado los hechos y conductas de esta práctica criminal en Norte de Santander entre 2007 y 2008.

Antecedentes: El inédito reconocimiento de militares por “falsos positivos”

El general (r) Coronado se volvió entonces en el primer general y en el militar de más alto rango en haber reconocido su responsabilidad en esta política. Si bien en las audiencias de Ocaña el oficial retirado había aceptado cargos por omisión, inicialmente dijo que no tenía cómo saber lo que ocurría. La JEP, entonces, lo requirió nuevamente para que ampliara su reconocimiento y allí aceptó que, en 2007, participó de reuniones en las que campesinos del Catatumbo le expresaron su preocupación por la ola de asesinatos de jóvenes en la región. Y reconoció que, de haber actuado distinto, se habría evitado la comisión de otros crímenes como los ocurridos en los meses subsiguientes”.

El excomandante del Batallón de Infantería No. 15 (BISAN), el coronel (r) Álvaro Tamayo, dijo, por ejemplo, en la audiencia de reconocimiento en Ocaña: “Quiero manifestarles a las víctimas, que lamento profundamente lo sucedido con sus seres queridos, que son hechos infortunados y repudiables que nunca debieron haber sucedido. Con el fin de reparar la situación de exclusión social, que ha provocado la victimización de sus familias, frente a todo el conglomerado social y en memoria de ellos, debo reconocer que estas personas que fueron asesinadas. Eran personas, campesinos, trabajadores, padres, hijos, esposo y que sus conductas eran intachables”.

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Además de Coronado y Tamayo, hoy están un paso más cerca de ser sancionados los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15), el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones, el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN. Asimismo, los exoficiales de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano; así como Sandro Mauricio Pérez Contreras, jefe de la sección de inteligencia del BISAN, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y el civil Alexander Carretero Díaz, reclutador de jóvenes inocentes.

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