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En la tarde de este viernes, la Dijín realizó una inspección a las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La diligencia judicial tiene que ver con los presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y de los que, supuestamente, habrían participado ministros y congresistas.
De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, desde el pasado jueves, la Presidencia de la República ordenó a Control Interno, Control Disciplinario y Oficina de Sistemas realizar el respaldo de todos los computadores de la entidad “como medida preventiva para asegurar la información”.
Asimismo, desde el gobierno aseguran que han estado atentos a las solicitudes que les haga la Fiscalía en medio de las investigaciones de posibles hechos de corrupción en la Ungrd. Sobre la inspección en el Dapre, el Ejecutivo dijo que no se referirán al tema, sino que dejarán que el ente investigador sea quien dé a conocer más al respecto. “Queremos asegurarnos de que toda la información proporcionada sea precisa y provenga de las fuentes oficiales pertinentes”, aseguraron desde la Presidencia”.
Por su parte, el ente investigador abrió investigaciones preliminares en contra de cuatro alfiles del gobierno de Gustavo Petro mencionados en las investigaciones que se adelantan contra Olmedo López y Sneyder Pinilla (exdirectivos de la Ungrd), así como las que lleva la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra de nueve congresistas. Quienes ahora entran al radar de la Fiscalía son Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Carlos Ramón González, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.
Por instrucciones de la fiscalía delegada por la Corte Suprema de Justicia, además de la inspección a la Presidencia de la República, se practicaron inspecciones simultáneas en el DAPRE, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Interior, Función Pública y consejería para las regiones.
Sobre Carlos Ramón González, director nacional de Inteligencia y antiguo director del Departamento Administrativo de Presidencia, Olmedo López ha sostenido que estaba al tanto de todos los movimientos corruptos. En febrero pasado salió del cargo, del denominado “computador de Palacio”, para darle paso a Laura Sarabia, otro de los alfiles del gobierno nacional. Desde entonces, González está a cargo de la inteligencia del país, la cual ha recibido duras críticas luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez alertara por supuestas chuzadas, situación que González ha negado.
Asimismo, el exfuncionario de la Unidad ha dicho que hubo al menos nueve congresistas que se habrían visto beneficiados de los contratos corruptos de la entidad. Según se ha encontrado en las averiguaciones del ente investigador y del alto tribunal, estos legisladores serían Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Karen Astrith Manrique Olarte (Citrep), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).
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