Revive investigación contra Dimayor y 16 clubes por veto laboral a futbolistas

En el Fútbol Profesional Colombiano habría una lista negra de futbolistas. Todo un sistema de información con el que 16 clubes profesionales habrían vetado laboralmente a jugadores desde 2017. Y todo porque los deportistas se habrían desvinculado contractualmente de los equipos sin dejarles alguna remuneración. Una especie de venganza deportiva pactada entre clubes de primera y segunda división, ante la cual la Dimayor se habría hecho la de las gafas por años. Esa es la dura investigación que cursa en las oficinas de la Superintendencia y Comercio (SIC) y que los involucrados, aunque lo intentaron, no han podido tumbar.

En contexto: SIC revivió investigación por supuesto cartel laboral del fútbol y liga femenina

El Espectador conoció una reciente resolución de la SIC que deja en firme la apertura de investigación emitida en 2021 contra la Dimayor y 16 de sus clubes, con sus respectivos presidentes. En el documento, la Superintendencia rechazó de tajo un esquema de garantías planteado por los involucrados, con el cual esperaban frenar la investigación en su contra, prometiendo la desarticulación de esa supuesta lista negra. El caso ha sido denominado “el Pacto de Caballeros”, dado que los presidentes, en su mayoría hombres, habrían acordado cerrarle la puerta a todo futbolista que no deje réditos al club tras su salida.

Los investigados son, como personas jurídicas, la Dimayor y los siguientes clubes: Talento Dorado (Águilas), Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club, Tigres Fútbol Club, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético Fútbol Club, Fortaleza, Leones, Real Santander y Alianza Petrolera. Además, está bajo la lupa Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, y los expresidentes Jorge Enrique Vélez y Jorge Fernando Perdomo.

Antecedentes: “El pacto de caballeros” y otras pruebas del supuesto cartel laboral del fútbol

Los dirigentes del fútbol colombiano investigados habían logrado que la jugada les saliera bien en julio de 2022, cuando la SIC aceptó, en una resolución, el esquema de garantías propuesto. Sin embargo, el sindicato de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó un recurso para que la SIC revisara bien los términos del acuerdo. Tras una nueva lectura, la Superintendencia encontró que las propuestas eran innecesarias, intrascendentes, no permitirían eliminar la lista negra de futbolistas y, aun peor, incluso hubiesen permitido fortalecer el presunto pacto.

La Dimayor y los clubes propusieron diversos cambios a los estatutos del fútbol profesional colombiano, así como de la Federación Colombiana de Fútbol. Reescribir parte del Código Disciplinario único de la Federación y del Estatuto del Jugador de la misma entidad. Sin embargo, la SIC encontró que todos los cambios “no son más que una transcripción de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política”. Es decir, que la misma Dimayor estaría reconociendo los vacíos constitucionales que estarían padeciendo los futbolistas. Su razón de ser. Además, dentro de las reglas de la SIC, el esquema de garantías no debe basarse exclusivamente en los compromisos orientales al cumplimiento de la ley.

Le puede interesar: Así se aliaron ilegalmente en el fútbol para vetar a futbolistas

Además, la SIC reprochó que los cambios apuntan a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol, y poco o nada se habló de reformar las normas de los propios clubes, los cuales se habrían beneficiado económicamente del “pacto de caballeros”. Por otro lado, la SIC encontró que varias de las garantías propuestas ni siquiera tienen relación con las conductas investigadas. Por ejemplo, la creación de un “sistema de información sobre la situación contractual de los jugadores”. Todo un contrasentido, teniendo en cuenta que, según el expediente, cada club que solicitaba la no contratación de un jugador comunicaba a los demás equipos el estado contractual del futbolista y datos precisos de sus derechos deportivos.

Tan desatinada estarían las propuestas de la Dimayor y los clubes investigados que propusieron el lanzamiento de un sistema de transferencias, de nombre “Domestica TMS”, con el fin de facilitar la participación de jugadores en competencias internacionales. “Nada tiene que ver”, sentenció la SIC en la resolución. Además, fue catalogado como “innecesario” que uno de los puntos del esquema de garantías propuesto haya sido poner en conocimiento de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor la investigación de la SIC. Todo porque fue esa misma dependencia del fútbol colombiano la que, teniendo dientes para sancionar a los clubes, nunca ha tomado una sola decisión de peso.

“El esquema de garantías, junto con los compromisos adicionales ofrecidos, no reúne las condiciones de procedibilidad establecida en la norma aplicadle y determinadas por la doctrina de esta superintendencia. Por el contrario, al revisar las obligaciones aceptadas se encuentra que no existen suficientes incentivos para que la conducta investigada no se vuelva a materializar. En este sentido, no se podía hablar de la existencia de un aumento del bienestar del consumidor final y tampoco de la optimización de la participación de los clubes y jugadores en el mercado de los derechos deportivos”, concluyó la SIC.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En el Fútbol Profesional Colombiano habría una lista negra de futbolistas. Todo un sistema de información con el que 16 clubes profesionales habrían vetado laboralmente a jugadores desde 2017. Y todo porque los deportistas se habrían desvinculado contractualmente de los equipos sin dejarles alguna remuneración. Una especie de venganza deportiva pactada entre clubes de primera y segunda división, ante la cual la Dimayor se habría hecho la de las gafas por años. Esa es la dura investigación que cursa en las oficinas de la Superintendencia y Comercio (SIC) y que los involucrados, aunque lo intentaron, no han podido tumbar.

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El Espectador conoció una reciente resolución de la SIC que deja en firme la apertura de investigación emitida en 2021 contra la Dimayor y 16 de sus clubes, con sus respectivos presidentes. En el documento, la Superintendencia rechazó de tajo un esquema de garantías planteado por los involucrados, con el cual esperaban frenar la investigación en su contra, prometiendo la desarticulación de esa supuesta lista negra. El caso ha sido denominado “el Pacto de Caballeros”, dado que los presidentes, en su mayoría hombres, habrían acordado cerrarle la puerta a todo futbolista que no deje réditos al club tras su salida.

Los investigados son, como personas jurídicas, la Dimayor y los siguientes clubes: Talento Dorado (Águilas), Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club, Tigres Fútbol Club, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético Fútbol Club, Fortaleza, Leones, Real Santander y Alianza Petrolera. Además, está bajo la lupa Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, y los expresidentes Jorge Enrique Vélez y Jorge Fernando Perdomo.

Antecedentes: “El pacto de caballeros” y otras pruebas del supuesto cartel laboral del fútbol

Los dirigentes del fútbol colombiano investigados habían logrado que la jugada les saliera bien en julio de 2022, cuando la SIC aceptó, en una resolución, el esquema de garantías propuesto. Sin embargo, el sindicato de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó un recurso para que la SIC revisara bien los términos del acuerdo. Tras una nueva lectura, la Superintendencia encontró que las propuestas eran innecesarias, intrascendentes, no permitirían eliminar la lista negra de futbolistas y, aun peor, incluso hubiesen permitido fortalecer el presunto pacto.

La Dimayor y los clubes propusieron diversos cambios a los estatutos del fútbol profesional colombiano, así como de la Federación Colombiana de Fútbol. Reescribir parte del Código Disciplinario único de la Federación y del Estatuto del Jugador de la misma entidad. Sin embargo, la SIC encontró que todos los cambios “no son más que una transcripción de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política”. Es decir, que la misma Dimayor estaría reconociendo los vacíos constitucionales que estarían padeciendo los futbolistas. Su razón de ser. Además, dentro de las reglas de la SIC, el esquema de garantías no debe basarse exclusivamente en los compromisos orientales al cumplimiento de la ley.

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Además, la SIC reprochó que los cambios apuntan a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol, y poco o nada se habló de reformar las normas de los propios clubes, los cuales se habrían beneficiado económicamente del “pacto de caballeros”. Por otro lado, la SIC encontró que varias de las garantías propuestas ni siquiera tienen relación con las conductas investigadas. Por ejemplo, la creación de un “sistema de información sobre la situación contractual de los jugadores”. Todo un contrasentido, teniendo en cuenta que, según el expediente, cada club que solicitaba la no contratación de un jugador comunicaba a los demás equipos el estado contractual del futbolista y datos precisos de sus derechos deportivos.

Tan desatinada estarían las propuestas de la Dimayor y los clubes investigados que propusieron el lanzamiento de un sistema de transferencias, de nombre “Domestica TMS”, con el fin de facilitar la participación de jugadores en competencias internacionales. “Nada tiene que ver”, sentenció la SIC en la resolución. Además, fue catalogado como “innecesario” que uno de los puntos del esquema de garantías propuesto haya sido poner en conocimiento de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor la investigación de la SIC. Todo porque fue esa misma dependencia del fútbol colombiano la que, teniendo dientes para sancionar a los clubes, nunca ha tomado una sola decisión de peso.

“El esquema de garantías, junto con los compromisos adicionales ofrecidos, no reúne las condiciones de procedibilidad establecida en la norma aplicadle y determinadas por la doctrina de esta superintendencia. Por el contrario, al revisar las obligaciones aceptadas se encuentra que no existen suficientes incentivos para que la conducta investigada no se vuelva a materializar. En este sentido, no se podía hablar de la existencia de un aumento del bienestar del consumidor final y tampoco de la optimización de la participación de los clubes y jugadores en el mercado de los derechos deportivos”, concluyó la SIC.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.