Director de la Justicia Penal Militar: “Todos debemos halar para el mismo lado”

¿Cuánto hace que asumió la dirección de la Justicia Penal Militar (JPM)?

¿Cuánto hace que asumió la dirección de la Justicia Penal Militar (JPM)?

Me posesioné en el cargo de director de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial el 28 de septiembre pasado; es decir, doce días hábiles.

La Justicia Penal Militar no tiene buena imagen en la sociedad porque se cree —debido a sonados casos— que los jueces militares no tienen independencia para investigar y menos para sancionar a sus pares. ¿Esa imagen corresponde a la realidad?

Puede haber mucho de prejuicio y algo de realidad. He encontrado una institución que, como muchas otras en el diseño del Estado, tiene fallas en su funcionamiento, pero se pueden reparar a partir de una adecuada gerencia y, posiblemente, de unas reformas legales y administrativas que elevarían los indicadores en cuanto a la percepción de independencia por la que me pregunta, entre otros factores.

Hay que tener en cuenta dos elementos casi incontrolables: la voluntad y el carácter de los jueces militares. Y lo más importante: la capacidad real que ellos puedan tener frente a sus superiores en una estructura vertical y jerarquizada como la militar y policial. Esa es una falla estructural del sistema de justicia que rige para los uniformados en Colombia. ¿Está de acuerdo?

La ley establece que la línea de mando no tiene vigencia dentro del sistema de JPM. Eso ya es un avance. Ahora, el asunto es cómo poner en congruencia esa ley con lo que sucede en las realidades materiales y cotidianas. Ahí tenemos que trabajar, entre otras medidas, a partir del empoderamiento de los jueces: que ellos sepan y sientan, cuando van a tomar sus decisiones, que tienen un respaldo institucional que está por encima de intereses particulares y recomendaciones. También se puede pensar en la incorporación al sistema, de manera equilibrada, de personal civil que haga contrapeso, sin desmedro del conocimiento técnico del derecho operacional (reglas específicas que regulan las operaciones militares y policiales).

Esta semana la institución que usted dirige publicó un comunicado inusual en el sistema de JPM: informa sobre la decisión de “declarar insubsistente el nombramiento de la jueza 186 de Instrucción Penal Militar”, pero no explica las razones. ¿Por qué se tomó esa medida, que parece una sanción?

Se trata de una intolerable seguidilla de acciones y omisiones irregulares por parte de una jueza, que fueron desde impedir el traslado del juzgado con sus expedientes de una estación de Policía a la sede del Palacio de Justicia Militar y Policial, en donde debe funcionar, hasta asumir el conocimiento de asuntos que estaban por fuera de sus competencias y que, hasta la fecha, dieron lugar a un acumulado de dieciséis compulsas de copias para iniciarle investigaciones penales y disciplinarias.

Entonces, ¿por qué no fue destituida en vez de declararla insubsistente?

El acto administrativo que me corresponde es la declaración de insubsistencia del nombramiento como jueza, porque la destitución, como sanción, es consecuencia de un proceso disciplinario cuya competencia es de la Procuraduría.

¿No cabrían, también, investigaciones penales?

En ese caso, la dirección administrativa de la JPM tampoco es competente. La Fiscalía debe abrir una investigación penal y, si corresponde, pedir la pena correspondiente ante un juez.

¿Los hechos por los cuales se declara la insubsistencia del nombramiento de la jueza 186 se relacionan con actos de corrupción? Pregunto porque en su comunicado se lee que esa medida se tomó “en ejercicio de ‘cero tolerancia a la corrupción’ por acciones y omisiones contrarias a los principios de la función pública, particularmente los de transparencia, moralidad, eficacia y eficiencia”.

Sí. Como dije, hay información sobre graves irregularidades —en ese despacho— en el reparto de casos, inconsistencias en las estadísticas, posibles falsedades, desorden y faltante de expedientes. Y lo más grave, la inexplicable asunción de competencias que no le correspondían por factor territorial.

Entonces, ¿es cierto que esa jueza tenía procesos de fuera de Bogotá por presuntos homicidios de policías en contra de civiles sin que ella tuviera la competencia para conocerlos, sino que “aterrizaron” misteriosamente en su despacho?

No conozco, en detalle, el contenido de los expedientes, porque la reserva de esos documentos judiciales hace parte de las limitaciones que se imponen para garantizar la independencia de los jueces. Sobre su pregunta, han trascendido situaciones que así lo pueden indicar, a partir de las quejas que han llegado a esta dependencia, que sugieren que en los comportamientos denunciados pueden anidarse graves hechos de corrupción. Las autoridades competentes tendrán que investigar y, si es del caso, imponer sanciones.

¿Las posibles falsedades cometidas en el juzgado 186 de la JPM solo afectaron estadísticas o también hay faltante de expedientes dolosos; es decir, para desaparecer procesos cuya “inexistencia” podría favorecer a uniformados investigados?

Las falsedades tienen que ver con las estadísticas, pero también con la falta de incorporación de información correcta a las actas de reparto. Y sí hubo faltantes de expedientes y piezas procesales en medio de un desorden general de documentos que el juez de reemplazo está tratando de organizar.

Por otro lado, ¿es cierto que la jueza declarada insubsistente no respetaba el debido proceso, pasaba por alto los derechos de otros investigados, les negaba el acceso a sus expedientes que, en cambio, eran manipulados por particulares ajenos al sistema de la Justicia Penal Militar?

De eso dan cuenta unas quejas puntuales que fueron documentadas. Y hubo un incidente de desacato a una tutela, con sanción, para esa misma jueza.

Tengo información de que esta exfuncionaria estaba siendo investigada desde hace varios años. ¿Cuánto tiempo hace que la vigilan? ¿Cuántas sanciones ha recibido? ¿Por qué no fue separada del cargo de jueza a tiempo para evitar arbitrariedades?

No sé por qué esa jueza nunca fue separada del cargo. Llegué a esta dependencia hace apenas una semana, como conté. La Dirección General de la Justicia Penal Militar, como órgano independiente, también es una institución que apenas está naciendo. Todas las quejas presentadas en contra de ella, antes del presente año, deben reposar en las oficinas de control interno disciplinario del Ministerio de Defensa. La información que tenemos aquí es relativamente reciente y no hay registro de sanciones. Todas las quejas disciplinarias recibidas por esta Dirección se han enviado a la Procuraduría y las denuncias a la Fiscalía. Ni la una ni la otra han reportado consecuencias sancionatorias. Y en cuanto a novedades administrativas, de las recientes nos encargamos nosotros. Las antiguas están fuera de nuestro control, como se entiende.

¿Conoce de otros casos similares a este en la Justicia Penal Militar?

Tenemos conocimiento de otras situaciones que podrían tener los mismos ribetes. Pero aún no puedo hacer ninguna afirmación, porque no contamos con información consolidada.

Volviendo al comunicado que usted hizo publicar, se encabeza con una cita que dice: “Cuando no tomas postura en contra de la corrupción, tácitamente la apoyas”. ¿Es una especie de notificación en cuanto a que usted no se hará el de la vista gorda —como tanto otros directores de la JPM que lo antecedieron— ante hechos presuntamente ilegales de los que se entere?

La frase es elocuente en cuanto a la necesidad de aunar esfuerzos sociales en contra de las prácticas corruptas y es un llamado responsable de la función pública. Esto incluye, por supuesto, “no hacerse el de la vista gorda” frente a cualquier hecho que pueda tener interés penal o disciplinario. Es necesario normalizar el reproche público, el control social, la denuncia frente a la corrupción y superar el miedo, la indiferencia y la connivencia.

Que yo recuerde, es la primera vez que un director administrativo de la Justicia Penal Militar publica un comunicado de insubsistencia. ¿No teme que se presente, de ahora en adelante, un ambiente hostil en su contra o que el estamento militar y policial vea en usted a un enemigo?

No, por el contrario. He sentido el respaldo de la institución y de las fuerzas en el propósito de mejorar los indicadores de transparencia, calidad y oportunidad, en la prestación de los servicios de la JPM. Creo que la mayor parte de quienes integran la Fuerza Pública es gente honesta que está cansada de las insensateces de algunos y abriga la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Durante mi presentación ante los jueces y el personal administrativo de la entidad dejé claro que mi misión no es dañar a las Fuerzas Armadas sino, por el contrario, fortalecerlas y legitimarlas con la certeza, por parte de la sociedad, de que el sistema de justicia funciona bien.

¿Pero cómo borrar la imagen, surgida de hechos reales, de que muchos procesos que llegan a la JPM quedan en la impunidad?

Eso no pasaría si el ciudadano tuviera la seguridad de que cualquier hecho reprochable del policía o el militar es debidamente investigado y, si fuera el caso, sancionado. Los policías y militares son nuestros hermanos y merecen respeto y consideración. Y, pues, si cometen errores, como cualquiera otro ciudadano, deben asumir las respectivas consecuencias. El juez y la estructura judicial son como el cirujano y el hospital para la enfermedad del cáncer: cuando se detecta, hay que hacer procedimiento y extirparlo, por doloroso y complicado que sea. Debe quedar claro que soy el director administrativo y no tengo función judicial, pero sí el compromiso indeclinable de velar por la independencia y autonomía de fiscales y jueces penales militares, que no voy a afectar. Fui juez durante muchos años y sé lo que significa poder ser independiente y autónomo en la toma de las decisiones judiciales.

¿Cree que podría correr riesgos por asumir su tarea como la está asumiendo?

Esperemos que no.

Iván Velásquez, ministro de Defensa, con quien usted ha trabajado en varias etapas de su carrera, trinó el comunicado expedido por usted con esta afirmación: “La Justicia Penal Militar tiene que ser transparente, eficiente y eficaz. Investigar con rigor y someterse exclusivamente al imperio de la Constitución y la ley”. ¿Es un mensaje de espaldarazo a la medida anunciada por usted?

Creo que sí. En esta brega de luchar contra la corrupción y la impunidad, todos debemos halar para el mismo lado. Este Gobierno ha fijado esa dirección.

Usted fue magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema en un momento muy difícil: cuando se estaban presentando —de manera clandestina— las actividades ilegales de unos magistrados titulares en el caso de corrupción conocido como “cartel de la toga”. Debido a que usted no hizo parte de ese entramado delictivo y, por el contrario, hacía sus investigaciones concienzudamente, Gustavo Malo, su exjefe en la Sala Penal, hoy condenado, lo hizo sacar del cargo. ¿Quedó por fuera de la carrera judicial para siempre?

Salí de la rama Judicial en julio de 2015 por haberme constituido en piedra en el zapato del “cartel de la toga” y desde entonces he estado al margen de la judicatura. Pocos días después, me incorporé a la Organización de Naciones Unidas en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en donde estuve hasta 2019. Cuando el gobierno de ese país terminó el mandato de la CICIG, de regreso a Colombia, entré a la Procuraduría General de la Nación en el cargo de procurador judicial hasta mi reciente posesión como director de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar.

¿La solidaridad de cuerpo que se les endilga a los militares también parece darse entre los jueces civiles?

No creo que se trate de solidaridad de cuerpo; más bien, esa conducta que le describo se focaliza en rancias amistades.

El vergonzoso “cartel de la toga”, infortunadamente, demuestra que la corrupción puede contaminar la justicia militar y también la civil y en el más alto nivel, como en este caso. ¿Todavía confía en el sistema judicial colombiano?

Claro que sí, tengo confianza. Se pueden hacer muchas acciones con el fin de mejorar y borrar el estigma que han dejado casos lamentables como el del “cartel de la toga”. He sido testigo, durante casi treinta años de trasegar en los escenarios de la justicia, de que la inmensa mayoría de jueces, magistrados, fiscales y empleados judiciales, de todos los niveles, es gente honesta; que allá, en su rinconcito de las oficinas judiciales, calladitos, todos los días se esfuerzan para que su trabajo salga bien.

¿Cuáles son sus planes inmediatos para mejorar la Justicia Penal Militar? ¿Tendrá tiempo para ejecutarlos? ¿Sus expectativas coinciden con la voluntad política expresada por el gobierno Petro?

Quisiera mejorar los indicadores de calidad, oportunidad y transparencia en la prestación de los servicios de la Justicia Penal Militar, lo que implica implementarlos con las mejores herramientas del sistema penal acusatorio que apenas avanza en su primera fase y, de forma paralela, depurar los asuntos tramitados bajo el antiguo método. No podemos repetir los errores de la justicia ordinaria, replicando el régimen paquidérmico del “sistema aplazatorio”. La pretensión es la de pasar de una gerencia de procesos judiciales, más o menos intuitiva y con reglas y límites opacos y hasta antojadizos, a una de mayor rigor técnico científico que maximice la eficacia y la eficiencia de los recursos, siempre con el mayor cuidado y respeto por la autonomía e independencia de la función judicial.

Una juez de la JPM que no respetaba los fallos judiciales

Detrás de la declaratoria de insubsistencia de la juez 186 de la Justicia Penal Militar, anunciada mediante un comunicado de la Dirección Administrativa de esa unidad - dirección que ha sido considerada subalterna de los intereses de los uniformados investigados hasta ahora -, hay documentadas numerosas quejas en contra de ella por conductas que resultan inconcebibles en un sistema de control social eficiente. Esa exfuncionaria, por ejemplo, fue sancionada por el Tribunal Superior de Bogotá por desacato a un fallo de tutela después de que la hubiera conminado a cumplirlo. La sanción consistió en arresto de tres días: parece una falta menor pero no lo es si se tiene en cuenta que quien incurrió en ella, juzgaba la conducta de otras personas y tenía el poder de condenarlas o absolverlas. Sobre esa exfuncionaria, el tribunal dijo que “no les permitió el acceso al expediente (a los involucrados en un proceso) y no los notificaba de las determinaciones que tomaba” en “un actuar doloso (en que incurrió) en vías de hecho”. En el despacho de esa juez se encontraron, además de otras irregularidades, tres procesos de policías investigados por presuntos homicidios de civiles sin que ella tuviera competencia para asumirlos y sin que pudiera demostrar cómo le llegaron.

“Sentí un ambiente hostil, de hipocresía”

Su testimonio, en el proceso penal en contra del exmagistrado Malo, dentro del caso de corrupción judicial conocido como “cartel de la toga”, fue decisivo para la posterior condena de ese extogado ¿Ha sufrido consecuencias por sus declaraciones?

Por el hecho de dar testimonio, en sí mismo, no he sentido ningún efecto negativo, del tipo de amenazas o persecuciones. Pero, posiblemente, mis declaraciones sí pudieron influir para que, cuando quise volver a la Corte Suprema de Justicia, mi aspiración no tuviera suficiente respaldo. En escenarios puntuales, por suerte pocos, sí sentí un ambiente hostil de hipocresía.

¿En cuáles escenarios?

Por ejemplo, en las relaciones sociales cotidianas y en algunas laborales.

Perdone la insistencia: ¿en cuáles relaciones sociales o laborales?

Blanco es y gallina lo pone: me hacían pequeñas ironías y me lanzaban “vainazos” sutiles en los que identificaba cierta solidaridad malsana de unas personas con quienes le causaron tanto daño a la imagen de la justicia en Colombia. Pero no quiero profundizar en este tema para no reabrir las heridas que ese caso pudo producir.