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Antes de que la Corte Suprema tenga la posibilidad de revisar el expediente por el que Estados Unidos acusa a la diseñadora colombiana Nancy González, ella y los dos empleados de su compañía con los que fue capturada podrían quedar en libertad. Una jueza de control de garantías de Cali declaró ilegal la diligencia de allanamiento que se dieron en la mañana del 8 de julio en la capital del Valle del Cauca para capturar a los tres implicados en el supuesto entramado de contrabando por el que señalan a González. Con esa decisión, podría quedarse sin piso su detención.
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El abogado Elmer Montaña, quien defiende a John Aguilar —uno de los empleados de la diseñadora Nancy González—, le dijo a este diario que en las próximas horas pedirá la libertad de su cliente al fiscal general. Si bien Montaña no pone en duda la legalidad de las órdenes de captura con las que se aprehendió a los tres miembros de esta presunta red de contrabando, sostiene que la decisión de la jueza debe respetarse y la Fiscalía debe repetir el procedimiento de allanamiento, con los tres implicados en libertad.
Aguilar es señalado de reclutar a dos personas para que transportaran las lujosas carteras que hacía la empresa de Nancy González, desde Colombia, a Estados Unidos. Los bolsos, que se vendían en las tiendas más exclusivas del país norteamericano, eran elaborados con pieles de reptiles como caimanes y babillas, sin que tuvieran el permiso para hacerlo, y además eran introducidos en vuelos comerciales, sin declarar a la aduana que los tenían en su poder. Una vez allí, los vendían en lujosas tiendas a través de la empresa Gzuniga, filial de la compañía de Nancy González en Yumbo (Valle).
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Al menos entre 2016 y 2019, Nancy González de Barberi, John Aguilar y Diego Mauricio Rodríguez, introdujeron a suelo norteamericano “productos producidos a partir de especies protegidas de vida silvestre, en violación de la ley federal, enriqueciéndose así con la venta de los productos de contrabando en los Estados Unidos”, según la acusación (indictment) que reposa en su contra en una corte del sur de la Florida. Con base en este documento es que se les pide en extradición por los delitos de conspiración y contrabando.
Correos electrónicos entre los empleados de González y el gerente de la compañía Gzuniga, así como tiquetes aéreos e interceptaciones telefónicas señalan que esta operación la hicieron conscientes de que estaban violando la ley federal. Además, sin el debido permiso que exige Estados Unidos para comercializar especies silvestres, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés).
#ATENCIÓN | Capturados con fines de extradición presuntos responsables de enviar ilegalmente a EE.UU. productos de marroquinería elaborados con pieles de animales en peligro de extinción. Es el primer procedimiento que se realiza en Latinoamérica contra esta actividad ilícita. pic.twitter.com/E5v0xdXfr3
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 8, 2022
El expediente contra González, Aguilar y Rodríguez pasará ahora a la Sala Penal de la Corte Suprema, que debe definir si los delitos por los que son acusados los tres colombianos en Estados Unidos se equiparan con conductas criminales en nuestro país. Este concepto podría tardarse meses y, solo entonces, la destacada diseñadora podría terminar en un avión al país norteamericano. Esta vez no para exponer sus costosas carteras en un importante evento de moda, sino para enfrentar un juicio por contrabando.
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