El pasado miércoles, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, dio a conocer el asesinato de una pareja de esposos agricultores en el municipio de Vistahermosa (Meta), Alvaro Andrés Londoño y Zaida Restrepo, quienes eran productores arroceros. Presuntamente, fueron asesinados por no aceptar pagar las extorsiones que las disidencias de las Farc les solicitaban, específicamente El Estado Mayor Central, dirigido por alias Iván Mordisco. El gobernador denunció también el asesinato de un firmante de paz en Mesetas.
(Le podría interesar: Mayor del Ejército denuncia públicamente retención que padeció en El Plateado)
Por medio de un comunicado, la Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ) expresó su rechazo frente a este caso. La entidad afirmó que este homicidio es la confirmación de la grave situación que afecta a diversas zonas arroceras del país y de manera especial al Meta. Expresaron que tanto los agricultores como el gremio han denunciado este tipo de situaciones, pero que la situación parece solo empeorar. Añadieron que en los hechos también resultó herido uno de los trabajadores de la pareja, Daniel Bonilla.
Tanto el gobernador como la Federación solicitaron al Gobierno acciones contundentes contra el grupo armado para garantizar la seguridad de los agricultores y su actividad productiva, una que según la Federación es de suma importancia para el agro colombiano y su soberanía alimentaria. El gobernador hizo un llamado específico al ministro de Defensa, Iván Velásquez y cuestionó las acciones ilegales de este grupo armado, “¿Van a seguir matando, extorsionando, reclutando menores, enterrando minas antipersona y presionando a las comunidades?”, dijo el gobernador.
(Le podría interesar: Disidencia de Mordisco confirma reanudación de diálogos, pero cambia a su jefe negociador)
Este grupo armado se encuentra actualmente en un proceso de diálogo con el Gobierno Nacional, proceso que fue reanudado el 18 de noviembre, luego de cambiar a su jefe negociador y el nuevo ciclo de conversaciones está programado para enero en Bogotá. Entre los compromisos que había adquirido el grupo armado con el Gobierno estaba el de no realizar secuestros con fines económicos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.