Disputas entre Disidencias y Eln tienen en vilo a población de Buenaventura
Sobre el Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí, ubicado en Buenaventura, Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana en 2018 denunciando los riesgos que enfrenta la población.
La lupa de la Defensoría del Pueblo está sobre Buenaventura, en el Valle del Cauca, por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln. El riesgo inminente para la población se ha agudizado desde hace unos días cuando los grupos ilegales decidieron combatir por el territorio, las rutas y las rentas que deja el narcotráfico.
Según el órgano defensor la población étnica es la más afectada. La delegada para Asuntos Étnicos fue alertada de combates que se registran en la vereda San José. Allí hacen presencia la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y el Eln. “La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a la fuerza pública, particularmente a la Armada, en coordinación con la Policía y el Ejército, para que haga presencia en este territorio y verificar la situación denunciada”, dijo la entidad.
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El órgano defensor instó a las autoridades locales para implementar acciones que permitan reestablecer el orden público y evaluar las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hayan ocurrido en el marco de los combates adelantados durante los últimos días.
La Defensoría, en cabeza de Carlos Camargo, recordó que el Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí, es una población que está bajo alerta por el riesgo que padecen sus miembros, de ahí que reiteren el llamado al Ministerio de Defensa, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Buenaventura para implementar medidas que permitan erradicar el accionar de los grupos ilegales.
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La situación de riesgo para la comunidad no es nueva. Durante la administración el exdefensor del pueblo Carlos Alfonso Negret, en 2018, se alertó sobre la situación que padecen las comunidades que tienen asentamiento en Buenaventura. Aunque en el radar de las autoridades, hasta esa época, solo estaban bajo la lupa algunas facciones de las disidencias de las Farc, en el seguimiento de la Defensoría de este año ya se evidenció presencia del Eln.
Las principales rentas criminales de la zona, por su ubicación estratégica, son el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Para 2018, el escenario de riesgo lo configuraban la Columna Móvil “Jaime Martínez” y el “Frente Fuerzas Unidas del Pacifico”, quienes con su actuar delictivo terminaban afectando a afrodescendientes, jóvenes y líderes sociales, entre otros.
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Para esa época, el órgano defensor advirtió que la población podría ser víctima de reclutamiento, desplazamiento, homicidios, secuestro, violencia sexual, amenazas y prohibiciones en la movilidad. No obstante, dejó claro que habían conductas que ya estaban ocurriendo en el territorio lo cual se convertía en un daño y afectación a los derechos de quienes habitan en Buenaventura.
Según el órgano defensor la extorsión, las restricciones en la movilidad y los enfrentamientos entre estructuras ya hacían del territorio un lugar inestable en materia de seguridad. Para 2019, el panorama cambió respecto de los grupos que hacían presencia. De acuerdo con la Defensoría a la zona llegaron miembros del Eln, siguieron haciendo presencia facciones disidentes de las Farc y se unieron las bandas locales La Empresa y la Gente del Orden.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La lupa de la Defensoría del Pueblo está sobre Buenaventura, en el Valle del Cauca, por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln. El riesgo inminente para la población se ha agudizado desde hace unos días cuando los grupos ilegales decidieron combatir por el territorio, las rutas y las rentas que deja el narcotráfico.
Según el órgano defensor la población étnica es la más afectada. La delegada para Asuntos Étnicos fue alertada de combates que se registran en la vereda San José. Allí hacen presencia la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y el Eln. “La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a la fuerza pública, particularmente a la Armada, en coordinación con la Policía y el Ejército, para que haga presencia en este territorio y verificar la situación denunciada”, dijo la entidad.
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La Defensoría, en cabeza de Carlos Camargo, recordó que el Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí, es una población que está bajo alerta por el riesgo que padecen sus miembros, de ahí que reiteren el llamado al Ministerio de Defensa, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Buenaventura para implementar medidas que permitan erradicar el accionar de los grupos ilegales.
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Las principales rentas criminales de la zona, por su ubicación estratégica, son el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Para 2018, el escenario de riesgo lo configuraban la Columna Móvil “Jaime Martínez” y el “Frente Fuerzas Unidas del Pacifico”, quienes con su actuar delictivo terminaban afectando a afrodescendientes, jóvenes y líderes sociales, entre otros.
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