Doble instancia para los congresistas, la petición que aprobó el Congreso

Esta semana tuvo lugar una importante noticia judicial: los congresistas obtuvieron por fin su tan anhelada doble instancia. Lo que significa que, cuando sean procesados por algún delito en la Corte Suprema de Justicia -su juez natural-, tendrán derecho a impugnar el primer fallo que reciban si por alguna razón lo consideran injusto. Se trata de un cambio de la Constitución, pues antes, la Sala Penal en pleno investigaba y juzgaba a los congresistas. Ahora, el artículo 186 de la Carta Política tiene un nuevo elemento: los congresistas tendrán derecho al recurso de la apelación. 

Así las cosas, la Constitución quedó redactado de esta manera según el Acto Legislativo 01 de 2018: "Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos. Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La primera condena podrá ser impugnada". 

Durante años, especialmente desde que estalló el escándalo de la parapolítica, integrantes del Congreso han exigido la segunda instancia, reclamando que si los colombianos del común tienen derecho a que sus fallos sean revisados por una segunda instancia, ellos también. Una pelea que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: en 2012, por ejemplo, el condenado congresista Ciro Ramírez alegó ante el tribunal internacional que la doble instancia, según estándares de la Convención Americana, era una obligación. 

(En contexto: Los reclamos de los parapolíticos ante la CIDH)

Esta vez, el proyecto de acto legislativo que cursó en el Congreso tenía un respaldo particular: el de los magistrados de la Corte Suprema, que presentaron su propia iniciativa admitiendo la segunda instancia. Inicialmente ellos proponían que las investigaciones y acusaciones estuviera a cargo de la Fiscalía, pero la resolución final es que esas labores siguen a cargo de la Corte. Lo que se viene ahora para este tribunal es organizarse de tal manera que funcionen las salas de primera y segunda instancia.

Esta semana tuvo lugar una importante noticia judicial: los congresistas obtuvieron por fin su tan anhelada doble instancia. Lo que significa que, cuando sean procesados por algún delito en la Corte Suprema de Justicia -su juez natural-, tendrán derecho a impugnar el primer fallo que reciban si por alguna razón lo consideran injusto. Se trata de un cambio de la Constitución, pues antes, la Sala Penal en pleno investigaba y juzgaba a los congresistas. Ahora, el artículo 186 de la Carta Política tiene un nuevo elemento: los congresistas tendrán derecho al recurso de la apelación. 

Así las cosas, la Constitución quedó redactado de esta manera según el Acto Legislativo 01 de 2018: "Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos. Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La primera condena podrá ser impugnada". 

Durante años, especialmente desde que estalló el escándalo de la parapolítica, integrantes del Congreso han exigido la segunda instancia, reclamando que si los colombianos del común tienen derecho a que sus fallos sean revisados por una segunda instancia, ellos también. Una pelea que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: en 2012, por ejemplo, el condenado congresista Ciro Ramírez alegó ante el tribunal internacional que la doble instancia, según estándares de la Convención Americana, era una obligación. 

(En contexto: Los reclamos de los parapolíticos ante la CIDH)

Esta vez, el proyecto de acto legislativo que cursó en el Congreso tenía un respaldo particular: el de los magistrados de la Corte Suprema, que presentaron su propia iniciativa admitiendo la segunda instancia. Inicialmente ellos proponían que las investigaciones y acusaciones estuviera a cargo de la Fiscalía, pero la resolución final es que esas labores siguen a cargo de la Corte. Lo que se viene ahora para este tribunal es organizarse de tal manera que funcionen las salas de primera y segunda instancia.