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La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al docente Álvaro Fidel Hurtado Garcés de la Institución Educativa Departamental Carreto, en el municipio de El Piñón (Magdalena). El fallo de primera instancia determinó que el profesor de matemáticas y física llevó a cabo “varios actos sexuales diversos al acceso carnal” con una estudiante de 13 años.
“En 2022, el profesor de matemáticas y física realizó tocamientos libidinosos a una alumna de 13 años que cursaba quinto de primaria pretendiendo con ello la satisfacción de sus apetencias sexuales” expresó el Ministerio Público en su comunicado. Esta falta fue considerada gravísima por dolo, y el ente de control enfatizó que, mediante la estrategia Promujeres, se propone combatir y erradicar la violencia generalizada contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
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De acuerdo con la Procuraduría, el docente Álvaro Hurtado “afectó el servicio público de una población especialmente protegida, puesto que con su comportamiento causó daño a la menor en su intimidad e integridad sexual”. Asimismo, dicho afectaciones en la menor solo se generan a nivel físico, si no también psicológico, acrecentando a la salud mental inseguridades, miedos y frustraciones.
Además, el docente del colegio Departamental Carreto no solo debía actuar con el decoro, profesionalismo y responsabilidad protectora que exige su puesto, sino que, dada la situación de especial protección que tienen los menores, también estaba obligado a “adecuarse a un estándar superior” para resguardar los derechos y prerrogativas de su estudiante, en particular por su condición de mujer.
El 26 de octubre, el Ministerio Público solicitó al Ministerio de Justicia y al Comité Interinstitucional encargado de prevenir y atender a las víctimas de abuso sexual, información sobre la reglamentación e implementación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para prevenir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Esta solicitud se fundamenta en las alarmantes cifras de violencia sexual y las barreras para el acceso a la justicia, como la falta de activación de rutas en el sector salud y educativo, y la escasa presencia institucional en regiones remotas.
El ente de control destacó que el Gobierno nacional tiene la responsabilidad de implementar este sistema de alertas dentro de un plazo definido. La solicitud también fue enviada al ministro de Salud, al de Educación, a la viceministra de la Mujer, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al comandante de la Policía Nacional.
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Ante el preocupante aumento de la violencia contra menores, se anunció la creación de una agencia especial para intervenir en el caso del niño Alexis Delgado, víctima de homicidio y abuso sexual. Además, se conformó otra agencia para el restablecimiento de derechos de una niña de siete años, víctima de maltrato por parte de su abuela y abuelastro en Sabanalarga (Atlántico).
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