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La Fiscalía reveló sus cartas en el capítulo penal del caso MinTIC. En 2020, el Ministerio asignó un billonario contrato que buscaba llevar internet a zonas rurales de Colombia, no obstante, resultó en un escándalo por presunta corrupción y presentación de documentos falsos. Tras meses de revuelo y la renuncia de la ministra Karen Abudinen, el ente investigador concluyó que las actuaciones de tres personas relacionadas con la unión temporal que se quedó con el contrato (Centros Poblados) indujeron al error al Ministerio. Se trata del contratista cordobés Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y el asesor de seguros Juan José Laverde.
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En las audiencias que se desarrollan este martes a todos les imputó los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal por una de las aristas del caso: la presentación de una garantía bancaria, con la que Centros Poblados logró asegurar la seriedad de su oferta ante el MinTIC, pero que resultó falsa. Así lo ha manifestado el banco Itaú, cuyos logos reposan en el documento que presentaron los contratistas, a pesar de que la entidad bancaria no tiene registro alguno del negocio. Una cuarta persona salpicada en el escándalo, Jorge Enrique López, también será vinculado al proceso, pero la Fiscalía no logró capturarlo en las últimas horas.
En contexto: El camino hacia las primeras capturas del escándalo del Mintic
Según relató la fiscal del caso, Andrea Muñoz, durante la audiencia, cuando la Unión Temporal Centros Poblados, representada por Luis Fernando Duque, estaba por presentar la oferta para participar en la licitación del Ministerio TIC, les faltaba un documento: una póliza de seriedad de la oferta. Duque acudió a Juan José Laverde, funcionario de la agencia de seguros Rave. Sin embargo, señaló la fiscal Muñoz, “ninguna aseguradora estaba dispuesta a expedir las pólizas requeridas en el proceso”. Y fue ahí que surgió la idea de acudir a una garantía bancaria.
“Ustedes falsificaron el documento denominado garantía bancaria suscrito entre Luis Fernando Duque y supuestos funcionarios del Banco Itaú para subirlo al sistema de contratación pública SECOP, para cumplir con los requisitos habilitantes del proceso de licitación”, les dijo la fiscal en la audiencia de este martes. El agente de seguros Laverde, según la Fiscalía, fue quien finalmente envió la garantía: “una vez usted recibió la garantía falsa, la envió a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y a Alfredo Amín Yaber, quien la cargó al sistema SECOP”.
La fiscal del caso explicó que se trató de tres garantías bancarias que habrían sido falsificadas, al parecer, con pleno conocimiento de los tres investigados. “Ustedes falsificaron la garantía bancaria que amparaba el buen manejo del anticipo por $70.000 millones; igualmente falsificaron la garantía bancaria que amparaba el cumplimiento general del contrato por $65.000 millones, e igualmente falsificaron la garantía bancaria que amparaba el pago de salarios y prestaciones sociales”, les dijo la funcionaria a Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde.
“Ustedes indujeron en error a la subdirectora de gestión contractual del MinTIC, quien fue la gestora jurídica, y también a la secretaria general, quien suscribió la resolución de adjudicación del contrato tras la licitación pública”, señaló la fiscal. Supuestamente, esa inducción al error de la que habrían hecho parte Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde la llevaron a cabo para que el Ministerio les otorgara el contrato, a pesar de no cumplir todos los requisitos que les pedían para presentarse al proceso de contratación.
“Todos ustedes tenían el pleno conocimiento de que estaban participando de la falsificación de varios documentos privados, por cuanto conocían que no entregaron a su tramitador documentación alguna que soportara la situación financiera de las empresas que hacían parte de Centros Poblados, ni el contrato celebrado entre el MinTIC y ustedes para que conociera qué era y además conocían que no pagaron el valor de la prima correspondiente”, aseguró la Fiscalía.
Los testigos clave
La fiscal Muñoz explicó que entre las pruebas que tiene está el interrogatorio que rindió Jorge Alfonso Molina García Mayorga, quien dio detalles de las gestiones que adelantaron Luis Fernando Duque, Juan José Laverde y Emilio Tapia para, supuestamente, conseguir la garantía del banco Itaú. Este documento fue aportado por Centros Poblados al proceso de licitación y, luego, una vez el MinTIC les adjudicó el contrato, presentaron una nueva garantía similar para respaldar que cumplirían con lo contratado. El lío se descubrió cuando no cumplieron.
El MinTIC le giró un anticipo de $70.000 millones a Centros Poblados para que iniciara la construcción de los centros digitales. Por lo menos $58.000 millones, al parecer, fueron consignados a la empresa Nuovo Security, radicada en Estados Unidos, en una cuenta en el estado de Delaware. Pues el propietario de esa empresa, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, es otro de los testigos que rindió interrogatorio en la Fiscalía y que aportó datos que llevaron a las capturas de Duque, Laverde y Tapia. Ángel Cáceres, a su vez, es propietario de Nuovotic, una de las compañías que integra Centros Poblados.
Cuando el interventor reportó que, a abril, Centros Poblados no había terminado ni uno de los 773 centros digitales que debía tener listos, el Ministerio pidió explicaciones. “El MinTIC inició una audiencia de descargos y es así como llaman al Banco Itaú como garante y se establece que ellos no son parte del proceso, toda vez que no expidieron la garantía bancaria”, explicó la fiscal. El Itaú denunció lo sucedido en la Fiscalía y aportó un análisis grafológico que detalla cómo, a pesar de tener sus logos y tipografías, las garantías aportadas por el contratista son falsos.