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El 18 de abril de 1998, tres sicarios que se hicieron pasar por reporteros entraron a la oficina de José Eduardo Umaña Mendoza y segaron la vida del reconocido abogado, un abanderado de la defensa de los derechos humanos en Colombia que era víctima de constantes amenazas por destapar crímenes de inteligencia militar, entre otros. Los asesinos pertenecían a la banda La Terraza y estaban bajo el mando del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. La orden la dio personalmente Carlos Castaño, creador de las autodefensas asesinado en 2004, tal como había hecho con Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del CINEP, un año y un mes antes. La justicia, que avanza a paso lento, le dictó una medida de aseguramiento a Don Berna por el crimen el pasado 31 de agosto.
La decisión da un tímido impulso procesal a un expediente que tiene como única actuación relevante la declaratoria de lesa humanidad del crimen, el 27 de septiembre de 2016. Allí se afirma que el homicidio se perpetró en el marco de un contexto de violencia paramilitar en contra de defensores de derechos humanos. Lo propio sucedió con el caso de los investigadores del CINEP, ocurrido el 19 de mayo de 1997, y con el homicidio de Jaime Garzón, el 13 de noviembre de 1999, todos vinculados a la casa Castaño y en los que hubo una participación de agentes del Estado que la justicia, a la fecha, no ha esclarecido. La Fiscalía, además, enfatizó en que el crimen de Umaña estuvo ligado a su labor de representar a dirigentes sindicales, así como a los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia en 1985.
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“Su homicidio [el de Umaña] tuvo como propósito causar temor y zozobra a la ciudadanía, emitiendo una recomendación a quienes ejercían similar trabajo, en el sentido de que este procedimiento no era aceptable por los militares y dueños del país en ese momento de la historia colombiana”, dice la decisión contra Don Berna, en poder de El Espectador. El abogado de la familia Umaña, Germán Romero, señaló que la decisión es relevante porque “identifica en cabeza de alias Don Berna que el paramilitarismo no fue un hecho de terceros ajenos, sino una práctica nacida y controlada desde sectores de poder y, en especial, desde los comandos de inteligencia del Ejército, en este caso desde la sección 2 de la Brigada 13 y la Brigada XX”.
“La Fiscalía sigue en mora de indagar a los militares que desviaron la investigación entre abril y noviembre de 1998 y a los agentes de inteligencia del Ejército ya identificados que participaron del plan criminal. Garantizar que Don Berna ya tiene una orden de captura vigente por homicidio agravado en un proceso penal ordinario es un valioso mensaje a los cuarteles donde se planearon estos crímenes. Los familiares de las víctimas nunca van a cesar en sus esfuerzos de que sean identificados, acusados, juzgados y sancionados”, agregó Romero. Si bien Don Berna confesó su participación en los crímenes ordenados por Castaño, desde fue vinculado al caso (como persona ausente) se negó a rendir indagatoria y, por eso, la Fiscalía pidió sacarlo de Justicia y Paz.
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Para esta decisión, la Fiscalía tuvo en cuenta una entrevista que dio el 12 de diciembre de 2012 un vocero de la banda de sicarios La Terraza al noticiero CM& en la que confesó que los crímenes de Jaime Garzón, Elsa Alvarado, Mario Calderón, Eduardo Umaña y Jesús María Valle fueron ejecutados por esa organización criminal, así como el secuestro de Piedad Córdoba y Guillermo León Valencia; y las declaraciones rendidas por paramilitares en el marco de esas pesquisas que aseguraron que el estado mayor de las autodefensas se reunieron el 16 de enero de 1997 para ordenar asesinar a los investigadores de derechos humanos que “trataran de meterse” en sus negocios.
Según los paramilitares desmovilizados Francisco Villalba (asesinado en 2009), Pedro Álex Conde y José Alirio Arcila, la reunión del estado mayor de las AUC en que se determinaron crímenes como el del abogado Umaña se realizó en la finca La 15 en Urabá y en ella participaron entre cuarenta y sesenta hombres, bajo el liderazgo de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Carlos Mauricio García Fernández (alias Doble Cero) y Jesús Ignacio Roldán (alias Monoleche). También se tuvo la denuncia que puso el propio jurista el 23 de febrero de 1998 advirtiendo de las amenazas que estaba recibiendo contra su vida en el marco de la defensa que realizaba a sindicalistas de la USO. Umaña obtuvo información de que miembros de la Brigada XX del Ejército, individuos del B-2 y hasta fiscales estaban planeando un atentado en su contra. Así se lo hizo saber al entonces director del CTI de la Fiscalía.
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Los sindicalistas de la USO que Umaña representó explicaron cómo fue amenazado el abogado luego de descubrir que la organización sindical era víctima de un montaje por parte de agentes estatales. Fue señalado por un grupo llamado Colombia sin Guerrilla, que lo puso en una especie de lista negra, según indicaron otros declarantes. No obstante, a pesar del claro peligro en el que Umaña estaba y de haber señalado a los presuntos responsable, “no se tomaron las medidas pertinentes” para salvarle la vida. Así lo enfatizó la Fiscalía al tener en cuenta igualmente el testimonio del exparamilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quien dijo que el crimen de Umaña era una estrategia de Castaño para “eliminar” personas que ejercían la defensa de los derechos humanos. Báez falleció en noviembre de 2019.
Al respecto, Don Berna ha dicho que el crimen de Mario Calderón y Elsa Alvarado lo perpetraron dos hombres y una mujer por orden de Castaño bajo la falsa acusación de ser integrantes del Eln. Y aceptó que su banda disparó contra Jesús María Valle, asesinado dos meses antes que Umaña. El 12 de mayo de 2015, bajo la gravedad de juramento, Murillo Bejarano dijo que el apoyo paramilitar le permitió a La Terraza tener una gran capacidad operativa y ejecutar los crímenes ordenados por Castaño. En esa declaración, el paramilitar (extraditado a Estados Unidos en 2008) confesó por primera vez que fue Castaño quien dio la orden de matar a Umaña y que para cometer crimen hubo “apoyo de algunos mandos militares” que les ayudaban para “operaciones” en Bogotá.
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Según la Fiscalía, alias Don Berna precisó que cuando Castaño hacía acciones de este tipo “era porque recibía datos por parte de inteligencia militar; información que estaba relacionada con defensores de derechos humanos, quienes eran personas claves para las organizaciones subversivas, manifestando que Umaña generaba incomodidad en un sector que se sentía afectado por su labor, pues implicaba acusar a miembros de la fuerza pública”. La Fiscalía infirió de la declaración de Don Berna que este compartió con Carlos Castaño Gil el designio criminal que acabó con la vida de José Eduardo Umaña.
Por eso le dictó medida de aseguramiento, pues Murillo Bejarano puso a La Terraza al servicio de las AUC para cometer asesinatos selectivos y no se negó a ejecutar la orden recibida. “Diego Fernando Murillo Bejarano convergió en su voluntad dolosa, cuya identidad de objetivo era contribuir con su aporte a causar la muerte al hoy inmolado José Eduardo Umaña Mendoza, lo cual constituye una notoria transgresión a los derechos humanos y, sin justificación alguna, asumió una tarea sobre la cual tenía conocimiento del hecho”, dijo la Fiscalía al asegurar a Don Berna por el delito de homicidio agravado en calidad de coautor.
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Don Berna, quien no ha comparecido en este proceso, fue además imputado por la Fiscalía el 20 de agosto pasado por el crimen de Umaña en el proceso de Justicia y Paz, en el marco de una macroimputación de múltiples hechos que viene avanzando en su contra desde comienzos de ese mes. Según el abogado Germán Romero, aún falta mucho por hacer. “La Fiscalía abandonó completamente la investigación de este tipo de casos, en especial los que vinculan oficiales del Ejército, a la luz de una interpretación perversa de la Corte Constitucional de la seguridad jurídica de los perpetradores en demérito de los derechos de las víctimas a la luz del Acuerdo Final”. El litigante agregó que “la actual justicia transicional solo ofrece actividades de pedagogía a las víctimas, y Justicia y Paz, como ocurrió en este caso ante el Tribunal Superior de Medellín, es un relato interminable de hechos dolorosos, sin esclarecimiento real y aceptaciones lacónicas que no dan explicación alguna a las familias y víctimas sobrevivientes”.