¿Dónde encontrar asesoría jurídica si es violentado en el Paro Nacional?

Si usted es violentado y retenido de manera arbitraria por miembros de la Policía, en medio de las jornadas de Paro Nacional, tiene a su disposición consultorios jurídicos y asociaciones de abogados que pueden tenderle una mano. Ese es el caso de la organización Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la cual dejó a disposición su número para que los contacte en caso de haber sufrido abusos por parte de la Fuerza Pública.

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De acuerdo con el último boletín de Defender la Libertad, detenciones presuntamente infundadas han sido el pan de cada día para los abogados inscritos en la iniciativa. Según el monitoreo al Paro Nacional por parte de esa organización, la Fuerza Pública sería responsable de 2.854 detenciones arbitrarias, por las lesiones contra 1.177 manifestantes y, además, por la muerte en plena vía pública de 37 personas.

“En campaña Defender la Libertad convergemos diferentes organizaciones de derechos humanos, que prestamos una asesoría jurídica gratuita a víctimas y acompañamos audiencias preliminares cuando hay capturas”, explica Alejandra Garzón, abogada de dhColombia. Entre las otras organizaciones que se propusieron defender víctimas de violencia policial está el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

En la página web de la campaña hay un dato no menor sobre el Paro Nacional: “Del total de detenciones, el 12,99%, aproximadamente, se dieron con fines de judicialización”. ¿Qué quiere decir esto? De los 2.854 detenidos a manos de la fuerza pública, solo 371 habrían sido llevados ante los jueces de Colombia para vincularlos a investigaciones por posible vandalismo o ataque a servidor público. Es decir, 2.483 personas habrían sido aprehendidas, llevadas a centros de detención por horas y soltadas sin si quiera intentar legalizar su captura e imputarles delitos.

De acuerdo con la abogada Laura Rudas Lleras, esa estadística daría cuenta del “modus operandi” de los uniformados en el Paro Nacional. “Los episodios de abuso policial cada vez son más graves. Anoche estuvimos hasta las 3 a.m. trabajando en tres episodios. Uno era sobre manifestantes en el Portal 80, otro en el Portal de las Américas y otros en la sede tecnológica de la Universidad Distrital (en Bogotá). Hemos recibido casos de personas que han cogido en la calle, que les rompen la bicicleta, los golpean, los humillan. Los llevan a los CAI, los golpean y luego de causarle lesiones los sueltan”, explicó.

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Laura Rudas es miembro de Apoyo Legal Colombia, un colectivo de estudiantes y abogados que se han organizado en los últimos días para prestar atención gratuita a manifestantes y no manifestantes, que denuncian extralimitaciones de la Policía. De acuerdo con la defensora, en la organización hay comités de ayuda para los denunciantes: “Tenemos habeas corpus -solicitudes de libertad inmediata-, derechos humanos, apelación de comparendos, denuncias por lesiones de la Fuerza Pública. Hicimos alianza con IURA Colombia, que está compartiendo un formulario por redes”.

La abogada Laura Rudas asegura que el protocolo de Apoyo Legal Colombia inicia con verificar el estado de salud de la persona que denuncia o cuya familia o amigos alertan sobre una detención ilegal. Anoche, por ejemplo, lograron enviar ambulancias a distintas localidades de Bogotá. La defensora también confirma la teoría sobre detenciones momentáneas, que no alcanzan en la mayoría de casos a materializarse en una importación, ni mucho menos en una legalización de captura. “Generalmente suelen soltar a las personas antes de que radiquemos el Habeas Corpus”, señaló.

“Dependiendo de lo que suceda durante la detención, empezamos a trabajar con el comité de denuncia. Le pedimos a la persona que nos envíe pruebas de cualquier agresión que le hayan realizado y ahí es importante solicitar la ayuda de Medicina Legal. La otra vía que se puede habilitar es el tema de la acción disciplinaria en contra de los funcionarios. Para eso es importante que nos den los datos del uniformado: el número, el nombre, la placa de la moto o el vehículo. Todo eso se utiliza para poner una queja”, concluyó Rudas.

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De acuerdo con el abogado Rubén Darío Acosta, director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos, los policías no estarían capturando personas como tal, pues los mismos manifestantes en muchas oportunidades no llegan ante un juez de garantías para que legalice esa aprehensión en vía pública. Lo que en realidad estaría sucediendo, según el defensor, es que los policías podrían estarse amparando en la figura de “traslado por protección”, descrita en el artículo 155 de Código de Policía.

Captura y detención no significan lo mismo. “La captura se da en el marco de un proceso penal que requiere la autorización de un juez, la llamada legalización de captura. Cuando se hace la captura, tienen que llevar a la persona de inmediato ante el juez de control de garantías y ahí el juez debe verificar que la captura se haya hecho de acuerdo a la protección de derechos. Que no se le haya maltratado. Que se le hayan declarado los derechos que tiene. Que la persona haya sido puesta de manera en el menor tiempo posible ante la autoridad judicial”, agregó Acosta.

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Para denunciar al policía maltratador ante las autoridades, explicó el abogado Acosta, en la medida de las posibilidades debe grabarse el procedimiento. “Primero debe identificarse al policía que lo está capturando. Segundo, tratar de tener claro el lugar donde sucedió la captura. Tercero, hacer la llamada para comunicarle a un familiar o a un abogado a donde está siendo trasladada y cuáles son los motivos. Otra situación es registrar la acción y tratar de darle los datos a otras personas que quizás estén alrededor”, concluyó.

Por otro lado, según el abogado Mauricio Urquijo, docente y magister en Derecho Penal, a la Policía se le están cayendo las capturas que llevan ante los jueces, porque no ha podido argumentar sus procedimientos. “Hacen capturas normalmente aleatorias que están utilizando como castigo colectivo. Es decir, todo el que esté presente en el sitio, por estar ahí alentando o participando de la manifestación, es tomado como una especie de agresor que hay que castigar a través de la captura. Los policías en los informes colocan cosas de más para tratar que les legalicen las capturas, sin embargo, ponen cosas incoherentes”.

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“A la Fiscalía se le han caído capturas, en muchos casos, por ausencia de elementos para fundamentar posibles imputaciones. En el caso de los de Bello, por ejemplo, llevaron un grupo de persona ante un juez diciendo que estaban tirándole piedra a un peaje que estaba a 100 m”, concluyó el abogado. De hecho, el pasado lunes 3 de mayo, Urquijo logró dejar en libertad a cuatro ciudadanos, que habían sido señalados por dos policías como participantes de una “multitud con rabia” que los atacó con piedras y botellas.

Se trata del caso de Kevin Calderón, Yorwil Quintero, Sebastian Giraldo y Sara Zuluaga, quienes la semana pasada fueron cobijados con medida de aseguramiento, por su supuesta participación violenta en manifestaciones en el barrio El Poblado de Medellín. Urquijo demostró, en compañía de Santiago Trespalacios y dos abogados de la Corporación Jurídica Libertad, que los policías denunciantes registraron los hechos de forma irregular, a través de un video que presentó en audiencia ante el juez 27 penal municipal de Medellín.

Si usted es violentado y retenido de manera arbitraria por miembros de la Policía, en medio de las jornadas de Paro Nacional, tiene a su disposición consultorios jurídicos y asociaciones de abogados que pueden tenderle una mano. Ese es el caso de la organización Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la cual dejó a disposición su número para que los contacte en caso de haber sufrido abusos por parte de la Fuerza Pública.

En contexto: Indepaz denuncia 31 muertes y Defensoría 24 en medio del Paro Nacional

De acuerdo con el último boletín de Defender la Libertad, detenciones presuntamente infundadas han sido el pan de cada día para los abogados inscritos en la iniciativa. Según el monitoreo al Paro Nacional por parte de esa organización, la Fuerza Pública sería responsable de 2.854 detenciones arbitrarias, por las lesiones contra 1.177 manifestantes y, además, por la muerte en plena vía pública de 37 personas.

“En campaña Defender la Libertad convergemos diferentes organizaciones de derechos humanos, que prestamos una asesoría jurídica gratuita a víctimas y acompañamos audiencias preliminares cuando hay capturas”, explica Alejandra Garzón, abogada de dhColombia. Entre las otras organizaciones que se propusieron defender víctimas de violencia policial está el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

En la página web de la campaña hay un dato no menor sobre el Paro Nacional: “Del total de detenciones, el 12,99%, aproximadamente, se dieron con fines de judicialización”. ¿Qué quiere decir esto? De los 2.854 detenidos a manos de la fuerza pública, solo 371 habrían sido llevados ante los jueces de Colombia para vincularlos a investigaciones por posible vandalismo o ataque a servidor público. Es decir, 2.483 personas habrían sido aprehendidas, llevadas a centros de detención por horas y soltadas sin si quiera intentar legalizar su captura e imputarles delitos.

De acuerdo con la abogada Laura Rudas Lleras, esa estadística daría cuenta del “modus operandi” de los uniformados en el Paro Nacional. “Los episodios de abuso policial cada vez son más graves. Anoche estuvimos hasta las 3 a.m. trabajando en tres episodios. Uno era sobre manifestantes en el Portal 80, otro en el Portal de las Américas y otros en la sede tecnológica de la Universidad Distrital (en Bogotá). Hemos recibido casos de personas que han cogido en la calle, que les rompen la bicicleta, los golpean, los humillan. Los llevan a los CAI, los golpean y luego de causarle lesiones los sueltan”, explicó.

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Laura Rudas es miembro de Apoyo Legal Colombia, un colectivo de estudiantes y abogados que se han organizado en los últimos días para prestar atención gratuita a manifestantes y no manifestantes, que denuncian extralimitaciones de la Policía. De acuerdo con la defensora, en la organización hay comités de ayuda para los denunciantes: “Tenemos habeas corpus -solicitudes de libertad inmediata-, derechos humanos, apelación de comparendos, denuncias por lesiones de la Fuerza Pública. Hicimos alianza con IURA Colombia, que está compartiendo un formulario por redes”.

La abogada Laura Rudas asegura que el protocolo de Apoyo Legal Colombia inicia con verificar el estado de salud de la persona que denuncia o cuya familia o amigos alertan sobre una detención ilegal. Anoche, por ejemplo, lograron enviar ambulancias a distintas localidades de Bogotá. La defensora también confirma la teoría sobre detenciones momentáneas, que no alcanzan en la mayoría de casos a materializarse en una importación, ni mucho menos en una legalización de captura. “Generalmente suelen soltar a las personas antes de que radiquemos el Habeas Corpus”, señaló.

“Dependiendo de lo que suceda durante la detención, empezamos a trabajar con el comité de denuncia. Le pedimos a la persona que nos envíe pruebas de cualquier agresión que le hayan realizado y ahí es importante solicitar la ayuda de Medicina Legal. La otra vía que se puede habilitar es el tema de la acción disciplinaria en contra de los funcionarios. Para eso es importante que nos den los datos del uniformado: el número, el nombre, la placa de la moto o el vehículo. Todo eso se utiliza para poner una queja”, concluyó Rudas.

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De acuerdo con el abogado Rubén Darío Acosta, director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos, los policías no estarían capturando personas como tal, pues los mismos manifestantes en muchas oportunidades no llegan ante un juez de garantías para que legalice esa aprehensión en vía pública. Lo que en realidad estaría sucediendo, según el defensor, es que los policías podrían estarse amparando en la figura de “traslado por protección”, descrita en el artículo 155 de Código de Policía.

Captura y detención no significan lo mismo. “La captura se da en el marco de un proceso penal que requiere la autorización de un juez, la llamada legalización de captura. Cuando se hace la captura, tienen que llevar a la persona de inmediato ante el juez de control de garantías y ahí el juez debe verificar que la captura se haya hecho de acuerdo a la protección de derechos. Que no se le haya maltratado. Que se le hayan declarado los derechos que tiene. Que la persona haya sido puesta de manera en el menor tiempo posible ante la autoridad judicial”, agregó Acosta.

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Para denunciar al policía maltratador ante las autoridades, explicó el abogado Acosta, en la medida de las posibilidades debe grabarse el procedimiento. “Primero debe identificarse al policía que lo está capturando. Segundo, tratar de tener claro el lugar donde sucedió la captura. Tercero, hacer la llamada para comunicarle a un familiar o a un abogado a donde está siendo trasladada y cuáles son los motivos. Otra situación es registrar la acción y tratar de darle los datos a otras personas que quizás estén alrededor”, concluyó.

Por otro lado, según el abogado Mauricio Urquijo, docente y magister en Derecho Penal, a la Policía se le están cayendo las capturas que llevan ante los jueces, porque no ha podido argumentar sus procedimientos. “Hacen capturas normalmente aleatorias que están utilizando como castigo colectivo. Es decir, todo el que esté presente en el sitio, por estar ahí alentando o participando de la manifestación, es tomado como una especie de agresor que hay que castigar a través de la captura. Los policías en los informes colocan cosas de más para tratar que les legalicen las capturas, sin embargo, ponen cosas incoherentes”.

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“A la Fiscalía se le han caído capturas, en muchos casos, por ausencia de elementos para fundamentar posibles imputaciones. En el caso de los de Bello, por ejemplo, llevaron un grupo de persona ante un juez diciendo que estaban tirándole piedra a un peaje que estaba a 100 m”, concluyó el abogado. De hecho, el pasado lunes 3 de mayo, Urquijo logró dejar en libertad a cuatro ciudadanos, que habían sido señalados por dos policías como participantes de una “multitud con rabia” que los atacó con piedras y botellas.

Se trata del caso de Kevin Calderón, Yorwil Quintero, Sebastian Giraldo y Sara Zuluaga, quienes la semana pasada fueron cobijados con medida de aseguramiento, por su supuesta participación violenta en manifestaciones en el barrio El Poblado de Medellín. Urquijo demostró, en compañía de Santiago Trespalacios y dos abogados de la Corporación Jurídica Libertad, que los policías denunciantes registraron los hechos de forma irregular, a través de un video que presentó en audiencia ante el juez 27 penal municipal de Medellín.