Dos años de Petro: la relación del presidente con el poder judicial

Gustavo Petro cumple dos años como presidente de Colombia. Ahora, a la mitad del mandato, renovó varias caras de su gabinete y se alista para “el segundo tiempo” de su presidencia. Dentro de sus objetivos está mejorar la relación con el Congreso —que tuvo quebrantos en la pasada legislatura— para sacar adelante varias iniciativas que tiene, incluida la de una Constituyente que ha sido cuestionada en distintos sectores, incluido el poder judicial, con el que en estos dos años no ha mantenido la mejor relación, pues, según afirma, se han dedicado a darle un “golpe blando” a su gobierno.

Gustavo Petro cumple dos años como presidente de Colombia. Ahora, a la mitad del mandato, renovó varias caras de su gabinete y se alista para “el segundo tiempo” de su presidencia. Dentro de sus objetivos está mejorar la relación con el Congreso —que tuvo quebrantos en la pasada legislatura— para sacar adelante varias iniciativas que tiene, incluida la de una Constituyente que ha sido cuestionada en distintos sectores, incluido el poder judicial, con el que en estos dos años no ha mantenido la mejor relación, pues, según afirma, se han dedicado a darle un “golpe blando” a su gobierno.

Desde el poder judicial, los señalamientos del presidente la mayoría de veces pasan sin hacerles mayor ruido, pues las altas cortes, por ejemplo, insisten en que es natural que sus decisiones no les gusten a todos, pero que siempre son bajo el amparo de la ley. En lo que sí han insistido los más altos tribunales del país es en que se respete la independencia judicial. En el último año, por ejemplo, ha tenido roces con la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El Espectador hace un mapeo de cómo han sido estos choques de poderes en los dos años de Petro.

Corte Suprema de Justicia:

A comienzo de 2024, cuando la Rama Judicial regresaba de su vacancia y el alto tribunal elegía a Gerson Chaverra como su presidente para este año, arrancó también uno de los procesos de elección más importante que le corresponde a esa alta corte: escoger fiscal general. Amelia Pérez, Ángela María Buitrago (actual ministra de Justicia) y Luz Adriana Camargo (actual jefa del ente investigador) componían la terna que había enviado el presidente Petro y de la cual saldría quien reemplazaría a Francisco Barbosa. El proceso de elección fue demorado, pues la terna había sido presentada a los magistrados desde septiembre de 2023 y se esperaba que tomaran una decisión antes de la salida de Barbosa del cargo el 12 de febrero de este año.

El jueves 8 de febrero, día que la Sala Plena de la Corte se reunía por segunda vez para votar por las candidatas, era la última oportunidad de que se eligiera antes de la salida de Barbosa. Para ese día, en lo que se interpretó en el poder judicial como una presión indebida contra la Corte, el presidente Petro convocó a movilizaciones a nivel nacional, para que la ciudadanía le exigiera al alto tribunal una pronta decisión. Mientras los 23 magistrados votaban, el Palacio de Justicia fue rodeado por manifestantes que bloquearon las salidas del edificio. Aunque hubo dos rondas de votación, ninguna ternada consiguió los votos necesarios, lo que llevó a que la exvicefiscal Martha Mancera quedara encargada del ente investigador hasta que hubiera una decisión.

Por esa acción del presidente, quien aseguró que nunca se trató de una presión contra la Corte sino de que las personas alzaran su voz, desde el alto tribunal le pidieron al Gobierno que no presionara la decisión y que respetara la división de poderes. A la voz de la Corte Suprema se sumaron la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y voces de juristas y políticos que vieron en la convocatoria del jefe de Estado una presión del Ejecutivo sobre lo Judicial en medio de una de las decisiones más importantes para el país. Tras las manifestaciones de ese día, el presidente Petro se reunió con el magistrado Chaverra para asegurarle que había garantías.

Aunque el resto de elección se realizó en aparente calma y las asperezas fueron limadas —al menos públicamente— el alto tribunal ha insistido en repetidas ocasiones sobre el respeto a la autonomía judicial y la división y contrapeso de poderes.

Corte Constitucional:

El máximo tribunal constitucional del país ha resultado ser uno de los escenarios menos favorecedores para el presidente de la República y varias de sus iniciativas. En el último año, por ejemplo, la Corte Constitucional tumbó como fichas de dominó uno a uno el paquete de 13 decretos con los que el mandatario declaró el Estado de Emergencia en La Guajira. La Sala Plena de ese alto tribunal concluyó que aunque el gobierno buscaba mitigar los problemas que acarrearía el fenómeno del niño en esa zona del país, dotarse de facultades extraordinarias a través de decretos no era la solución a problemáticas históricas que allí se han vivido producto del abandono estatal.

Otra gran derrota que tuvo fue puntos de su reforma tributaria, con la que aspiraba a recaudar aproximadamente $20 billones en el primer año y llegar a los $50 billones en 2026. Aunque no fue tumbada en su totalidad, la Corte sí recibió y estudió varias demandas en contra de la Ley 2277 de 2022. Al revisar, la Sala Plena encontró que en algunos caso, la iniciativa tuvo vicios de trámite —es decir, que no tuvo la debida diligencia en el Congreso— o que no se calculó y socializó el impacto fiscal que tendría la reforma. Por ejemplo, la Sala Plena tumbó un artículo que con el que se buscaba recaudar billones de pesos en pagos que debían hacer empresas dedicadas a la explotación minera y petrolera, como un cobro de altos impuestos.

Otra gran derrota que acumuló el Ejecutivo en la Corte Constitucional en el último año fue la caída del decreto que creó el Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidente Francia Márquez. El alto tribunal manifestó que tras estudiar el caso constató que en el trámite de la iniciativa “el Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003″. Sin embargo, la Sala Plena determinó que el ministerio seguirá con vida hasta el 20 de junio de 2026, fecha límite que le dio al Congreso y al Gobierno para presentar y tramitar una ley para la creación de la cartera.

La Constituyente:

Además de las derrotas que acumuló el gobierno Petro en la Corte, está también la negativa que le dio el propio precedente del alto tribunal al jefe de Estado. El magistrado José Fernando Reyes respondió a la propuesta de Petro de cambiar la Carta Política. Justamente en el cumpleaños 33 de la Corte, el togado en su discurso dijo que “¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constituyentes si no hemos sido capaces de desarrollar y cumplir el pacto que forjamos en 1991?”. Asimismo, sostuvo que “la Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino, por el contrario, un texto rígido con muy relativas flexibilidades”.

Consejo de Estado:

Con el Consejo de Estado la relación y reacción a las decisiones, no ha sido tampoco la mejor. En marzo de este año, el alto tribunal le puso freno de mano al decreto que le daba vía libre al presidente Petro de regular y establecer las tarifas los servicios públicos de agua, saneamiento básico, energía y gas. Sin embargo, el alto tribunal decidió dejarla sin efectos de manera temporal mientras define de fondo si al expedirla se violó la ley o la Constitución. Además, concluyó que el Gobierno habría expedido el decreto de manera irregular, porque la norma obliga a que, previo a la firma del presidente, este tipo de normas deben ser publicadas durante 15 días para recibir comentarios de la ciudadanía.

El alto tribunal encontró que Presidencia solo publicó el texto de la norma durante dos días en su página web. A pesar de que recibieron varias intervenciones ciudadanas, no dieron razones sobre por qué cortaron el plazo en 13 días “afectando con ello, de manera ostensible e injustificada, la posibilidad de que los administrados radicaran sus opiniones, sugerencias o propuestas alternativas respecto del proyecto específico de regulación”, asegura la decisión. Sobre todo, añade el Consejo de Estado, tratándose de “un tema tan trascendental y de significativa importancia colectiva, como lo es el concerniente a la regulación de los servicios públicos domiciliarios”.

Además, el Consejo de Estado encontró que la Constitución señaló que la fijación de tarifas se debe regular por ley y hay dos leyes que le endilgan esa función a las comisiones de regulación. Es decir, a juicio del Consejo de Estado no es constitucional que el presidente “pretenda asumir competencias que, no son de su resorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG y a la CRA”, según añade el fallo. A pesar de la argumentación de la alta corte, el jefe de Estado ha dicho que las tarifas de energía en algunas regiones del país son muy altas y que no ha podido cambiarlas debido a las decisiones que ha tomado en torno a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero que se han caído tras ser declaradas nulas por el Consejo de Estado.

“Declarar irregulares los nombramientos de los comisionados de la CREG, desde que me posesioné como presidente de la República, incluida la decisión de impedirme ejercer mis funciones constitucionales como vigilante y controlador de los servicios públicos, ha logrado demorar el cambio de fórmula de las tarifas de generación de energía eléctrica para bajarlas a toda la sociedad colombiana”, sostuvo el mandatario en un reciente trino.

Se espera que en medio de tantos roces, la relación mejore lo suficiente para que, por lo menos, se pueda impulsar con el apoyo de las altas cortes el proyecto de reforma a la justicia que ya tiene varios borradores y que llegaría próximamente al Congreso. En esa iniciativa, por el momento, han participado el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

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