Dos exgobernadores de Guainía reintegrarán millones que se apropiaron con corrupción

El exgobernador de Guainía, Javier Zapata Parrado.

Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado quienes fungieron como gobernadores de Guainía entre 2012–2015 y 2016–2019, respectivamente, aceptaron cargos por corrupción. En el preacuerdo que firmaron con la Fiscalía, y al cual le falta visto bueno de la Corte Suprema, los exfuncionarios aceptaron cargos por concierto para delinquir y decenas de delitos contra la administración pública. Además, se comprometieron a reintegrarle al Estado $16.284′564.101 por el dinero que se apropiaron irregularmente.

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La investigación que cercó a estos dos exfuncionarios fue llevada a cabo a través de una metodología de identificación de patrones. “Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia detectaron una situación de macrocriminalidad, en la que los exfuncionarios, en asocio con algunos de sus entonces colaboradores, suscribieron irregularmente varios contratos de suministro y obras públicas entre 2012 y 2018, que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual”.

Por ejemplo, Rodríguez Sánchez, le reconoció a la Fiscalía el delito de concierto para delinquir, así como 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos, 35 de peculado por apropiación y 5 de cohecho propio (cuando un funcionario recibe sobornos por labores de su función). Zapata Parrado, además del concierto, aceptó 24 hechos de interés indebido en contratos, 15 de peculado por apropiación; tres de cohecho, uno de corrupción al sufragante, cuatro de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y uno de fraude procesal.

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En el preacuerdo, los exfuncionarios se comprometen a pagar penas de prisión por diez años en el caso de Rodríguez Sánchez y otros ocho para Zapata Parrado. Además, dijo la Fiscalía, “se logró un compromiso sin precedentes: la devolución de $16.284′564.101 con la transferencia del derecho de dominio de tres inmuebles y la suscripción de seis pagarés”. A la negociación, sin embargo, todavía le falta el visto bueno de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, encargada de juzgar a gobernadores. Los magistrados todavía pueden ordenar ajustes al acuerdo o negarlo de plano si hay errores.

En caso de ser aceptado, los dos exgobernadores pasarán a ser sentenciados y tendrán que reintegrar la millonaria suma pactada. El dinero que eventualmente entre a las arcas del departamento “deberá destinarse a atender programas sociales, de saneamiento básico y asistencia para las comunidades indígenas, pobres y vulnerables, como quiera que estas poblaciones fueron las directamente afectadas con el comportamiento ilícito de los exgobernadores”, dijo la Fiscalía.