Dos miembros de Temblores salieron del país por denuncias de seguimientos ilegales

Dos miembros de la ong Temblores salieron del país esta semana, pues recibieron información de que estarían siendo perseguidos. La organización, reconocida por su labor en documentar agresiones de la Policía contra manifestantes en las protestas y que ganó gran notoriedad en el paro nacional de este año, le pidió a la Fiscalía que le informe si alguno de sus integrantes está siendo investigado.

(Le puede interesar: El patrón de castigo que estaría detrás de las lesiones oculares)

Según un derecho de petición que Temblores radicó en el ente investigador, el 6 de diciembre del 2021 pasado recibieron información de una fuente que asegura que hay órdenes de seguimiento e interceptación en contra de los dos miembros de su organización que salieron del país. Así las cosas, le pidieron a la entidad que les informe si hay algún proceso penal en marcha en contra de ellos o algún otro de sus miembros.

Además, desde Temblores preguntaron si existen órdenes de seguimiento en su contra y pidieron que, de ser así, les entreguen copias de cualquier acto administrativo u orden judicial en contra de los miembros de su organización. También pidieron que, si existen tales seguimientos y actualmente no tienen un fundamento jurídico, las acciones deben cesar.

(Lea también: Temblores ONG, la organización que ha documentado la violencia policial en Colombia)

En el derecho de petición explicaron que, de existir, los seguimientos en contra de su organización sería una forma de hostigamiento en contra de su labor de activistas y defensores de derechos humanos. Además, podrían poner en riesgo el privilegio de secreto profesional en las comunicaciones abogado-cliente, pues a la fecha Temblores lleva la representación de 213 personas víctimas de acciones de la Fuerza Pública a través su clínica de justicia.

Solo en el paro nacional de 2021, Temblores registró a través de su plataforma, GRITA, 5.000 hechos de violencia por parte de miembros de la Policía contra manifestantes de todo el país. Su más reciente informe, Tiros a la vista, que elaboraron con Amnistía Internacional, documentó al menos 103 traumas oculares ocasionados presuntamente por uniformados en el marco de manifestaciones y concluyó que estos hechos obedecerían a un mal manejo de las armas y a un patrón de castigo a los jóvenes que protestan.

(Lea también: Los puntos claves del nuevo proyecto que busca la reforma policial)

Su labor ha sido reconocida y es tenida en cuenta por organizaciones de derechos humanos internacionales y hasta por entidades del Estado. De hecho, la propia Fiscalía ha recibido varios de sus informes y los tiene en cuenta en sus propias investigaciones. Mientras el ente investigador contesta a sus preguntas y dos de sus miembros están fuera del país, los miembros de Temblores, junto a sus abogados, evalúan qué acciones adicionales tomar. Según supo este diario, no descartan instancias internacionales.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Dos miembros de la ong Temblores salieron del país esta semana, pues recibieron información de que estarían siendo perseguidos. La organización, reconocida por su labor en documentar agresiones de la Policía contra manifestantes en las protestas y que ganó gran notoriedad en el paro nacional de este año, le pidió a la Fiscalía que le informe si alguno de sus integrantes está siendo investigado.

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Según un derecho de petición que Temblores radicó en el ente investigador, el 6 de diciembre del 2021 pasado recibieron información de una fuente que asegura que hay órdenes de seguimiento e interceptación en contra de los dos miembros de su organización que salieron del país. Así las cosas, le pidieron a la entidad que les informe si hay algún proceso penal en marcha en contra de ellos o algún otro de sus miembros.

Además, desde Temblores preguntaron si existen órdenes de seguimiento en su contra y pidieron que, de ser así, les entreguen copias de cualquier acto administrativo u orden judicial en contra de los miembros de su organización. También pidieron que, si existen tales seguimientos y actualmente no tienen un fundamento jurídico, las acciones deben cesar.

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En el derecho de petición explicaron que, de existir, los seguimientos en contra de su organización sería una forma de hostigamiento en contra de su labor de activistas y defensores de derechos humanos. Además, podrían poner en riesgo el privilegio de secreto profesional en las comunicaciones abogado-cliente, pues a la fecha Temblores lleva la representación de 213 personas víctimas de acciones de la Fuerza Pública a través su clínica de justicia.

Solo en el paro nacional de 2021, Temblores registró a través de su plataforma, GRITA, 5.000 hechos de violencia por parte de miembros de la Policía contra manifestantes de todo el país. Su más reciente informe, Tiros a la vista, que elaboraron con Amnistía Internacional, documentó al menos 103 traumas oculares ocasionados presuntamente por uniformados en el marco de manifestaciones y concluyó que estos hechos obedecerían a un mal manejo de las armas y a un patrón de castigo a los jóvenes que protestan.

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Su labor ha sido reconocida y es tenida en cuenta por organizaciones de derechos humanos internacionales y hasta por entidades del Estado. De hecho, la propia Fiscalía ha recibido varios de sus informes y los tiene en cuenta en sus propias investigaciones. Mientras el ente investigador contesta a sus preguntas y dos de sus miembros están fuera del país, los miembros de Temblores, junto a sus abogados, evalúan qué acciones adicionales tomar. Según supo este diario, no descartan instancias internacionales.

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