Drogas La Rebaja siempre ha sido de los Rodríguez Orejuela

Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela nunca perdieron el control de sus empresas: ni de Drogas La Rebaja, ni de Blanco Pharma, ni de Laboratorios Kressfor, y estar encarcelados no fue impedimento para que ellos estuvieran al tanto de cada movimiento. Así se lo afirmaron Guillermo Pallomari y Daniel Gómez Serrano, antiguos hombres de confianza del cartel de Cali, a la Fiscalía, y ésta, tras comprobar varias de sus afirmaciones, decidió llamar a juicio a la esposa de Miguel Rodríguez, los hijos de éste, los hijos de Gilberto Rodríguez y otros cuantos colaboradores del cartel.

Llamar a juicio a Jaime, Humberto y María Alexandra Rodríguez Mondragón; así como a María Fernanda y Juan Miguel Rodríguez Arbeláez junto con su madre, Amparo Arbeláez Pardo, fue un proceso lento. Desde mayo de 1999 la Fiscalía ya estaba haciendo indagaciones previas pues sospechaba que las empresas de los Rodríguez Orejuela, esas que supuestamente habían adquirido los trabajadores para que las compañías no cerraran y éstos quedaran en la calle, seguían bajo el poder de los hermanos vallecaucanos. Pero el caso no avanzaba. Entre 2000 y 2011 el caso pasó por los despachos de seis fiscales. Y no pasaba mayor cosa.

En un expediente de 130 páginas, conocido por este diario, la Fiscalía señaló que los trabajadores de Drogas La Rebaja, Blanco Pharma y Laboratorios Kressfor, agrupados en las cooperativas Copservir y Cosmepop, fueron manipulados por una colaboradora de los Rodríguez Orejuela para conformar esas asociaciones y facilitar –sin ser conscientes de ello, dice la Fiscalía– la supuesta legalización de las empresas. Esa mujer, llamada María Teresa Quiazua, había sido relacionista pública de Drogas La Rebaja y de Kressfor. El manipulado personal, quizá por el afán y preocupación ante el pronóstico de desempleo, creyeron en la propuesta salvadora, sin percatarse de que los 'titiriteros' detrás de toda la operación eran los hermanos Rodríguez Orejuela, interesados en seguir blanqueando sus capitales.

Los movimientos financieros realizados por Quiazua fueron claves para los investigadores. Analizaron las cinco cuentas que abrió en el Banco Caja Agraria, seis en Granahorrar, otras seis en el Banco del Estado y cuatro en Bancafé. La Policía Judicial encontró que los recursos manejados en esas cuentas representaban "cantidades considerables de dinero que no tienen soporte claro". Las cuentas las abría sólo ella, y ante la cantidad exorbitante de dinero que movía, los bancos prendieron sus alarmas y reportaron sus transacciones. "Las cuentas que abren sólo las utilizan por dos meses para luego abrir otra y continuar manejando recursos", se notificó.

Quiazua, así como los hijos de los hermanos Rodríguez Orejuela, se defendieron manifestando que nunca habían orquestado la compra "ficticia" de Drogas La Rebaja, Blanco Pharma y Laboratorios Kressfor para facilitar a los Rodríguez el lavado de dinero, tal como sostiene la Fiscalía. Ellos argumentaron, además, que los capos del cartel de Cali habían firmado un acuerdo con la justicia norteamericana para entregar todos sus bienes adquiridos ilegalmente, a cambio de que se cerraran las investigaciones en contra de su núcleo familiar, compuesto por 28 personas, entre los que se encontraban por supuesto los hijos de Miguel y Gilberto Rodríguez.

La Fiscalía, sin embargo, refutó ese argumento de un tajo: indicó que en el mencionado acuerdo no se reseñaron los hechos específicos con respecto a los cuales la justicia estadounidense se había comprometido a no investigar a los familiares de los capos. "Atendiendo a que nada se conoce respecto de aquellos por los que las autoridades norteamericanas se comprometieron a no entablar acción judicial, mal puede el despacho asumir o deducir o adivinar que los que aquí fueron objeto de investigación, son los mismos a los que sin concreción alguna se refiere el tantas veces citado acuerdo".

Los familiares de los Rodríguez Orejuela argumentaron también que los testigos claves de la Fiscalía en este caso, Guillermo Pallomari y Daniel Gómez Serrano, no eran válidos. "El señor Pallomari tiene razones para mentir, pues señaló a Miguel Rodríguez como responsable de la muerte de su esposa", anotó el defensor de Humberto Rodríguez. Ni la Fiscalía ni la Procuraduría, no obstante, compraron el argumento. "Existe mérito suficiente para proferir resolución de acusación contra los sindicados por lavado de activos. Todas las empresas de los Rodríguez Orejuela fueron puestas a nombre de familiares y amigos a fin de evitar investigaciones por enriquecimiento ilícito y evitar el despojo de las mismas", manifestó el Ministerio Público, agregando sobre Pallomari que era un "testigo claro, coherente, sin contradicciones y directo".

Así las cosas, los hijos de Gilberto Rodríguez, la esposa y los hijos de Miguel Rodríguez, y cinco supuestos excolaboradores del cartel de Cali irán a juicio por haber intentado engañar a las autoridades, tratando de hacerles creer que Drogas La Rebaja, Blanco Pharma y Laboratorios Kressfor habían pasado a manos de los trabajadores de estas empresas, cuando en realidad seguían siendo manejadas a la sombra por 'El Ajedrecista' y 'El Señor'. Esa es la tesis con la que la Fiscalía pretende que un juez de la República los condene.

Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela nunca perdieron el control de sus empresas: ni de Drogas La Rebaja, ni de Blanco Pharma, ni de Laboratorios Kressfor, y estar encarcelados no fue impedimento para que ellos estuvieran al tanto de cada movimiento. Así se lo afirmaron Guillermo Pallomari y Daniel Gómez Serrano, antiguos hombres de confianza del cartel de Cali, a la Fiscalía, y ésta, tras comprobar varias de sus afirmaciones, decidió llamar a juicio a la esposa de Miguel Rodríguez, los hijos de éste, los hijos de Gilberto Rodríguez y otros cuantos colaboradores del cartel.

Llamar a juicio a Jaime, Humberto y María Alexandra Rodríguez Mondragón; así como a María Fernanda y Juan Miguel Rodríguez Arbeláez junto con su madre, Amparo Arbeláez Pardo, fue un proceso lento. Desde mayo de 1999 la Fiscalía ya estaba haciendo indagaciones previas pues sospechaba que las empresas de los Rodríguez Orejuela, esas que supuestamente habían adquirido los trabajadores para que las compañías no cerraran y éstos quedaran en la calle, seguían bajo el poder de los hermanos vallecaucanos. Pero el caso no avanzaba. Entre 2000 y 2011 el caso pasó por los despachos de seis fiscales. Y no pasaba mayor cosa.

En un expediente de 130 páginas, conocido por este diario, la Fiscalía señaló que los trabajadores de Drogas La Rebaja, Blanco Pharma y Laboratorios Kressfor, agrupados en las cooperativas Copservir y Cosmepop, fueron manipulados por una colaboradora de los Rodríguez Orejuela para conformar esas asociaciones y facilitar –sin ser conscientes de ello, dice la Fiscalía– la supuesta legalización de las empresas. Esa mujer, llamada María Teresa Quiazua, había sido relacionista pública de Drogas La Rebaja y de Kressfor. El manipulado personal, quizá por el afán y preocupación ante el pronóstico de desempleo, creyeron en la propuesta salvadora, sin percatarse de que los 'titiriteros' detrás de toda la operación eran los hermanos Rodríguez Orejuela, interesados en seguir blanqueando sus capitales.

Los movimientos financieros realizados por Quiazua fueron claves para los investigadores. Analizaron las cinco cuentas que abrió en el Banco Caja Agraria, seis en Granahorrar, otras seis en el Banco del Estado y cuatro en Bancafé. La Policía Judicial encontró que los recursos manejados en esas cuentas representaban "cantidades considerables de dinero que no tienen soporte claro". Las cuentas las abría sólo ella, y ante la cantidad exorbitante de dinero que movía, los bancos prendieron sus alarmas y reportaron sus transacciones. "Las cuentas que abren sólo las utilizan por dos meses para luego abrir otra y continuar manejando recursos", se notificó.

Quiazua, así como los hijos de los hermanos Rodríguez Orejuela, se defendieron manifestando que nunca habían orquestado la compra "ficticia" de Drogas La Rebaja, Blanco Pharma y Laboratorios Kressfor para facilitar a los Rodríguez el lavado de dinero, tal como sostiene la Fiscalía. Ellos argumentaron, además, que los capos del cartel de Cali habían firmado un acuerdo con la justicia norteamericana para entregar todos sus bienes adquiridos ilegalmente, a cambio de que se cerraran las investigaciones en contra de su núcleo familiar, compuesto por 28 personas, entre los que se encontraban por supuesto los hijos de Miguel y Gilberto Rodríguez.

La Fiscalía, sin embargo, refutó ese argumento de un tajo: indicó que en el mencionado acuerdo no se reseñaron los hechos específicos con respecto a los cuales la justicia estadounidense se había comprometido a no investigar a los familiares de los capos. "Atendiendo a que nada se conoce respecto de aquellos por los que las autoridades norteamericanas se comprometieron a no entablar acción judicial, mal puede el despacho asumir o deducir o adivinar que los que aquí fueron objeto de investigación, son los mismos a los que sin concreción alguna se refiere el tantas veces citado acuerdo".

Los familiares de los Rodríguez Orejuela argumentaron también que los testigos claves de la Fiscalía en este caso, Guillermo Pallomari y Daniel Gómez Serrano, no eran válidos. "El señor Pallomari tiene razones para mentir, pues señaló a Miguel Rodríguez como responsable de la muerte de su esposa", anotó el defensor de Humberto Rodríguez. Ni la Fiscalía ni la Procuraduría, no obstante, compraron el argumento. "Existe mérito suficiente para proferir resolución de acusación contra los sindicados por lavado de activos. Todas las empresas de los Rodríguez Orejuela fueron puestas a nombre de familiares y amigos a fin de evitar investigaciones por enriquecimiento ilícito y evitar el despojo de las mismas", manifestó el Ministerio Público, agregando sobre Pallomari que era un "testigo claro, coherente, sin contradicciones y directo".

Así las cosas, los hijos de Gilberto Rodríguez, la esposa y los hijos de Miguel Rodríguez, y cinco supuestos excolaboradores del cartel de Cali irán a juicio por haber intentado engañar a las autoridades, tratando de hacerles creer que Drogas La Rebaja, Blanco Pharma y Laboratorios Kressfor habían pasado a manos de los trabajadores de estas empresas, cuando en realidad seguían siendo manejadas a la sombra por 'El Ajedrecista' y 'El Señor'. Esa es la tesis con la que la Fiscalía pretende que un juez de la República los condene.