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La multinacional minera Drummond rechazó, por medio de un comunicado, la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de llamar al condenado contratista de alimentos, Jaime Blanco Maya, a declarar ante esta entidad. La compañía argumentó que le ha compartido a la Jurisdicción al menos ocho memoriales con aproximadamente mil folios de evidencias que acreditarían las inconsistencias en las declaraciones que Blanco ha presentado, tanto ante la justicia ordinaria como ante la JEP.
Particularmente, el próximo 7 y 8 de mayo, Blanco Maya tiene una cita crucial ante la JEP, en la cual debe develar todo lo que sabe sobre la presunta financiación de la multinacional minera a las Autodefensas Unidas de Colombia. El hombre será escuchado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, en el marco del proceso en el que buscó beneficios penales a cambio de su verdad.
Sobre esta citación, la multinacional señaló que las declaraciones entregas en otras ocasiones por Blanco Maya obedecerían “al relato que fabricó para abogados estadounidenses liderados por el señor Terry Collingsworth, que promovieron demandas en contra de Drummond en Estados Unidos”. Sobre esto presuntamente existirían pruebas que demostrarían la relación entre varios pagos a su favor y el relato incriminatorio de Blanco Maya.
“El testigo utilizó como intermediario al abogado Iván Otero para solicitar un pago de $150.000 dólares como condición para colaborar con su declaración”, se lee en el comunicado compartido por la compañía. Sumado a esto, según la multinacional, las autoridades estadounidenses habrían identificado irregularidades en los pagos que el implicado recibió.
Es por este motivo que Drummond le hizo un llamado a la JEP para que estudie las decisiones que fueron tomadas por la justicia de los Estados Unidos y acepte las pruebas que habrían estado aportando en los últimos tres años. Finalmente, también señalaron que Blanco Maya habría faltado al compromiso de verdad que adquirió con dicha Jurisdicción.
Blanco Maya está condenado por homicidio agravado por los asesinatos del presidente y vicepresidente del sindicado Sintramienergéttica, Valmore Lorcano y Víctor Hugo Orcasita, en marzo de 2001. Ambas víctimas eran sindicalistas de la minera Drummond en la costa caribe y fueron víctimas de un ataque armado en zona rural de Bosconia (Cesar), justamente donde la minera explota yacimientos de carbón.
El sentenciado comerciante está condenado como el autor de ambos crímenes y fue aceptado por la JEP el 26 de noviembre de 2019, luego de presentar ante esta justicia un plan de “verdad, reparación y de garantías”. En ese esquema señaló que “esclarecerá la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la Drummond entre 1993 y 2002, en las que cumplió un rol de intermediario (...) y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”.
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