En cese al fuego, autodefensas y disidencias cometieron 48 violaciones a DD. HH.
Entre mayo y junio del 2023, en medio del cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno Nacional a comienzos de este año, las disidencias de las FARC, conocidas como Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, realizaron casi 50 acciones violentas que afectaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Defensoría del Pueblo informó que entre el 19 de mayo y el 18 de junio del 2023, en medio del cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno de Gustavo Petro a comienzos de este año, las disidencias de las FARC, conocidas como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, ejecutaron 48 hechos violentos que afectaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
El registro se evidencia en el sexto boletín de la Defensoría del Pueblo, el cual le hace seguimiento a los tres ceses al fuego decretados por el Gobierno Nacional el primero de enero de 2023. En el documento se da cuenta de que ha habido acciones indirectas contra la población civil, como amenazas, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras acciones.
En contexto: ELN ordena a sus estructuras alistarse para cese al fuego con la Fuerza Pública
Los grupos armados ilegales, de acuerdo con la entidad, mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades. Asimismo, en el boletín se evidencia que, aunque solo se presentó una acción bélica entre la fuerza pública y el Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente al Estado Mayor Central, en Andes (Nariño) los dos grupos armados ilegales mantienen su accionar criminal.
“En este sexto monitoreo evidenciamos que los grupos armados con los que el Gobierno pactó el cese al fuego bilateral no acatan el Derecho Internacional Humanitario, lo que pone en grave riesgo los derechos, la integridad y la vida de la población civil”, aseguró mediante un comunicado el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis. Además, se detalló que las acciones indirectas o violaciones a los derechos humanos y al DIH tuvieron lugar en los departamentos de Nariño (8), Antioquia (6), Putumayo (6), Cauca (5), Huila (5), Arauca (4), Casanare (3), Valle del Cauca (3), Guaviare (2), Meta (2), Caquetá (2), Córdoba (1) y Boyacá (1).
“Estos grupos armados ilegales mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades, así lo hemos evidenciado en las distintas Alertas Tempranas que hemos emitido desde la Defensoría del Pueblo”, resaltó Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo evidenció, por ejemplo, enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, como el ocurrido entre el Frente 4 de las disidencias de las Farc, en articulación con el ELN, y el Clan del Golfo en El Bagre (Antioquia), a finales de mayo. También dejó en evidencia el que sucedió entre el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN en Silvia (Cauca), el 1 de junio.
Igualmente, se han presentado acciones indirectas, como el homicidio de un firmante de paz en Vista Hermosa (Meta), el 20 de mayo. Al Estado Mayor Central se le atribuye el homicidio de un habitante de la inspección Guacamayas, en San Vicente del Caguán (Caquetá) en esa misma fecha. Los grupos armados, además, explica la Defensoría han detonado artefactos explosivos, obligado a los pobladores a asistir a reuniones, instalado pancartas, entregado boletines y enviado videos con mensajes, en ocasiones, intimidantes o alusivos a los grupos armados.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Defensoría del Pueblo informó que entre el 19 de mayo y el 18 de junio del 2023, en medio del cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno de Gustavo Petro a comienzos de este año, las disidencias de las FARC, conocidas como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, ejecutaron 48 hechos violentos que afectaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
El registro se evidencia en el sexto boletín de la Defensoría del Pueblo, el cual le hace seguimiento a los tres ceses al fuego decretados por el Gobierno Nacional el primero de enero de 2023. En el documento se da cuenta de que ha habido acciones indirectas contra la población civil, como amenazas, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras acciones.
En contexto: ELN ordena a sus estructuras alistarse para cese al fuego con la Fuerza Pública
Los grupos armados ilegales, de acuerdo con la entidad, mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades. Asimismo, en el boletín se evidencia que, aunque solo se presentó una acción bélica entre la fuerza pública y el Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente al Estado Mayor Central, en Andes (Nariño) los dos grupos armados ilegales mantienen su accionar criminal.
“En este sexto monitoreo evidenciamos que los grupos armados con los que el Gobierno pactó el cese al fuego bilateral no acatan el Derecho Internacional Humanitario, lo que pone en grave riesgo los derechos, la integridad y la vida de la población civil”, aseguró mediante un comunicado el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis. Además, se detalló que las acciones indirectas o violaciones a los derechos humanos y al DIH tuvieron lugar en los departamentos de Nariño (8), Antioquia (6), Putumayo (6), Cauca (5), Huila (5), Arauca (4), Casanare (3), Valle del Cauca (3), Guaviare (2), Meta (2), Caquetá (2), Córdoba (1) y Boyacá (1).
“Estos grupos armados ilegales mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades, así lo hemos evidenciado en las distintas Alertas Tempranas que hemos emitido desde la Defensoría del Pueblo”, resaltó Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo evidenció, por ejemplo, enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, como el ocurrido entre el Frente 4 de las disidencias de las Farc, en articulación con el ELN, y el Clan del Golfo en El Bagre (Antioquia), a finales de mayo. También dejó en evidencia el que sucedió entre el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN en Silvia (Cauca), el 1 de junio.
Igualmente, se han presentado acciones indirectas, como el homicidio de un firmante de paz en Vista Hermosa (Meta), el 20 de mayo. Al Estado Mayor Central se le atribuye el homicidio de un habitante de la inspección Guacamayas, en San Vicente del Caguán (Caquetá) en esa misma fecha. Los grupos armados, además, explica la Defensoría han detonado artefactos explosivos, obligado a los pobladores a asistir a reuniones, instalado pancartas, entregado boletines y enviado videos con mensajes, en ocasiones, intimidantes o alusivos a los grupos armados.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.