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En un informe de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los derechos humanos en Colombia, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), manifiesta que el paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social han generado riesgos que afectan el cumplimiento sus labores y de los demás componentes del Sistema Integral para la Paz.
JEP advierte que tratamiento dado a la protesta social generó hondas repercusiones en el trabajo del Sistema Integral para la Paz.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 1, 2021
📝Durante el paro nacional han aumentado los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema. pic.twitter.com/E7vYldeL8E
La UIA dice que, de acuerdo con este reporte, la situación es “preocupante” ya que entre el 28 de abril y el 30 de mayo de 2021 aumentaron los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz, esto en comparación con las cifras de los mismos meses en los años 2017 a 2020.
En cifras, el documento dice: “En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores”. En el informe de la UIA, dicen que “esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”.
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Adicionalmente, el documento dice que la UIA cuenta con un registro de 16 afectaciones dirigidas en contra de organizaciones intervinientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Según manifestaron, las organizaciones son el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Pueblo Awá, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y los Pueblos Indígenas del Norte del Cauca.
Según el Sistema de Monitoreo de Riesgos, las organizaciones más afectadas son el CRIC que recibió ocho y el Comité de Solidaridad de Presos Políticos con tres. Los hechos se han presentado en siete departamentos del país y se han concentrado en el Valle del Cauca que lidera con cinco amenazas y le siguen Cauca y Bogotá, cada una con dos.
El Espectador conoció que para la UIA en términos de frecuencia, Colombia ha sido el segundo país con la tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo (un muerto cada 36 horas), y que el paro nacional de 2021 tiene las cifras más altas de muertes violentas de personas que han participado en escenarios de protesta social en los últimos 44 años.
A su vez, el informe advierte del surgimiento de grupos de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social. Según el documento, “con ocasión del paro nacional, hay evidencias en por lo menos 27 ciudades, sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”. De la misma manera, el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la UIA identificó al menos 12 casos de violencia sexual contra manifestantes, así como uno contra una mujer policía en el transcurso del paro nacional.
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La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP consideran que esta situación es alarmante, ya que, “es probable que varias organizaciones intervinientes ante el Sistema Integral para la Paz incrementen su situación de riesgo de seguridad, por lo que se estarían presentando amenazas que tienen el potencial de obstruir su participación efectiva en los procesos que desarrollen las entidades del Sistema en el futuro”.
De la misma manera, se expuso en el documento: “desde el inicio de la pandemia del Covid 19 en marzo de 2020 hasta mayo de 2021, Colombia presenta niveles altos de afectación al derecho a la vida en el marco de la protesta social, en comparación con países con rasgos menos democráticos como Egipto, Chad, Bielorrusia y Nigeria”.
Finalmente, la UIA alertó sobre los riesgos que implican para la democracia y la paz la existencia de conductas que revelan la violación del derecho a la vida en el marco de la protesta social. Según estimaciones de la propia entidad, superando inclusive las cifras de países que son autoritarios o poco democráticos.