Durante seis meses, exgobernador Lyons seguirá colaborando con la justicia

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Jhon Jairo Ortiz, prorrogó por seis meses más el principio de oportunidad que le otorgó la Fiscalía al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien estuvo inmerso en el escándalo del Cartel de la Toga, en el que se registró un entramado de corrupción al interior de la justicia, y el Cartel de la Hemofilia en el que se desviaron recursos en el departamento que presidió.

El principio de oportunidad que fue prorrogado este martes, se suscribió en septiembre de 2017 y se postergará hasta el 23 de febrero del próximo año. En el pacto con el ente acusador, el exgobernador se comprometió a revelar información que permitiera vislumbrar lo que ocurrió con las regalías de Córdoba y contra miembros del denominado Cartel de la Toga, en el que participaron varios magistrados y abogados que solicitaban cuantiosas sumas de dinero a cambio de amañar procesos judiciales contra aforados.

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Entre otras cosas, Lyons se comprometió a devolver alrededor de 4.000 millones de pesos, obligación que, según la Contraloría de la República, está en trámite. El acuerdo que firmó el exgobernador con la Fiscalía era precisamente para colaborar con la justicia y como beneficio cesaba la persecución judicial en su contra por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, cargos que le fueron endilgados.

El exgobernador que ha estado bajo la lupa de las autoridades fue capturado el pasado 12 de mayo, y es requerido por las autoridades colombianas para que responda por el delito de concierto para delinquir. A finales de julio se conoció, a través del ministro de justicia Wilson Ruiz, que el Gobierno de Estados Unidos adelanta los trámites para su extradición.

A pesar de ser condenado en Colombia, el exgobernador había logrado quedarse en Estados Unidos por su colaboración con las agencias federales. Su aporte a la justicia ayudó, por ejemplo, a condenar al abogado Leonardo Luis Pinilla y al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno por lavado de activos. En las investigaciones se conoció que en grabaciones monitoreadas por la DEA, el exfiscal Moreno le pidió $100 millones a Lyons para embolatar los procesos que había en su contra en la Fiscalía y que alimentaban una imputación por 20 delitos.

Entre otras cosas, Lyons ha estado en el ojo del huracán por los procesos judiciales que le dejaron una condena, en 2018, por el desfalco que se presentó en Córdoba durante su administración. Según la Fiscalía, las irregularidades comenzaron en el segundo semestre del 2011, se extendieron hasta 2015, y le habrían costado al erario del departamento al menos $87.000 millones.

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De acuerdo con la investigación que se le hizo en su momento a Lyons, se conoció que se apropió de $8.900 millones de los contratos del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en Córdoba mientras estuvo en la Gobernación. Según la Fiscalía, Lyons no trabajó solo y, durante un tiempo, estuvieron implicados el exsenador Musa Besaile y el también exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile. Sobre estos últimos, Lyons se comprometió a entregar información a las autoridades.

Además de la prórroga en el principio de oportunidad, la más reciente decisión en su contra está vez disciplinaria, es que la Procuraduría le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades relacionadas con el pago efectuado a varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). La decisión también cobijó a Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José Arauchán Narváez y Edwin de Jesús Preciado Lorduy.

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De acuerdo con las pruebas recaudadas por el Ministerio Público, los exsecretarios de salud habrían ordenado pagos por más de 7.700 millones de pesos a tres IPS sin la existencia de un contrato legalmente celebrado entre los prestadores del servicio y la Gobernación de Córdoba.

“Se reprocha además la conducta del exgobernador Lyons Muskus quien presuntamente no ejerció la vigilancia y el control sobre las actividades delegadas, lo que conllevó a que, durante las vigencias 2014 y 2015, se ordenaran los cuestionados pagos por la prestación de servicios de rehabilitación en salud”, dijo el Ministerio Público el pasado 13 de agosto.

Para el ente de control, si bien el exgobernador no tenía que ejercer directamente las funciones propias de sus exsecretarios, si tenía la obligación de asegurarse de que estos cumplieran con lo dispuesto en la ley.