Duro golpe a Carlos Albornoz

Las investigaciones sobre la rifa de bienes incautados a la mafia de la que fue víctima la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), empiezan a tener los primeros efectos. La Procuraduría inhabilitó por 14 años al exdirector de la DNE entre 2006 y 2009, Carlos Albornoz, para ocupar cargos públicos pues evidenció la falta de protección y control a la administración de inmuebles y sociedades que estaban en manos del Estado. Un escándalo que puso en su momento a 13 congresistas y excongresistas en aprietos al ser señalados de influir en nombramientos de depositarios para hacerse acreedores de jugosos beneficios económicos.

En el fallo de 138 páginas se estableció que el exdirector de la DNE tiene una responsabilidad directa sobre la omisión en la vigilancia y protección del predio La Argentina —ubicada en la vereda San Peregrino en Manizales—, una finca dedicada al cultivo de café y que le fue quitada a Jorge Eduardo Mejía. El problema que giraba en torno a este inmueble era que su depositario, Luis Fernando Vargas Vargas, había dejado decaer su productividad y permitía que las cosechas recogidas las vendiera Mejía, ocasionando que el Estado no recibiera los beneficios económicos, que estaban alrededor de los $700 millones. Según la Procuraduría, la DNE no hizo nada para evitar que esta situación siguiera ocurriendo, pese a las quejas que se registraban en los informes de  la entidad.

Los manejos irregulares en la administración del hotel Chinauta Resort, ubicado en Girardot (Cundinamarca) y que pertenecía al narcotraficante Justo Pastor Perafán, también pusieron en aprietos a Albornoz. Para el Ministerio Público, se cometieron serias irregularidades en la designación de Zaira Samira Villamil como la depositaria del hotel, ya que no tenía experiencia en el campo de la hotelería y turismo. Asimismo, en la providencia se señaló que el propio Sindicato de Trabajadores Colombianos de Hoteles solicitó que se removiera del cargo a Villamil, ya que estaba provocando un abismo en las finanzas del Chinauta Resort, al ser esta una abogada financiera y no administradora de empresas. En este caso se ha mencionado que la depositaria era una cuota del senador Álvaro Ashton.

El tercer lío, que terminó de sepultar la carrera política del exdirector de la DNE, fue la liquidación de la Sociedad Promociones y Construcciones del Caribe Ltda. (Promocon), que tenía a su cargo bienes que pertenecían al clan Nasser Arana. Según indicó la Procuraduría, se cometió una irregularidad al designar como agente liquidador al exfiscal de la unidad antimafia Camilo Bula —quien está siendo judicializado por la Fiscalía por este caso—, porque según registraron dos resoluciones de la DNE, Albornoz no tenía competencia para hacer este nombramiento.

Además, el Ministerio Público puntualizó que Albornoz benefició económicamente a Bula cuando estableció sus honorarios para realizar esta labor. El caso Promocon ha sido uno de los más sonados dentro del escándalo de la DNE y en el que Bula se ha convertido en el principal testigo de la Fiscalía al revelar cómo, a través de la venta de distintos inmuebles de la sociedad, se entregaron dádivas a políticos, como el exsenador Javier Cáceres Leal —condenado a nueve años de prisión por sus vínculos con los paramilitares—, de quien dijo que había recibido $1.000 millones producto de estas operaciones, que según las pesquisas de la Fiscalía desangraron a la Nación en más de $20.000 millones.

Dentro del proceso, Albornoz, en su defensa, manifestó que no podía responder por actuaciones de sus subalternos y que era imposible que estuviera al frente de los 75 mil bienes que estaban a cargo de la entidad. Sin embargo, el Ministerio Público fue enfático en señalar que “no puede pensarse que por razón de la existencia de funciones generales como fijar la política de la entidad, su jefe pueda mostrarse ajeno a la responsabilidad derivada de las irregularidades cometidas en asuntos puntuales y que denotan un grado de importancia (...) recuérdese que de su cargo son exigibles los deberes de control, vigilancia, seguimiento y cuidado a los deberes de sus subalternos. De no ser así, ningún dirigente estatal a nivel directivo estaría llamado a responder disciplinariamente”.

El exdirector actualmente afronta un proceso judicial por el predio Granja 32, que pertenecía al extinto narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán y estaba ubicado en Cota (Cundinamarca). El problema es que, al parecer, habría sido vendido por un precio bastante inferior al real y por esta razón le imputaron cargos por acceso abusivo al sistema informático, concierto para delinquir, peculado por apropiación, concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción.

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez

Las investigaciones sobre la rifa de bienes incautados a la mafia de la que fue víctima la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), empiezan a tener los primeros efectos. La Procuraduría inhabilitó por 14 años al exdirector de la DNE entre 2006 y 2009, Carlos Albornoz, para ocupar cargos públicos pues evidenció la falta de protección y control a la administración de inmuebles y sociedades que estaban en manos del Estado. Un escándalo que puso en su momento a 13 congresistas y excongresistas en aprietos al ser señalados de influir en nombramientos de depositarios para hacerse acreedores de jugosos beneficios económicos.

En el fallo de 138 páginas se estableció que el exdirector de la DNE tiene una responsabilidad directa sobre la omisión en la vigilancia y protección del predio La Argentina —ubicada en la vereda San Peregrino en Manizales—, una finca dedicada al cultivo de café y que le fue quitada a Jorge Eduardo Mejía. El problema que giraba en torno a este inmueble era que su depositario, Luis Fernando Vargas Vargas, había dejado decaer su productividad y permitía que las cosechas recogidas las vendiera Mejía, ocasionando que el Estado no recibiera los beneficios económicos, que estaban alrededor de los $700 millones. Según la Procuraduría, la DNE no hizo nada para evitar que esta situación siguiera ocurriendo, pese a las quejas que se registraban en los informes de  la entidad.

Los manejos irregulares en la administración del hotel Chinauta Resort, ubicado en Girardot (Cundinamarca) y que pertenecía al narcotraficante Justo Pastor Perafán, también pusieron en aprietos a Albornoz. Para el Ministerio Público, se cometieron serias irregularidades en la designación de Zaira Samira Villamil como la depositaria del hotel, ya que no tenía experiencia en el campo de la hotelería y turismo. Asimismo, en la providencia se señaló que el propio Sindicato de Trabajadores Colombianos de Hoteles solicitó que se removiera del cargo a Villamil, ya que estaba provocando un abismo en las finanzas del Chinauta Resort, al ser esta una abogada financiera y no administradora de empresas. En este caso se ha mencionado que la depositaria era una cuota del senador Álvaro Ashton.

El tercer lío, que terminó de sepultar la carrera política del exdirector de la DNE, fue la liquidación de la Sociedad Promociones y Construcciones del Caribe Ltda. (Promocon), que tenía a su cargo bienes que pertenecían al clan Nasser Arana. Según indicó la Procuraduría, se cometió una irregularidad al designar como agente liquidador al exfiscal de la unidad antimafia Camilo Bula —quien está siendo judicializado por la Fiscalía por este caso—, porque según registraron dos resoluciones de la DNE, Albornoz no tenía competencia para hacer este nombramiento.

Además, el Ministerio Público puntualizó que Albornoz benefició económicamente a Bula cuando estableció sus honorarios para realizar esta labor. El caso Promocon ha sido uno de los más sonados dentro del escándalo de la DNE y en el que Bula se ha convertido en el principal testigo de la Fiscalía al revelar cómo, a través de la venta de distintos inmuebles de la sociedad, se entregaron dádivas a políticos, como el exsenador Javier Cáceres Leal —condenado a nueve años de prisión por sus vínculos con los paramilitares—, de quien dijo que había recibido $1.000 millones producto de estas operaciones, que según las pesquisas de la Fiscalía desangraron a la Nación en más de $20.000 millones.

Dentro del proceso, Albornoz, en su defensa, manifestó que no podía responder por actuaciones de sus subalternos y que era imposible que estuviera al frente de los 75 mil bienes que estaban a cargo de la entidad. Sin embargo, el Ministerio Público fue enfático en señalar que “no puede pensarse que por razón de la existencia de funciones generales como fijar la política de la entidad, su jefe pueda mostrarse ajeno a la responsabilidad derivada de las irregularidades cometidas en asuntos puntuales y que denotan un grado de importancia (...) recuérdese que de su cargo son exigibles los deberes de control, vigilancia, seguimiento y cuidado a los deberes de sus subalternos. De no ser así, ningún dirigente estatal a nivel directivo estaría llamado a responder disciplinariamente”.

El exdirector actualmente afronta un proceso judicial por el predio Granja 32, que pertenecía al extinto narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán y estaba ubicado en Cota (Cundinamarca). El problema es que, al parecer, habría sido vendido por un precio bastante inferior al real y por esta razón le imputaron cargos por acceso abusivo al sistema informático, concierto para delinquir, peculado por apropiación, concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción.

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@santsmartinez