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Por $30 millones ofrecía la dirección regional del Sena y consulados en Brasil y Venezuela. Exigía $20 millones para la dirección regional del Departamento para la Prosperidad Social, y puestos en la Defensoría del Pueblo y en la Contraloría. Esas eran las tarifas que manejaba el representante a la Cámara por el Guainía, Édgar Alexánder Cipriano, cuya carrera parlamentaria acaba de encontrar su final por cuenta de un fallo del Consejo de Estado que decretó su pérdida de investidura.
La noticia se conoció el pasado 21 de junio luego de que el alto tribunal estudiara una demanda interpuesta por Iván Rafael Acosta quien presentó videos y otras pruebas documentales en las que se evidenciaba que el excongresista había incurrido en tráfico de influencias. Parte de estos documentos se conocieron en julio del año pasado cuando Noticias Uno publicó un video en el que se veía al exrepresentante contando una gran suma de dinero.
El Consejo de Estado ratificó que, efectivamente, Cipriano había participado del tráfico de influencias y procedió a decretar la pérdida de investidura. El ahora excongresista se defendió desde el comienzo del proceso afirmando que era víctima de una persecución política y que todo se trataba de un montaje de sus enemigos políticos. Con respecto al video publicado por el noticiero el año pasado, Cipriano dijó que se trataba de un préstamo para el pago de unos materiales de construcción para su casa.
Con el expediente en curso en el alto tribunal, el año pasado se conoció un hecho que fue de alta importancia dentro del Consejo de Estado. En octubre de 2016, Erwin Avellaneda Duarte, uno de los testigos claves en el proceso y quien ya había dado su testimonio, fue asesinado en la localidad de Kennedy en Bogotá. Al parecer, el testigo fue baleado y la investigación de los hechos pasó de inmediato a manos de la Fiscalía.
La noticia llegó hasta el Consejo de Estado en noviembre de ese año y la Sala Plena le pidió al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional que tomaran las medidas necesarias para proteger a los testigos del proceso de pérdida de investidura en contra de Édgar Alexánder Cipriano. De acuerdo con la investigación preliminar del caso, se pudo establecer que el testigo que fue asesinado fue quien hizo el video publicado por Noticias Uno.
Una carrera de tres años en el Congreso
Édgar Alexánder Cipriano nació en 1984 en el seno de una familia humilde y de líderes indígenas de Puerto Inírida (Guainía). Desde sus años en el colegio, se caracterizó por su liderazgo y fue en los últimos años de bachillerato cuando empezó su carrera política al ser elegido como personero de la Institución Educativa Francisco de Miranda, su alma máter.Después de su graduación como bachiller, Cipriano se dedicó al servicio de la comunidad de El Paujil en donde llegó a ocupar puestos en la capitanía indígena. El excongresista explicó que fue allí en donde pudo dedicarse a atender sus mayores preocupaciones: la niñez del resguardo y la educación para los menos desfavorecidos.
Motivado para trabajar por su comunidad, afirmó Cipriano, se lanzó a la campaña política como candidato a la Cámara de Representantes por Guainía para el periodo 2014-2018. Y lo logró. Pero su llegada a Congreso estuvo marcada desde el comienzo por escándalos. El primero de ellos se conoció tras la denuncia de varios líderes indígenas quienes aseguraron que, durante la campaña del candidato del Partido Alianza Social (ASI), ofreció a miembros de la comunidad motores, motosierras y materiales de construcción como tejas y cemento a cambió de votos.
El congresista se defendió con el mismo argumento que utilizó en el proceso de tráfico de influencias: que se trataba de un montaje de sus enemigos políticos. Según Cipriano, las firmas que aparecían al pie de los documentos en que se supuestamente se pactaba el intercambio entre votos y elementos, eran escaneadas y ninguna era su firma. El caso no prosperó.
Con la decisión del Consejo de Estado, ahora hace falta que la Procuraduría se pronuncie de fondo pues ahí también hay una investigación disciplinaria en contra del excongresista.