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En el Congreso se discute el nuevo proyecto de reforma a la justicia que, entre otras iniciativas, busca la promoción de medidas que faciliten la conclusión anticipada de procesos penales. El artículo séptimo podría autorizar el uso de estos mecanismos para quienes cometan delitos contra menores, incluso agravados, como violaciones y asesinatos. Ello, por supuesto, ha generado diferentes opiniones. Mientras la Fiscalía y la Corte Suprema respaldan la propuesta asegurando que esta ayudará a descongestionar el sistema judicial, órganos como la Procuraduría manifiestan que la reducción de penas para agresores sexuales de menores podría interpretarse como una minimización de la gravedad de los delitos, lo que socavaría la confianza en la justicia, la cual, en palabras de Mariana Sanz, directora y fundadora de la oenegé Poderosas Colombia, ya es “un sistema con fallas”; colapsado por las cientos de denuncias que llegan cada día.
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En diálogo con El Espectador, Mariana Sanz explica, desde su experiencia como abogada y defensora de los derechos humanos, la manera en que, frente a temas de violencia sexual, la medida de prevención más efectiva es la educación sexual integral (ESI), la cual ayudaría a mitigar desde agresiones de tipo verbal hasta la forma más extrema como el feminicidio. Desde hace cuatro años, Poderosas Colombia ha fomentado la ESI entre adolescentes y jóvenes entre los 13 y 20 años en comunidades vulnerables, promoviendo su capacidad de decisión sobre su cuerpo, sexualidad y vida. Este diario la contactó una semana después de que las autoridades dieran a conocer el desenlace fatal de la desaparición de la niña Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca, a manos del confeso feminicida Brayan Campo.
“Uno de los mayores problemas que tiene el abuso y la violencia sexual es que se enmarca en una cultura donde la masculinidad es en muchos casos sinónimo de violencia, sinónimo de dominación. En donde al hombre se le ha enseñado que este tipo de conductas son celebradas, esperadas y socializadas a través de referentes seguidos también por los niños y adolescentes” explicó Sanz, al tiempo que describe como, por el contrario, la mujeres han sido educadas desde la sumisión y la normalización de estos actos. La abogada menciona que ante un problema educativo como este, la ESI es la respuesta más efectiva y su divulgación debe comenzar desde las edades más tempranas en los hogares y colegios.
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“Una niña que no sepa nombrar las partes de su cuerpo y los límites que tienen los otros con estos, es una niña más expuesta ante un abuso”, agrega la directora de Poderosas Colombia, quien hace énfasis en una sentencia de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que ilustra muy bien esta idea: el caso Paola Guzmán vs. Ecuador. Durante dos años Paola vivió violencia sexual por parte del vicerrector de su colegio. Agobiada y sin saber a quién pedir ayuda, el jueves 12 de diciembre de 2002 acabó con su vida. Su madre —enterándose de lo sucedido a través de tres cartas que dejó la joven—, llevó el caso ante la Corte IDH, la cual determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la muerte y abusos de Guzmán a causa de la inexistencia de clases de ESI que le permitieran a la joven identificar y nombrar lo que estaba viviendo.
El fallo de la Corte IDH resultó “importantísimo porque declara que la educación integral para la sexualidad es la herramienta para prevenir violencia de género y violencia sexual, y declara que, por tanto, los Estados deben garantizarla”, explicó la activista. Asegurar que los niños y jóvenes tengan espacios, explica Sanz, donde se les explique y puedan realizar sus preguntas frente a la sexualidad y su cuerpo, es esencial para que los menores de edad reciban información verídica y responsable; pues en los casos donde no hay ESI, la pornografía entra a ser su referencia.
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“Los niños y niñas de hoy nunca habían estado tan expuestos y tan vulnerables a acceder a imágenes y videos de pornografía. Ante la ausencia de educación sexual, las redes sociales, internet, YouTube y el porno fungen como reemplazo”, señala Sanz, especificando que desde el 2001 hasta hoy, el consumo de pornografía ha aumentado un 310%, generando que la edad promedio en la que se inicia a ver este tipo de contenido es a los ocho años. La directora de Poderosas menciona que estas cifras son preocupantes, pues el factor de violencia —tan popular en las búsquedas de pornografía— distorsiona la noción sobre los roles de los hombres y mujeres en el sexo.
Otra medida que plantea Sanz para la prevención, es educar a los jóvenes con una consciencia colectiva en el que sean agentes activos para reconocer y denunciar la violencia. Esta herramienta ha sido efectiva en entornos de acoso escolar, donde otros niños que presencian agresiones puedan empatizar y se alienten a denunciar con sus maestros. “Claro está que para lograr esto primero es necesario eliminar la vergüenza que la violencia sexual genera en las víctimas, y enfocarse en el perpetrador”, que en el 98% de los casos son varones, según los datos que manejan en la oenegé. “Es urgente trabajar con los hombres”, afirmó la abogada, quien resaltó que esto no es un tema que solo le compete y es responsabilidad de las niñas y mujeres que puedan vivir estos abusos.
Ante casos de violencias tan extremas como el feminicidio de Sofía Delgado, vuelven a revivir discusiones punitivistas como la cadena perpetua o la castración química. La activista señala que estas propuestas siguen siendo de un orden de justicia reactiva, más no preventiva. Por esta razón, se debe iniciar con la desnaturalización social de la violencia sexual que permita que casos como el de Sofía Delgado no se asuman como una cifra más. “Son cambios que claramente tomarán varias generaciones, pero la educación sexual integral es la principal apuesta para lograr un cambio frente a estas violencias”, finalizó Sanz.
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