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La Fiscalía acusó formalmente al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, hermano del exsenador Musa Besaile, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Todo esto en el marco del escándalo conocido como el cartel de la hemofilia. El ente investigador también señaló al igualmente exgobernador de ese departamento, Alejandro Lyons, detenido en Estados Unidos por su supuesta participación en el cartel de la toga.
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Según la Fiscalía, “se puede afirmar con probabilidad de verdad, que los imputados son autores de los delitos”. El ente investigador tiene en su poder un dossier de pruebas para acusar a los dos exgobernadores en los hechos de este escándalo en el que, al parecer, se desviaron fondos del departamento de Córdoba mediante cobros por servicios inexistentes. En este caso, a Besaile se le imputaron los cargos en febrero de 2018, frente a los cuales se declaró inocente. Por su parte, en abril de 2019, Lyons fue imputado y se declaró culpable por los delitos.
En el caso, supuestamente se realizaron pagos irregulares por miles de millones de pesos con cargo al presupuesto departamental, por supuestos pacientes de hemofilia que en realidad gozaban de cabal salud. Según dijo la Contraloría en marzo de este año, “para perpetrar el fraude, se presentaron soportes y documentos falsos como historias clínicas, órdenes médicas y exámenes de laboratorio, entre otros”.
Según las investigaciones, hacia 2013, en Córdoba, fueron varios los pacientes señalados de tener un raro trastorno llamado hemofilia que hacía que su sangre no se coagulara normalmente. Aunque no causó la muerte de ninguna persona, logró afectar económicamente a todo el departamento. El hecho, según el ente investigador, por la supuesta “alianza criminal” creada por Alejandro Lyons y los hermanos Musa y Edwin Besaile para apropiarse ilícitamente de los recursos destinados a la salud de los más pobres.
En la acusación, los investigadores aseguran que Alejandro Lyons habría firmado, durante su periodo en la Gobernación del departamento, contratos con Eps e Ips, entre 2013 hasta 2015, a través de sus secretarios de Salud, sin cumplir con las reglas que la contratación requería. La misma acusación hizo contra el también exgobernador Edwin Besaile. Para la Fiscalía, ambos exgobernadores trabajaron en dúo para defraudar al departamento con el dinero de contratos que debían destinarse para pacientes que padecían hemofilia.
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La investigación del ente acusados sostiene que, durante las gobernaciones de Lyons y Besaile, varios contratos relacionados con temas de salud no contaron muchas veces con los requisitos. Incluso, la Gobernación de Córdoba nunca presentó ninguna solicitud al Ministerio de Salud para que se autorizaran algunos de los procedimientos que se pretendían adelantar con los contratos. Así mismo, en el documento de la Fiscalía se sostiene que médicos del departamento no recibieron ni siquiera el pago de sus sueldos, sino hasta que fue ordenado por fallos de tutela, dando cuenta, según los investigadores, que a pesar de los millonarios contratos, no se cumplían con los acuerdos de los mismos.
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En su exposición, la Fiscalía destacó algunas irregularidades de los contratos y los supuestos servicios de salud prestados destacando que “en muchos de los conceptos médicos, era la misma fisioterapeuta en distintos municipios al mismo tiempo quien brindaba los tratamientos. Los conceptos para los tratamientos eran el mismo formato, sin que se realizara una valoración independiente por cada uno de los pacientes”. Con esto, según la Fiscalía, se da cuenta que los servicios ofrecidos en los contratos celebrados no existían o no eran acordes con lo pactado.
Otro de los hechos que les reprochó el ente investigador la falta de planeación. Para la Fiscalía, se violaron dos principios: el de planeación y el de economía, por haber contratado servicios que no eran de urgencia, y, por otra parte, por haber generado la determinación arbitraria de precios en los mismo servicios de salud, sin haberlos ajustado al mercado y a la región.
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Por otra parte, el ente investigador se refirió al peculado por apropiación y expuso que, según la investigación, los dos exgobernadores fueron quienes “gerenciaron” los recursos entregados a la Gobernación para los ya mencionados programas y servicios de salud contratados. La Fiscalía sostuvo que Lyons debe responder por más de $26.219 mil millones. Así mismo, Besaile tendrá que hacerlo por $174.577.500.