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Con el barranquillero Alex Saab ya en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país publicó este jueves un indictment —el equivalente a un escrito de acusación— contra su principal socio por el escándalo que sacó a ambos del anonimato: el esquema de corrupción con el que se hicieron al millonario negocio de los Comités Locales Abastecimiento y Producción (CLAP). Se trata de un programa del gobierno de Venezuela para entregar mercados y medicinas a población vulnerable que terminó en empresas de Saab a punta de millonarios sobornos, según se lee en el documento de 19 páginas.
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Si bien el documento no menciona al colombiano Saab, conocido como el contratista favorito del chavismo, sí se refiere a su socio en Group Grand Limited, la compañía con la que se hicieron al negocio de los CLAP: Álvaro Pulido Vargas, quien en el pasado se llamaba Germán Enrique Rubio. Además, fueron acusados ante un gran jurado del estado de Florida: el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio; el exgobernador del estado venezolano de Táchira, Jose Gregorio Vielma-Mora; el supuesto emisario colombiano de Saab, Carlos Rolando Lizcano, y la venezolana Ana Guillermo Luis, quien trabajaba para Pulido.
La justicia estadounidense acusa a los tres colombianos y dos venezolanos de haber utilizado “numerosas empresas que controlaban para celebrar contratos con el gobierno venezolano para fabricar y exportar cajas de alimentos de México y cajas de medicamentos de varios países, importar las cajas y distribuirlas dentro de Venezuela, recibir dinero de conformidad con los contratos adjudicados por el gobierno venezolano, hacer pagos de sobornos a los funcionarios del gobierno venezolano, incluidos los encargados de otorgar los contratos, y en última instancia distribuir el producto de los contratos obtenidos corruptamente para promover el esquema de soborno ilegal y ocultar la naturaleza y el propósito de los ingresos del esquema de soborno ilegal”.
Los hechos ocurrieron, según el indictment, entre 2015 y 2020. Durante esos años, los cinco procesados, al parecer, utilizaron cuentas bancarias en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y Estados unidos para esconder sus operaciones ilegales. Además, dice el documento, inflaron los precios de las “cajas CLAP”, como se llamó a los mercados y medicinas que entregaba el gobierno venezolano en el marco de este programa. Según la acusación, el exgobernador Vielma-Mora recibió sobornos para entregarle el contrato de CLAP a Álvaro Pulido, quien le cobró $34 dólares por cada caja, a sabiendas de que el precio de cada una era muchísimo menor. El contrato se firmó por 10 millones de cajas, para un total de USD$340 millones.
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Los socios de Alex Saab inflaron los precios, supuestamente, pues con el dinero restante fue que pagaron los sobornos a varios exfuncionarios venezolanos. Entre ellos, al propio exgobernador Vielma-Mora. A su vez, dice Estados Unidos, los pagos de las coimas se direccionaron en una compleja red de cuentas bancarias que al parecer creó la mano derecha de Álvaro Pulido, Ana Guillermo Luis. La mujer también habría falsificado documentos para justificar la transferencia de fondos sin levantar sospechas. Una de ellas, que pescó la justicia estadounidense, estaría en los Emiratos Árabes.
Hasta una cuenta en ese país llegaron giros del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). La cuenta, dice el indictment estaba en nombre de Asasi Food, empresa aparentemente controlada por Álvaro Pulido y Alex Saab. Entre enero y mayo de 2018, hasta los Emiratos Árabes les giraron USD$105 millones y otros €248 millones. De este dinero, al menos USD$10 millones entraron al sistema financiero de Estados Unidos y por lo menos USD$5,5 millones a la Florida, donde hoy son acusados el exsocio de Saab y sus supuestos cómplices.
Alex Saab llegó a Estados Unidos el pasado 16 de octubre, extraditado desde Cabo Verde. Saab es señalado de servir de testaferro a Nicolás Maduro en Venezuela a través de millonarias operaciones de lavado de activos y ahora comparece ante la justicia estadounidense, que lo acusa desde 2019 de simular importaciones y exportaciones para lavar al menos USD$350 millones.
En su primera audiencia, el empresario fue acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito. El juez del caso, John O’Sullivan, hizo una primera lectura de los cargos contra Saab, quien se encuentra recluido en una celda en Miami. La Fiscalía de ese país, señaló que el barranquillero presentaba “riesgo de fuga”.
Cuando se conoció la noticia de la extradición de Saab a Estados Unidos, miembros del chavismo en México dijeron que suspendían su “participación en la mesa de negociación y diálogo”, así lo manifestó Jorge Rodríguez, quien lidera la delegación del chavismo. Igualmente, Rodríguez dijo en esa oportunidad que no asistirían a los diálogos que estaban programados para el 17 de octubre, pues consideraban la extradición del empresario como una “brutal agresión”.
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