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Al Tribunal Superior de Cali (Valle) llegó una tutela instaurada por la familia de la estudiante de la Universidad del Valle (Univalle) Katherine Soto asesinada por el Ejército en Buenaventura. En el recurso pidieron al Ministerio de Justicia y al Ejército cumplir con el fallo administrativo del Consejo de Estado de 2019 que les ordenó realizar un acto público en donde ofrecerán disculpas a la familia de la mujer y reconocerán la responsabilidad en el crimen. El Tribunal les dio cinco días a las instituciones para que cumplan con la orden judicial.
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Los hechos ocurrieron en agosto de 2007 cuando soldados de la III Brigada del Ejército dispararon contra Soto, a quien supuestamente confundieron con un miembro de la extinta guerrilla de las Farc. De acuerdo con las investigaciones, a las 3:00 de la madrugada, Katherine Soto Ospina, estudiante de Ciencias Naturales de la Univalle, y su pareja, Rolando Quintero Ramírez, atravesaban el puente sobre el río Dagua en Buenaventura (Valle).
Las balas de los soldados impactaron a Soto Ospina en el rostro, abdomen y piernas, ocasionándole la muerte instantáneamente. Por su parte, Quintero cayó al río luego de que los proyectiles impactaran sus piernas. Por estos hechos, en enero de 2019 el Consejo de Estado condenó a la Nación y le ordenó al Ministerio de Defensa realizar eventos que permitieran la reparación integral de la Familia de la estudiante.
“Esa ha sido una pelea muy dura, he estado a punto de tirar la toalla, porque no he conseguido nada penalmente, ha habido sólo tres audiencias, donde no van los militares, aplazan la audiencia”, dijo Julieta Ospina, madre de la mujer, el año pasado a Caracol Radio.
En ese momento, Ospina recibió con alegría el fallo del Consejo de Estado que obligaba a las instituciones a pedir un perdón público, aceptando su responsabilidad en el crimen; así como a poner una placa en la ciudad de Cali para honrar la memoria de Soto, y realizar un estudio de seguridad a la madre y hermana de la víctima quienes han sido amenazadas durante el proceso. De ello, poco, o nada, se ha hecho.
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De acuerdo con lo que le dijo a la emisora Unicauca Estéreo la abogada defensora, Libia Ruiz Orejuela, ninguna de estas órdenes ha sido cumplida por el Ministerio de Defensa ni por el Ejército, quienes para empezar contaban con seis meses para cumplir con estas medidas. Frete a este panorama, Ruiz Orjuela decidió llevar nuevamente el caso ante el Tribunal Superior de Cali, el cual le dio la razón a la familia de Soto.
De acuerdo con la decisión judicial que fue le notificada a Ruiz el pasado martes 18 de agosto de 2020, estas instituciones tienen un plazo de cinco días desde la notificación para realizar todos estos actos de reparación a las víctimas. “No se trata solo de una reparación económica a las victimas sino de acciones que reparen integralmente a la familia”, le dijo Ruiz a la emisora.
De no acatar la orden del Tribunal de Cali, la abogada no descarta interponer un incidente de desacato al fallo emitido por el Consejo de Estado hace más de un año. En cuanto al proceso penal, lo último que se conoció en la audiencia del año pasado es que los militares vinculados en el asesinato se acogerán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Allí, la investigación comenzaría de nuevo bajo nuevas reglas de juego. En cuanto a esto, la madre de Soto aseguró en una entrevista concedida a Caracol Radio en 2019 que “me siento triste de saber que en 12 años la justicia no opera, porque los militares están libres y estamos en esto en cero”.