Tierralta: Inspección del Ejército pide el retiro del comandante de la Brigada 11

Luego de investigar los hechos de violencia ocurridos en Tierralta (Córdoba), en los que, al parecer, miembros de la Fuerza Pública amenazaron a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas, la Inspección General de las Fuerzas Militares y la Inspección General del Ejército Nacional, recomendaron retirar inmediatamente del Ejército a más de 10 uniformados, entre ellos al comandante de la brigada 11, coronel José Edilberto Lesmes.

En contexto: Hombres armados en Córdoba serían militares, dice el Ejército; Fiscalía ya investiga

Entre las recomendaciones, que están dirigidas a los altos mandos del Ejército y las Fuerzas Militares, ambas inspecciones recomiendan, en primer lugar, retirar inmediatamente a dos suboficiales y ocho soldados profesionales que hacían parte de la patrulla militar que llegó hasta la vereda Bocas del Manso, donde ocurrieron los hechos, por su presunta participación directa en la agresión.

Estos uniformados habían sido suspendidos la semana pasada por orden del comandante del Ejército general Luis Mauricio Ospina. “Respecto a estas 10 personas, como Comandante del Ejército Nacional he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y adicionalmente para los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar”, informó en su momento el comandante.

Lea además: Suspenden a 10 militares por caso de violencia en Tierralta (Córdoba

Por otro lado, la Inspección General de las Fuerzas Militares y la Inspección General del Ejército Nacional recomiendan también que por omisión deben ser desvinculados del Ejército el comandante de la brigada 11, coronel José Edilberto Lesmes y el sargento mayor de comando Juvenal Mahecha, también de esa unidad. Al igual que el comandante, el segundo comandante, los oficiales de operaciones y de inteligencia y el sargento mayor del Batallón de Infantería N.33 Batalla de Junín.

La denuncia, se conoció el pasado martes 12 septiembre, luego de que en videos que fueron grabados en la vereda y que circularon por redes sociales se ve al grupo con armas de corto y largo alcance, amenazando a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas. Algunas denuncias de testigos indicaron, además, que los hombres habrían intentado abusar de una mujer indígena.

Estos hechos fueron relacionados inicialmente a las disidencias las FARC, pero en la noche del mismo día, fuentes del Ejército confirmaron que podría tratarse realmente de militares del Batallón de Infantería N° 33 y no de integrantes de algún grupo armado. Los hechos fueron catalogados como “inaceptables” e “intolerables” por el general Helder Fernán Giraldo, comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Según el comandante, se adelantarán las investigaciones correspondientes y no se ocultarán los resultados que arroje las averiguaciones.

Lea además: No vamos a ocultar la verdad”: comandante de FF.MM. sobre hombres armados en Tierralta

Por esos hechos, la Fiscalía ya anunció que fue conformado un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes e hicieron presencia en el territorio. En este mismo sentido una comisión especial de la Procuraduría se desplazó hasta ese lugar, para investigar los hechos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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Entre las recomendaciones, que están dirigidas a los altos mandos del Ejército y las Fuerzas Militares, ambas inspecciones recomiendan, en primer lugar, retirar inmediatamente a dos suboficiales y ocho soldados profesionales que hacían parte de la patrulla militar que llegó hasta la vereda Bocas del Manso, donde ocurrieron los hechos, por su presunta participación directa en la agresión.

Estos uniformados habían sido suspendidos la semana pasada por orden del comandante del Ejército general Luis Mauricio Ospina. “Respecto a estas 10 personas, como Comandante del Ejército Nacional he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y adicionalmente para los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar”, informó en su momento el comandante.

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Por otro lado, la Inspección General de las Fuerzas Militares y la Inspección General del Ejército Nacional recomiendan también que por omisión deben ser desvinculados del Ejército el comandante de la brigada 11, coronel José Edilberto Lesmes y el sargento mayor de comando Juvenal Mahecha, también de esa unidad. Al igual que el comandante, el segundo comandante, los oficiales de operaciones y de inteligencia y el sargento mayor del Batallón de Infantería N.33 Batalla de Junín.

La denuncia, se conoció el pasado martes 12 septiembre, luego de que en videos que fueron grabados en la vereda y que circularon por redes sociales se ve al grupo con armas de corto y largo alcance, amenazando a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas. Algunas denuncias de testigos indicaron, además, que los hombres habrían intentado abusar de una mujer indígena.

Estos hechos fueron relacionados inicialmente a las disidencias las FARC, pero en la noche del mismo día, fuentes del Ejército confirmaron que podría tratarse realmente de militares del Batallón de Infantería N° 33 y no de integrantes de algún grupo armado. Los hechos fueron catalogados como “inaceptables” e “intolerables” por el general Helder Fernán Giraldo, comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Según el comandante, se adelantarán las investigaciones correspondientes y no se ocultarán los resultados que arroje las averiguaciones.

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Por esos hechos, la Fiscalía ya anunció que fue conformado un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes e hicieron presencia en el territorio. En este mismo sentido una comisión especial de la Procuraduría se desplazó hasta ese lugar, para investigar los hechos.

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