El 31 de mayo imputarán cargos al general (r) Mario Montoya

El martes 31 de mayo será el día en que el excomandnate del Ejército, Mario Montoya, será notificado de que la Fiscalía lo investiga formalmente porque en su gestión, así lo demuestran las cifras, se aumentaron las ejecuciones extrajudiciales que habrían servido para “inflar” los resultados operacionales. La audiencia se realizará ante un juez de Paloquemao y no ante la Corte Suprema de Justicia, que se supone, sería el juez natural por el fuero constitucional que tiene el oficial retirado.

Voceros de la Fiscalía le explicaron a este diario que, por no tratarse de hechos cometidos en actos del servicio sino de delitos de lesa humanidad, el fuero no aplicaba. Sin duda esta será una de las primeras batallas jurídicas entre la defensa del general (r) Montoya y la Fiscalía, en la que se verá si los argumentos de la Fiscalía prevalecen sobre el fuero constitucional del oficial retirado.

Existen antecedentes de procesos anulados por el tema del fuero: por ejemplo, el expediente del general (r) Miguel Maza Márquez, acusado por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán, fue anulado por la Corte Suprema en 2012 por no haberse respetado su fuero. El delito por el que fue llamado a juicio claramente no tenía que ver con sus funciones como director del DAS, el caso Galán fue declarado de lesa humanidad y cuando fue acusado ya estaba retirado de la Fuerza Pública. Es decir, las mismas características en el caso Montoya.

Al general (r) Montoya lo procesarán por siete hechos cometidos en todas las divisiones del Ejército que existían entre los años 2006 y 2007: siete. Entre su arsenal probatorio, la Fiscalía buscó las directrices impartidas por el alto mando del Ejército en su momento, en las que supuestamente se daba mayor reconocimiento a las bajas –o muertes guerrilleras– que lograran las unidades militares por encima de las capturas o desmovilizaciones realizadas. En pocas palabras, que se privilegió la muerte de guerrilleros como resultados operacionales exitosos.

El llamado a imputación de cargos de la Fiscalía es un hecho histórico, pues además de la captura del general activo Henry Torres Escalante –quien será procesado por la muerte de dos campesinos en Casanare en 2007 –, es primera vez que altos mandos del Ejército son llamados a responder por ejecuciones extrajudiciales. Más aún, cuando se trata de quien fue el máximo comandante del Ejército.

Entre las pruebas que tiene en su poder la Fiscalía contra el general (r) Mario Montoya hay declaraciones de otros generales y oficiales de alto rango que cuestionaron las directrices y forma en que se ejerció el mando durante esa época. Asimismo, cifras de cómo se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales en los periodos que Montoya estuvo al frente del Ejército y un mapa de las zonas por las que pasaron una serie de cuestionados oficiales –hay otros 20 generales investigados por falsos positivos– que serviría para demostrar cómo funcionó la estrategia de privilegiar la muerte de guerrilleros sobre las capturas o desmovilizaciones realizadas.

El martes 31 de mayo será el día en que el excomandnate del Ejército, Mario Montoya, será notificado de que la Fiscalía lo investiga formalmente porque en su gestión, así lo demuestran las cifras, se aumentaron las ejecuciones extrajudiciales que habrían servido para “inflar” los resultados operacionales. La audiencia se realizará ante un juez de Paloquemao y no ante la Corte Suprema de Justicia, que se supone, sería el juez natural por el fuero constitucional que tiene el oficial retirado.

Voceros de la Fiscalía le explicaron a este diario que, por no tratarse de hechos cometidos en actos del servicio sino de delitos de lesa humanidad, el fuero no aplicaba. Sin duda esta será una de las primeras batallas jurídicas entre la defensa del general (r) Montoya y la Fiscalía, en la que se verá si los argumentos de la Fiscalía prevalecen sobre el fuero constitucional del oficial retirado.

Existen antecedentes de procesos anulados por el tema del fuero: por ejemplo, el expediente del general (r) Miguel Maza Márquez, acusado por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán, fue anulado por la Corte Suprema en 2012 por no haberse respetado su fuero. El delito por el que fue llamado a juicio claramente no tenía que ver con sus funciones como director del DAS, el caso Galán fue declarado de lesa humanidad y cuando fue acusado ya estaba retirado de la Fuerza Pública. Es decir, las mismas características en el caso Montoya.

Al general (r) Montoya lo procesarán por siete hechos cometidos en todas las divisiones del Ejército que existían entre los años 2006 y 2007: siete. Entre su arsenal probatorio, la Fiscalía buscó las directrices impartidas por el alto mando del Ejército en su momento, en las que supuestamente se daba mayor reconocimiento a las bajas –o muertes guerrilleras– que lograran las unidades militares por encima de las capturas o desmovilizaciones realizadas. En pocas palabras, que se privilegió la muerte de guerrilleros como resultados operacionales exitosos.

El llamado a imputación de cargos de la Fiscalía es un hecho histórico, pues además de la captura del general activo Henry Torres Escalante –quien será procesado por la muerte de dos campesinos en Casanare en 2007 –, es primera vez que altos mandos del Ejército son llamados a responder por ejecuciones extrajudiciales. Más aún, cuando se trata de quien fue el máximo comandante del Ejército.

Entre las pruebas que tiene en su poder la Fiscalía contra el general (r) Mario Montoya hay declaraciones de otros generales y oficiales de alto rango que cuestionaron las directrices y forma en que se ejerció el mando durante esa época. Asimismo, cifras de cómo se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales en los periodos que Montoya estuvo al frente del Ejército y un mapa de las zonas por las que pasaron una serie de cuestionados oficiales –hay otros 20 generales investigados por falsos positivos– que serviría para demostrar cómo funcionó la estrategia de privilegiar la muerte de guerrilleros sobre las capturas o desmovilizaciones realizadas.