El accidentado proceso de Emilio Tapia

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A finales de 2011, cuando las investigaciones por el carrusel de la contratación durante la administración de Samuel Moreno prendieron motores, el polémico contratista Emilio Tapia empezaba a moverse tras bambalinas para obtener un acuerdo con justicia. En un comienzo logró su objetivo: le dieron un principio de oportunidad por el delito de peculado, un preacuerdo por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos y había aceptado cargos  por concierto para delinquir, a cambio de convertirse en el testigo estelar del caso. Sin embargo, todo se derrumbó el 24 de febrero de 2014 cuando Tapia fue capturado por el delito de lavado de activos porque, supuestamente, continuó delinquiendo mientras colaboraba con la Fiscalía.  Hoy está en la cárcel de Cómbita (Boyacá) y el próxima 5 de mayo recibirá su primera condena. 

 

El miedo de Tapia de poder ser capturado se sentía desde que estalló el escándalo en 2010. A mediados de 2011, el contratista empezó a mover sus fichas y le pidió a dos congresistas amigos, Bernardo Elías Ñoño Vidal y Musa Besaile, que intercedieran por él ante el entonces viceministro del Interior Luis Felipe Henao. La idea era solicitar que si a Tapia lo arrestaban, le dieran una celda en el pabellón de parapolíticos de la cárcel La Picota. El 17 de septiembre de ese año,  El Espectador reveló una serie de audios en los que se escuchaba al contratista decirle a su círculo más cercano que él era el depositario de los secretos del carrusel de la contratación y que otros testigos como Inocencio Meléndez y Julio Gómez no sabían la verdad absoluta.

 

“No hubo un solo peso que entrara a donde ellos sin que pasara por mí”, se le escuchó decir en una oportunidad a Tapia, cuando hacía referencia a que él era el intermediario de los hermanos Moreno con los contratistas.  Asimismo, aseguraba que bajo su sombra direccionó la contratación del Instituto de Desarrollo Urbano, de las Secretarías de Salud y Movilidad, del Instituto de Recreación y Deporte, el Acueducto, la Unidad de Mantenimiento de la Malla Vial (UMV) y especialmente de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Lo que poco se conocía era que ya tenía acercamientos con la Fiscalía para recibir beneficios a cambio de prender su ventilador. 

 

Ya pactado un acuerdo informal con las autoridades, la Fiscalía le imputó cargos a Emilio Tapia el 27 de julio de 2012 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Tapia solo aceptó su responsabilidad por el primero de estos ya que, supuestamente, por los otros dos le darían un principio de oportunidad. El contratista fue procesado por las irregularidades que se cometieron en la adjudicación de los contratos de la Fase III de Transmilenio en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de los que se gestaron en la Unidad de Mantenimiento de la Malla Vial (UMV) y cinco contratos de obras públicas que se hicieron con recursos recolectados por el cobro del impuesto de valorización.  

 

En esa oportunidad la Fiscalía solicitó que Tapia no fuera enviado a prisión. Sin embargo, el juez se negó por la gravedad de los hechos. Se apeló la decisión y en segunda instancia, el 5 de septiembre de 2012, el contratista recobró su libertad pero con la prohibición de salir del país. Fue entonces que la opinión pública reprochó el comportamiento de Tapia, quien, a pesar de estar siendo procesado por el desfalco a las arcas del Distrito, era visto en eventos público, como conciertos, derrochando dinero. Varios sectores sociales pedían que Tapia fuera recluido en prisión, pero la Fiscalía argumentaba que estas “excentricidades” no eran un argumento para quitarle los beneficios a la piedra angular de las pesquisas del cartel de la contratación. 

 

Las negociaciones entre Tapia y la Fiscalía iban por buen camino. El 17 de octubre de 2012 el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, anunció que le habían entregado a Tapia una propuesta: un preacuerdo en el que aceptaba su responsabilidad por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos a cambio de una pena de 13 años y con los beneficios de casa por cárcel. Ambas partes aceptaron los términos del acuerdo, lo firmaron y solo faltaba que un juez aprobara la negociación. A su vez, a Tapia le legalizaron el 3 de marzo de 2013 un principio de oportunidad por el delito de peculado. 

 

Pero fue cuando llegaron los problemas para que la justicia le diera el visto bueno al preacuerdo de Tapia con la Fiscalía. En una primera oportunidad, un juez negó el acuerdo al argumentar que no se obligaba al contratista a reparar a las víctimas, que se violaban las garantías del procesado y que, por la gravedad de los delitos, no se podía enmarcarlos en una sola negociación. La defensa de Tapia y el ente investigador hicieron las correcciones y presentaron por segunda vez el preacuerdo. Nuevamente fue rechazado por la administración de justicia ya que, insistía, las conductas de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos tenían que ser procesos que se adelantaran de forma independiente. 

 

Paralelo a este galimatías jurídico, la Fiscalía daba los resultados más importantes en las investigaciones por el carrusel de la contratación.  Gracias a la información que entregó Emilio Tapia, las autoridades procesaron a una serie de funcionarios públicos y exconcejales –entre ellos a Hipólito Moreno y al exsecretario de Salud, Héctor Zambrano– por el polémico contrato de ambulancias que tenía un valor de $69.000 y que fue firmado en 2009. Según las pesquisas, fueron $9.000 millones los que se perdieron el pago de coimas. 

 

Con estos avances, el camino estaba despejado para que se legalizara el preacuerdo. Sin embargo, todo se vino a pique a finales de 2013 cuando la Dirección de Lavados de Activos de la Fiscalía reportó que tenía pruebas que evidenciaban que Tapia siguió delinquiendo desde que empezó a colaborar con la justicia. Según los investigadores, el contratista, a través de terceras persona y empresas fachadas, realizó diversas transacciones financieras para ocultar el dinero que recibió como pago por su gestión durante el carrusel de contratos.  El 24 de febrero de 2014 fue capturado y la Fiscalía le quitó todos los beneficios. 

 

Primero, la Fiscalía no le renovó el principio de oportunidad que tenía por el delito de peculado y que vencía cuatro días después de su captura. Segundo, le pidió a la administración de justicia que cancelara el preacuerdo que ya habían firmado con Tapia. Y tercero, el ente investigador dictó extinción de dominio sobre 24 bienes avaluados en $40.633 millones que pertenecían al contratista y a su círculo más cercano. El testigo estrella terminó estrellado, sin beneficios jurídicos y expuesto a pagar penas que superaban ampliamente lo que había pactado con las autoridades ya que, además de ser procesado por el cartel de la contratación, lo estaba siendo por lavado de activos. 

 

El pasado 28 de enero el Tribunal Superior de Bogotá sepultó el preacuerdo de Tapia con la Fiscalía y, además, no permitió que todos los delitos por los que era investigado por el carrusel de la contratación se unieran en un solo proceso. En pocas palabras, a pesar de que los hechos eran los mismos –las irregularidades en el IDU, contratos de Transmilenio y UMV–, para la corporación al contratista lo tenían que juzgar en un caso por concierto para delinquir y en otro por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. 

 

El abogado defensor de Tapia, Jesús Albeiro Yepes, le explicó a este diario que su defendido ya aceptó cargos por todos estos delitos. Agregó que el próximo 5 de mayo se emitirá la primera condena por el delito de concierto para delinquir, mientras que el 20 de mayo se hará por las otras dos conductas punibles. Yepes precisó que en estos momentos se adelantan negociaciones con la Fiscalía para reactivar el principio de oportunidad por el delito de peculado para que el contratista continúe con su compromiso de colaborar con la justicia. 

 

Finalmente, el abogado manifestó que están buscando una salida rápida en el proceso que se adelanta por lavado de activos en el que se encuentre un punto de equilibrio.  Yepes concluyó que contra Tapia se dictarán tres sentencias y que ya será un juez de ejecución de penas quien tase cuántos años deberá pagar su defendido en prisión.  Para varios de los abogados de víctimas en el expediente del cartel de la contratación es indispensable que se solucione rápidamente el tema de Tapia, ya que no sólo es un testigo estelar, sino que es la piedra angular de las acusaciones contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. 

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A finales de 2011, cuando las investigaciones por el carrusel de la contratación durante la administración de Samuel Moreno prendieron motores, el polémico contratista Emilio Tapia empezaba a moverse tras bambalinas para obtener un acuerdo con justicia. En un comienzo logró su objetivo: le dieron un principio de oportunidad por el delito de peculado, un preacuerdo por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos y había aceptado cargos  por concierto para delinquir, a cambio de convertirse en el testigo estelar del caso. Sin embargo, todo se derrumbó el 24 de febrero de 2014 cuando Tapia fue capturado por el delito de lavado de activos porque, supuestamente, continuó delinquiendo mientras colaboraba con la Fiscalía.  Hoy está en la cárcel de Cómbita (Boyacá) y el próxima 5 de mayo recibirá su primera condena. 

 

El miedo de Tapia de poder ser capturado se sentía desde que estalló el escándalo en 2010. A mediados de 2011, el contratista empezó a mover sus fichas y le pidió a dos congresistas amigos, Bernardo Elías Ñoño Vidal y Musa Besaile, que intercedieran por él ante el entonces viceministro del Interior Luis Felipe Henao. La idea era solicitar que si a Tapia lo arrestaban, le dieran una celda en el pabellón de parapolíticos de la cárcel La Picota. El 17 de septiembre de ese año,  El Espectador reveló una serie de audios en los que se escuchaba al contratista decirle a su círculo más cercano que él era el depositario de los secretos del carrusel de la contratación y que otros testigos como Inocencio Meléndez y Julio Gómez no sabían la verdad absoluta.

 

“No hubo un solo peso que entrara a donde ellos sin que pasara por mí”, se le escuchó decir en una oportunidad a Tapia, cuando hacía referencia a que él era el intermediario de los hermanos Moreno con los contratistas.  Asimismo, aseguraba que bajo su sombra direccionó la contratación del Instituto de Desarrollo Urbano, de las Secretarías de Salud y Movilidad, del Instituto de Recreación y Deporte, el Acueducto, la Unidad de Mantenimiento de la Malla Vial (UMV) y especialmente de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Lo que poco se conocía era que ya tenía acercamientos con la Fiscalía para recibir beneficios a cambio de prender su ventilador. 

 

Ya pactado un acuerdo informal con las autoridades, la Fiscalía le imputó cargos a Emilio Tapia el 27 de julio de 2012 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Tapia solo aceptó su responsabilidad por el primero de estos ya que, supuestamente, por los otros dos le darían un principio de oportunidad. El contratista fue procesado por las irregularidades que se cometieron en la adjudicación de los contratos de la Fase III de Transmilenio en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de los que se gestaron en la Unidad de Mantenimiento de la Malla Vial (UMV) y cinco contratos de obras públicas que se hicieron con recursos recolectados por el cobro del impuesto de valorización.  

 

En esa oportunidad la Fiscalía solicitó que Tapia no fuera enviado a prisión. Sin embargo, el juez se negó por la gravedad de los hechos. Se apeló la decisión y en segunda instancia, el 5 de septiembre de 2012, el contratista recobró su libertad pero con la prohibición de salir del país. Fue entonces que la opinión pública reprochó el comportamiento de Tapia, quien, a pesar de estar siendo procesado por el desfalco a las arcas del Distrito, era visto en eventos público, como conciertos, derrochando dinero. Varios sectores sociales pedían que Tapia fuera recluido en prisión, pero la Fiscalía argumentaba que estas “excentricidades” no eran un argumento para quitarle los beneficios a la piedra angular de las pesquisas del cartel de la contratación. 

 

Las negociaciones entre Tapia y la Fiscalía iban por buen camino. El 17 de octubre de 2012 el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, anunció que le habían entregado a Tapia una propuesta: un preacuerdo en el que aceptaba su responsabilidad por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos a cambio de una pena de 13 años y con los beneficios de casa por cárcel. Ambas partes aceptaron los términos del acuerdo, lo firmaron y solo faltaba que un juez aprobara la negociación. A su vez, a Tapia le legalizaron el 3 de marzo de 2013 un principio de oportunidad por el delito de peculado. 

 

Pero fue cuando llegaron los problemas para que la justicia le diera el visto bueno al preacuerdo de Tapia con la Fiscalía. En una primera oportunidad, un juez negó el acuerdo al argumentar que no se obligaba al contratista a reparar a las víctimas, que se violaban las garantías del procesado y que, por la gravedad de los delitos, no se podía enmarcarlos en una sola negociación. La defensa de Tapia y el ente investigador hicieron las correcciones y presentaron por segunda vez el preacuerdo. Nuevamente fue rechazado por la administración de justicia ya que, insistía, las conductas de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos tenían que ser procesos que se adelantaran de forma independiente. 

 

Paralelo a este galimatías jurídico, la Fiscalía daba los resultados más importantes en las investigaciones por el carrusel de la contratación.  Gracias a la información que entregó Emilio Tapia, las autoridades procesaron a una serie de funcionarios públicos y exconcejales –entre ellos a Hipólito Moreno y al exsecretario de Salud, Héctor Zambrano– por el polémico contrato de ambulancias que tenía un valor de $69.000 y que fue firmado en 2009. Según las pesquisas, fueron $9.000 millones los que se perdieron el pago de coimas. 

 

Con estos avances, el camino estaba despejado para que se legalizara el preacuerdo. Sin embargo, todo se vino a pique a finales de 2013 cuando la Dirección de Lavados de Activos de la Fiscalía reportó que tenía pruebas que evidenciaban que Tapia siguió delinquiendo desde que empezó a colaborar con la justicia. Según los investigadores, el contratista, a través de terceras persona y empresas fachadas, realizó diversas transacciones financieras para ocultar el dinero que recibió como pago por su gestión durante el carrusel de contratos.  El 24 de febrero de 2014 fue capturado y la Fiscalía le quitó todos los beneficios. 

 

Primero, la Fiscalía no le renovó el principio de oportunidad que tenía por el delito de peculado y que vencía cuatro días después de su captura. Segundo, le pidió a la administración de justicia que cancelara el preacuerdo que ya habían firmado con Tapia. Y tercero, el ente investigador dictó extinción de dominio sobre 24 bienes avaluados en $40.633 millones que pertenecían al contratista y a su círculo más cercano. El testigo estrella terminó estrellado, sin beneficios jurídicos y expuesto a pagar penas que superaban ampliamente lo que había pactado con las autoridades ya que, además de ser procesado por el cartel de la contratación, lo estaba siendo por lavado de activos. 

 

El pasado 28 de enero el Tribunal Superior de Bogotá sepultó el preacuerdo de Tapia con la Fiscalía y, además, no permitió que todos los delitos por los que era investigado por el carrusel de la contratación se unieran en un solo proceso. En pocas palabras, a pesar de que los hechos eran los mismos –las irregularidades en el IDU, contratos de Transmilenio y UMV–, para la corporación al contratista lo tenían que juzgar en un caso por concierto para delinquir y en otro por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. 

 

El abogado defensor de Tapia, Jesús Albeiro Yepes, le explicó a este diario que su defendido ya aceptó cargos por todos estos delitos. Agregó que el próximo 5 de mayo se emitirá la primera condena por el delito de concierto para delinquir, mientras que el 20 de mayo se hará por las otras dos conductas punibles. Yepes precisó que en estos momentos se adelantan negociaciones con la Fiscalía para reactivar el principio de oportunidad por el delito de peculado para que el contratista continúe con su compromiso de colaborar con la justicia. 

 

Finalmente, el abogado manifestó que están buscando una salida rápida en el proceso que se adelanta por lavado de activos en el que se encuentre un punto de equilibrio.  Yepes concluyó que contra Tapia se dictarán tres sentencias y que ya será un juez de ejecución de penas quien tase cuántos años deberá pagar su defendido en prisión.  Para varios de los abogados de víctimas en el expediente del cartel de la contratación es indispensable que se solucione rápidamente el tema de Tapia, ya que no sólo es un testigo estelar, sino que es la piedra angular de las acusaciones contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno.