El ajedrez de la Corte Suprema para elegir fiscal general

El presidente de la República, Iván Duque, puso las cartas sobre la mesa. Sus candidatos para reemplazar a Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía General son Camilo Gómez, actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Estado; Francisco Barbosa, alto consejero para los Derechos Humanos y Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia. La presentación de la terna ante la Corte Suprema se hizo apenas faltando 16 días para la vacancia judicial y justo cuando ese alto tribunal se acaba de quedar con 16 integrantes (de 23 en total), que es el quórum que se necesita para hacer cualquier elección, es decir, tanto para fiscal como para las siete vacantes que tiene esa corporación.

Vea: Clara María González, Camilo Gómez y Francisco Barbosa, ternados para fiscal general

El escenario de la elección del próximo o próxima fiscal es por ahora un tablero de ajedrez al interior de la Corte Suprema. Como se sabe, Néstor Humberto Martínez renunció el 15 de mayo de 2019 tras mostrarse indignado por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no extraditar a Jesús Santrich y de dejarlo en libertad. Sin embargo, luego se conocieron, por este diario, versiones diferentes que apuntaban a que en la Corte se movía la postura de pedirle la renuncia por el manejo del caso Odebrecht. Aunque desde entonces el presidente Duque podía presentar la terna, supuestamente no lo hizo a la espera que esta estuviera completa. Ahora, la elección depende prácticamente de que haya unanimidad en el alto tribunal.

Los ternados serán escuchados por la Sala Plena el próximo 5 de diciembre y ese mismo día se presentarán ante ese tribunal los candidatos a reemplazar al magistrado Rigoberto Echeverri, quien terminó su periodo el pasado 30 de noviembre. Este punto es clave porque, según fuentes consultadas por este diario, la idea del alto tribunal sería elegir primero las siete vacantes actuales y luego al fiscal. No obstante, esto podría suceder en una misma sesión o en diferentes, dependiendo de si los magistrados pueden dejar a un lado diferencias internas y llegar a acuerdos para destrabar las elecciones. A esto se suma que por ahora sólo está citada una sala extraordinaria para el 10 diciembre y que el 20 de este mes empieza la vacancia judicial.

¿Por qué hay trabas? El alto tribunal tiene que llenar las vacantes (de listas de candidatos que hace el Consejo Superior de la Judicatura ) de Luis Guillermo Salazar, Fernando Castro, José Luis Barceló y Gustavo Malo de la Sala Penal (Malo, quien está suspendido por estar en juicio por el escándalo del cartel de la toga, está siendo reemplazado temporalmente por un magistrado); las de Luis Gabriel Miranda, Mauricio Burgos y Rigoberto Echeverri en la Sala Laboral y la de Margarita Cabello, quien renunció para asumir el Ministerio de Justicia, en la Sala Civil. El procedimiento, que es realmente un acuerdo tácito, consiste en que cada Sala lleva a Sala Plena a sus candidatos, esperando que sean apoyados por sus compañeros de las otras salas.

Pero esto no se ha cumplido y, como consecuencia, ninguno de los candidatos ha alcanzado los 16 votos necesarios. Este diario estableció que para las últimas sesiones de Sala Plena, la Sala Penal llevó los nombres de Fabio Ospitia Garzón, ex magistrado auxiliar de Leonidas Bustos (acusado por el cartel de la toga), para reemplazar a José Luis Barceló; y de Hugo Quintero Bernate para ocupar la plaza de Fernando Castro. Y la Laboral llevó los nombres de Matilde Trejos y Omar Mejía Amador para las plazas de Luis Gabriel Miranda y Mauricio Burgos, respectivamente. Pero no hubo acuerdo y ninguno superó los 10 votos. Hasta el momento, la Sala Civil no se ha puesto de acuerdo sobre sus candidatos.

¿Qué podría pasar? Según fuentes consultadas, lo primero que tendría que pasar es que las salas Penal y Laboral se pongan de acuerdo sobre sus candidatos para las tres listas y que la Civil haga lo propio para tratar de integrar la Corte. “Se necesita que las Salas genuinamente lleguen a acuerdos”, dijo un magistrado a este diario. Pero también puede pasar que en la Sala Laboral (que se quedó con cuatro personas, apenas el quórum para decidir, cambien los nombres pues hay un sector que ha impulsado el nombre de Cruz Antonio Yañez Arrieta, magistrado actual del Tribunal Superior de Montería.

Incluso, en este debate ya se puso sobre la mesa en la Sala Plena que los juristas renuncien a su derecho al voto secreto, pero no hubo mayorías al respecto. Para algunas personas, al no respetarse los acuerdos, hay un bloque pequeño de magistrados (cinco en total) que estarían buscando bloquear las elecciones para presionar que sean elegidos otros candidatos. Incluso, otras personas consultadas le dijeron a este diario que detrás de todo el proceso de elección de magistrados “hay lobby de personas ajenas a la Corte, del Gobierno, de entes de control”.

Una fuente más apuntó: “Qué pesar que estemos llegando al punto en que las corporaciones no van a ser independientes si hay fuerzas metiendo mano”.  En ese sentido, en los pasillos del Palacio de Justicia hay quienes consideran que este es el peor momento en que se pudo presentar la terna para elegir fiscal. Como si fuera poco, hay otro escenario que a futuro podría complicar las cosas: en marzo de 2020 termina su periodo el magistrado Ariel Salazar de la Sala Civil, por lo que, si no hay elecciones para esa fecha, la Corte se quedaría sin quorum. Y allí las posibilidades son dos.

Por un lado, que la propia Corte modifique su propio reglamento y su quorum para poder elegir magistrados y fiscal. No obstante, esta posibilidad está prácticamente descartada porque al hacerse sobre un proceso en curso, llevaría a que sea anulada la elección que se produzca y hay un antecedente claro: la elección y posterior anulación en el Consejo de Estado de Viviane Morales como fiscal general. De otro lado, está que el presidente Iván Duque modifique vía decreto el quorum de la Corte, dada la situación excepcional que implicaría quedarse solo con 15 magistrados.

De esto, explicaron fuentes, hay un antecedente: cuando Belisario Betancur lo hizo después del Holocausto del Palacio de Justicia. Pero esta posición no cala en la mayoría de la Sala y deja varias preguntas, como si se tendría que declarar alguna figura excepcional para poderlo hacer.  Aun así, una fuente señaló que, si se llegare a este extremo, es necesario que el presidente manifieste su disposición para hacerlo, con ánimo de resolver la situación, ya que en todo caso es la Corte Suprema la que, por ley, puede elegir tanto al fiscal como a sus propios integrantes. 

El presidente de la República, Iván Duque, puso las cartas sobre la mesa. Sus candidatos para reemplazar a Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía General son Camilo Gómez, actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Estado; Francisco Barbosa, alto consejero para los Derechos Humanos y Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia. La presentación de la terna ante la Corte Suprema se hizo apenas faltando 16 días para la vacancia judicial y justo cuando ese alto tribunal se acaba de quedar con 16 integrantes (de 23 en total), que es el quórum que se necesita para hacer cualquier elección, es decir, tanto para fiscal como para las siete vacantes que tiene esa corporación.

Vea: Clara María González, Camilo Gómez y Francisco Barbosa, ternados para fiscal general

El escenario de la elección del próximo o próxima fiscal es por ahora un tablero de ajedrez al interior de la Corte Suprema. Como se sabe, Néstor Humberto Martínez renunció el 15 de mayo de 2019 tras mostrarse indignado por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no extraditar a Jesús Santrich y de dejarlo en libertad. Sin embargo, luego se conocieron, por este diario, versiones diferentes que apuntaban a que en la Corte se movía la postura de pedirle la renuncia por el manejo del caso Odebrecht. Aunque desde entonces el presidente Duque podía presentar la terna, supuestamente no lo hizo a la espera que esta estuviera completa. Ahora, la elección depende prácticamente de que haya unanimidad en el alto tribunal.

Los ternados serán escuchados por la Sala Plena el próximo 5 de diciembre y ese mismo día se presentarán ante ese tribunal los candidatos a reemplazar al magistrado Rigoberto Echeverri, quien terminó su periodo el pasado 30 de noviembre. Este punto es clave porque, según fuentes consultadas por este diario, la idea del alto tribunal sería elegir primero las siete vacantes actuales y luego al fiscal. No obstante, esto podría suceder en una misma sesión o en diferentes, dependiendo de si los magistrados pueden dejar a un lado diferencias internas y llegar a acuerdos para destrabar las elecciones. A esto se suma que por ahora sólo está citada una sala extraordinaria para el 10 diciembre y que el 20 de este mes empieza la vacancia judicial.

¿Por qué hay trabas? El alto tribunal tiene que llenar las vacantes (de listas de candidatos que hace el Consejo Superior de la Judicatura ) de Luis Guillermo Salazar, Fernando Castro, José Luis Barceló y Gustavo Malo de la Sala Penal (Malo, quien está suspendido por estar en juicio por el escándalo del cartel de la toga, está siendo reemplazado temporalmente por un magistrado); las de Luis Gabriel Miranda, Mauricio Burgos y Rigoberto Echeverri en la Sala Laboral y la de Margarita Cabello, quien renunció para asumir el Ministerio de Justicia, en la Sala Civil. El procedimiento, que es realmente un acuerdo tácito, consiste en que cada Sala lleva a Sala Plena a sus candidatos, esperando que sean apoyados por sus compañeros de las otras salas.

Pero esto no se ha cumplido y, como consecuencia, ninguno de los candidatos ha alcanzado los 16 votos necesarios. Este diario estableció que para las últimas sesiones de Sala Plena, la Sala Penal llevó los nombres de Fabio Ospitia Garzón, ex magistrado auxiliar de Leonidas Bustos (acusado por el cartel de la toga), para reemplazar a José Luis Barceló; y de Hugo Quintero Bernate para ocupar la plaza de Fernando Castro. Y la Laboral llevó los nombres de Matilde Trejos y Omar Mejía Amador para las plazas de Luis Gabriel Miranda y Mauricio Burgos, respectivamente. Pero no hubo acuerdo y ninguno superó los 10 votos. Hasta el momento, la Sala Civil no se ha puesto de acuerdo sobre sus candidatos.

¿Qué podría pasar? Según fuentes consultadas, lo primero que tendría que pasar es que las salas Penal y Laboral se pongan de acuerdo sobre sus candidatos para las tres listas y que la Civil haga lo propio para tratar de integrar la Corte. “Se necesita que las Salas genuinamente lleguen a acuerdos”, dijo un magistrado a este diario. Pero también puede pasar que en la Sala Laboral (que se quedó con cuatro personas, apenas el quórum para decidir, cambien los nombres pues hay un sector que ha impulsado el nombre de Cruz Antonio Yañez Arrieta, magistrado actual del Tribunal Superior de Montería.

Incluso, en este debate ya se puso sobre la mesa en la Sala Plena que los juristas renuncien a su derecho al voto secreto, pero no hubo mayorías al respecto. Para algunas personas, al no respetarse los acuerdos, hay un bloque pequeño de magistrados (cinco en total) que estarían buscando bloquear las elecciones para presionar que sean elegidos otros candidatos. Incluso, otras personas consultadas le dijeron a este diario que detrás de todo el proceso de elección de magistrados “hay lobby de personas ajenas a la Corte, del Gobierno, de entes de control”.

Una fuente más apuntó: “Qué pesar que estemos llegando al punto en que las corporaciones no van a ser independientes si hay fuerzas metiendo mano”.  En ese sentido, en los pasillos del Palacio de Justicia hay quienes consideran que este es el peor momento en que se pudo presentar la terna para elegir fiscal. Como si fuera poco, hay otro escenario que a futuro podría complicar las cosas: en marzo de 2020 termina su periodo el magistrado Ariel Salazar de la Sala Civil, por lo que, si no hay elecciones para esa fecha, la Corte se quedaría sin quorum. Y allí las posibilidades son dos.

Por un lado, que la propia Corte modifique su propio reglamento y su quorum para poder elegir magistrados y fiscal. No obstante, esta posibilidad está prácticamente descartada porque al hacerse sobre un proceso en curso, llevaría a que sea anulada la elección que se produzca y hay un antecedente claro: la elección y posterior anulación en el Consejo de Estado de Viviane Morales como fiscal general. De otro lado, está que el presidente Iván Duque modifique vía decreto el quorum de la Corte, dada la situación excepcional que implicaría quedarse solo con 15 magistrados.

De esto, explicaron fuentes, hay un antecedente: cuando Belisario Betancur lo hizo después del Holocausto del Palacio de Justicia. Pero esta posición no cala en la mayoría de la Sala y deja varias preguntas, como si se tendría que declarar alguna figura excepcional para poderlo hacer.  Aun así, una fuente señaló que, si se llegare a este extremo, es necesario que el presidente manifieste su disposición para hacerlo, con ánimo de resolver la situación, ya que en todo caso es la Corte Suprema la que, por ley, puede elegir tanto al fiscal como a sus propios integrantes.