El Aro y otros casos de Uribe se van de la Corte Suprema para la Fiscalía

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía tres de los expedientes más voluminosos que llevaba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez: los de la masacre de San Roque, las masacres de Ituango (El Aro y La Granja) y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Todos estos crímenes ocurrieron mientras Uribe era gobernador de Antioquia, pero habían pasado a la Corte cuando el expresidente se volvió senador en 2014. Ahora, tras su renuncia al Congreso, su juez natural vuelve a ser la Fiscalía.

(En contexto: Corte Suprema explica envío del caso Uribe a la Fiscalía)

“Mediante providencia adoptada hoy, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia declara, ante la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su condición de congresista, que ha perdido competencia”, explicó la Corte en un comunicado. Además, los magistrados explicaron que la decisión se tomó de forma unánime porque no encontraron que se cumpliera ninguno de los requisitos que les permitía dejar el expediente en el alto tribunal tras la renuncia de Uribe al Congreso.

En concreto, se trata de tres expedientes que estaban bajo el mismo radicado y que venía adelantando el magistrado César Reyes, el mismo que llamó a indagatoria a Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y que le impuso casa por cárcel mientras el proceso avanzaba. Primero, la masacre de San Roque, municipio del nordeste antioqueño, perpetrada en 1996 por un grupo al margen de la ley que, según la Corte, “al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”.

(En contexto: Las últimas constancias que Jesús María Valle le dejó a su hermano)

En segundo lugar están las masacres de Ituango, ocurridas en los corregimientos de El Aro (junio de 1996) y La Granja (octubre de 1997). Allí, paramilitares atacaron a la población civil de manera indiscriminada, mientras Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, en hechos que en casi 25 años no han podido ser esclarecidos. “En ese mismo contexto sucedieron otros crímenes como fueron el secuestro de diecisiete personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango”, añadió la Corte Suprema.

Por último está el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, concejal de Ituango a finales de los noventa, quien venía advirtiendo de la arremetida paramilitar. Fue asesinado en febrero de 1998, luego de haber alertado una y otra vez de como la violencia se cernía sobre su municipio. Hace unos días, en entre vista con este diario, su hermano Darío Valle Jaramillo dijo que no esperaba justicia si el proceso pasaba a la Fiscalía. “Barbosa es el fiscal de bolsillo de este Gobierno, cuyo presidente verdadero está en ‘cuerpo ajeno’ y es a quien va a juzgar. Mi confianza en ese proceso bajo su responsabilidad es, matemáticamente hablando, de menos cero”, aseguró.

(Lea también: El próximo 16 de septiembre se decide si Uribe continúa con prisión domiciliaria o no)

Además de estos procesos, que todavía se encuentran en indagación, Uribe es investigado por fraude procesal y soborno en actuación penal. Por estos dos delitos fue llamado a indagatoria y la Sala de Instrucción de la Corte le impuso casa por cárcel mientras decidía si lo llamaba a juicio ante la Sala de Juzgamiento. Sin embargo, antes de que esto se cumpliera, el expresidente renunció al Congreso, con lo cual los magistrados decidieron enviar el caso a la Fiscalía, donde el fiscal general Francisco Barbosa se lo encomendó al coordinador de fiscales ante la Corte, Gabriel Jaimes.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía tres de los expedientes más voluminosos que llevaba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez: los de la masacre de San Roque, las masacres de Ituango (El Aro y La Granja) y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Todos estos crímenes ocurrieron mientras Uribe era gobernador de Antioquia, pero habían pasado a la Corte cuando el expresidente se volvió senador en 2014. Ahora, tras su renuncia al Congreso, su juez natural vuelve a ser la Fiscalía.

(En contexto: Corte Suprema explica envío del caso Uribe a la Fiscalía)

“Mediante providencia adoptada hoy, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia declara, ante la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su condición de congresista, que ha perdido competencia”, explicó la Corte en un comunicado. Además, los magistrados explicaron que la decisión se tomó de forma unánime porque no encontraron que se cumpliera ninguno de los requisitos que les permitía dejar el expediente en el alto tribunal tras la renuncia de Uribe al Congreso.

En concreto, se trata de tres expedientes que estaban bajo el mismo radicado y que venía adelantando el magistrado César Reyes, el mismo que llamó a indagatoria a Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y que le impuso casa por cárcel mientras el proceso avanzaba. Primero, la masacre de San Roque, municipio del nordeste antioqueño, perpetrada en 1996 por un grupo al margen de la ley que, según la Corte, “al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”.

(En contexto: Las últimas constancias que Jesús María Valle le dejó a su hermano)

En segundo lugar están las masacres de Ituango, ocurridas en los corregimientos de El Aro (junio de 1996) y La Granja (octubre de 1997). Allí, paramilitares atacaron a la población civil de manera indiscriminada, mientras Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, en hechos que en casi 25 años no han podido ser esclarecidos. “En ese mismo contexto sucedieron otros crímenes como fueron el secuestro de diecisiete personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango”, añadió la Corte Suprema.

Por último está el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, concejal de Ituango a finales de los noventa, quien venía advirtiendo de la arremetida paramilitar. Fue asesinado en febrero de 1998, luego de haber alertado una y otra vez de como la violencia se cernía sobre su municipio. Hace unos días, en entre vista con este diario, su hermano Darío Valle Jaramillo dijo que no esperaba justicia si el proceso pasaba a la Fiscalía. “Barbosa es el fiscal de bolsillo de este Gobierno, cuyo presidente verdadero está en ‘cuerpo ajeno’ y es a quien va a juzgar. Mi confianza en ese proceso bajo su responsabilidad es, matemáticamente hablando, de menos cero”, aseguró.

(Lea también: El próximo 16 de septiembre se decide si Uribe continúa con prisión domiciliaria o no)

Además de estos procesos, que todavía se encuentran en indagación, Uribe es investigado por fraude procesal y soborno en actuación penal. Por estos dos delitos fue llamado a indagatoria y la Sala de Instrucción de la Corte le impuso casa por cárcel mientras decidía si lo llamaba a juicio ante la Sala de Juzgamiento. Sin embargo, antes de que esto se cumpliera, el expresidente renunció al Congreso, con lo cual los magistrados decidieron enviar el caso a la Fiscalía, donde el fiscal general Francisco Barbosa se lo encomendó al coordinador de fiscales ante la Corte, Gabriel Jaimes.