El asesinato de Eduardo Umaña, crimen de lesa humanidad en estudio por la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia si el Estado es responsable por el asesinato del defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza y por los escasos avances investigativos en el crimen de lesa humanidad. La familia del abogado sostiene que militares, en compañía de La Terraza, planearon y ejecutaron su muerte el 18 de abril de 1998.
El 18 de abril de 1998, en el barrio Nicolás de Federmán de Bogotá, el defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado. Una mujer y dos hombres de La Terraza, quienes se hicieron pasar por periodistas, entraron a su oficina, donde, luego de atar a la asistente del abogado, lo silenciaron con disparos de arma de fuego. 23 años después, luego de un lento proceso investigativo de la Fiscalía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia la responsabilidad del Estado por un crimen de lesa humanidad, que involucraría a agentes de inteligencia del Ejército y el paramilitarismo en Colombia.
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La CIDH, en su informe de admisibilidad, reconoció que el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza, declarado de lesa humanidad el 16 de agosto de 2016, probablemente representó una violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, protección a la familia, derecho de circulación y de residencia, y protección judicial, por la que el Estado podría responder en el sistema interamericano. La familia de Umaña, exiliada en su momento y en constante expectativa por el desarrollo del caso, elevó el expediente en mayo de 2011 a la CIDH, ante los pobres resultados de la Fiscalía.
“La Comisión observa que la presente petición incluye alegaciones con respecto a la presunta ejecución extrajudicial de José Eduardo Umaña Mendoza como consecuencia de su labor como defensor de derechos humanos en el marco de distintas amenazas persistentes y atentados en contra de su vida e integridad y la falta de protección judicial efectiva e investigación de tales hechos, prácticas inadecuadas de investigación, así como la migración forzada de la familia de la presunta víctima”, explicó la CIDH, la cual durante la presente semana visitará Colombia para documentar las denuncias de excesos de la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional.
Eduardo Umaña Mendoza era un defensor de derechos humanos, a quien no le tembló la voz para denunciar la infiltración del paramilitarismo en el Ejército y en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), derrumbado en 2011 tras los constantes escándalos por interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados y opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante su carrera como abogado, Umaña Mendoza fundó distintas organizaciones no gubernamentales, entre los años 70 y los 90, por lo cual, denuncia su familia, fue objeto de seguimiento de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Militares.
Ante la CIDH, la familia de Umaña Mendoza denunció que el abogado recibió constantes amenazas de muerte, durante la década de los 90′s, por su trabajo como defensor de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, edificio que fue tomado por el M-19 entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2014, condenó a Colombia por la retoma del Ejército, la cual dejó un saldo de 11 civiles desaparecidos. Umaña Mendoza sostuvo que las Fuerzas Militares capturaron personas en el Palacio y las desaparecieron sin verificar su culpabilidad en el holocausto.
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Los representantes de Umaña alegan que, en agosto de 1997, la víctima resolvió convertir su antigua residencia en su oficina y trasladar su domicilio a otro lugar de la ciudad, todo para proteger a su familia. En la denuncia a la CIDH se destaca que, por su trabajo como litigante y en defensa de los derechos humanos, Umaña Mendoza entró en contacto con miembros del cuerpo de seguridad del Estado como el DAS, el Ejército y la Policía. Incluso, en 1996, el abogado demostró que la Fiscalía, aprovechando el sistema de justicia “sin rostro” (se aprobó la declaración de testigos anónimos), clonó testigos para incriminar a 12 integrantes del sindicato de Ecopetrol de colaborar con el Eln.
Umaña Mendoza aterrizó su caso a la Dirección Nacional del CTI de la Fiscalía el 16 de febrero de 1998, pues había recibido amenazas durante los últimos 15 días a su teléfono celular. “La parte peticionaria detalla que para febrero de 1998 la presunta víctima había revelado los resultados de sus investigaciones sobre los testigos ‘clonados’ en los procesos contra los sindicalistas de la USO (Unión Sindical Obrera), así como las manipulaciones orquestadas por miembros de inteligencia militar, fiscales y miembros del Cuerpo Técnico en Investigaciones”, explicó la CIDH.
La Fiscalía le ofreció mecanismos de la protección del DAS y trasladó la denuncia al fiscal 241 delegado ante los Juzgado Penales de la Unidad Antisecuestro, sin embargo, Umaña Mendoza declinó la oferta pues, en razón a su trabajo, ya sabía sobre la infiltración del paramilitarismo en las instituciones del Estado, así como su participación en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En marzo de 1998, de hecho, Umaña denunció ante el Director Nacional del CTI acerca de las posibles alianzas de la Fiscalía 101 delegada ante las Fuerzas Militares y los servicios de inteligencia del Ejército, presuntamente implicados en la planeación de su asesinato.
23 años después, esa es una teoría que confirmaría Salvatore Mancuso, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en una reciente audiencia ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, el cual lleva a cabo un proceso de macroimputación contra Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Mientras las autoridades antioqueñas exploran la actividad de Don Berna como máximo jefe de La Terraza, una temible banda criminal contratada por las Auc, el Cartel de Medellín y, al parecer, por el Ejército, Mancuso aseguró que a petición de altos mandos de las Fuerzas Militares eran asesinados defensores de derechos humanos.
Uno de los primeros interrogantes por los que los magistrados cuestionaron a Mancuso, hoy preso en una cárcel de Atlanta (Estados Unidos), era por quién tomaba la decisión de asesinar a líderes como Eduardo Umaña, Jesús María Valle o el mítico Jaime Garzón. “Eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaban a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar”, explicó Mancuso. De acuerdo con el exjefe paramilitar, el exdirector del DAS José Miguel Narváez, condenado a 26 años de prisión por determinar el asesinato de Garzón, dada información a las Auc sobre las personas que debían ser “dadas de baja”, e incluso, el funcionario llegaba a territorio paramilitar con listados de personas cuyos asesinatos estaban destinados.
Antecedentes: “Don Berna”, a responder por el crimen de Eduardo Umaña Mendoza
En medio de esas denuncias, Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado el 18 de abril de 1998. Los sicarios de La Terraza ataron a la asistente María Ingrid Pinzón, dispararon en tres ocasiones contra el abogado y robaron dinero de la oficina. Se marcharon en un taxi que los esperaba afuera del edificio. Días después, Pinzón fue amenazada por sicarios en moto, por lo que abandonó Colombia en agosto de 1998. La familia del defensor, por su parte, como si no bastara con la enorme pérdida, fueron objeto de seguimientos y hostigamientos, por lo que decidieron salir del país el 1° de agosto de 1998. Incluso dos estudiantes de Umaña Mendoza se exiliaron tras recibir intimidaciones.
El proceso penal
La Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía asumió la investigación preliminar del crimen. El fiscal encargado del caso ordenó, en mayo de 1998, varias pruebas, registros e inspecciones para investigar a miembros de la XX y la XII Brigada del Ejército. Días antes del asesinato, Umaña Mendoza recibió en su oficina la vista de un miembro de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. De acuerdo con la familia del abogado, la evidencia nunca fue recolectada con la precaución debida, lo cual impidió hacerle pruebas técnicas. Incluso, la Fiscalía habría malogrado las fotos de una inspección a las hojas de vida de los miembros de las brigadas. Esas pistas no fueron exploradas, porque habrían quedado mal reveladas.
“Destaca que, en el marco de la investigación preliminar, miembros de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército produjeron información para desviar la investigación la cual fue posteriormente constatada como falsa. Asimismo, informa que a partir de la declaración rendida el 22 de mayo de 1998 ante la Fiscalía por un supuesto testigo suministrado por la Policía detenido por delito de hurto calificado y agravado, la investigación fue desviada para concentrarse en un grupo de personas, algunos conocidos delincuentes comunes, a pesar de las evidencias anteriormente recaudadas y de las serias pistas contra miembros de inteligencia militar”, explicó la CIDH.
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Entre septiembre de 1998 y enero de 1999, la Fiscalía dictó detención preventiva por el delito de concierto para delinquir contra personas identificadas por testigos. La Fiscalía los acusó en noviembre de 1999, incluyendo el delito de homicidio. Sin embargo, el 6 de julio de 2011, más de una década después, el Juzgado 6 penal de Circuito de Bogotá absolvió a los únicos acusados hasta el momento. La familia de Umaña Mendoza denuncia que, desde entonces, la investigación judicial quedó en “diligencias previas”, mientras las pesquisas contra los miembros del Ejército quedaron congeladas.
La familia del abogado denuncia que, a pesar que exparamilitares como Mancuso han advertido la responsabilidad del Estado, la Fiscalía ha considerado poco creíble uno de esos testimonios, pues el criminal buscaría beneficios judiciales por colaboración. La Procuraduría, por su parte, pidió vincular a la investigación al teniente coronel Jesús María Clavijo y al teniente Oscar Conrado Zuluaga, sin embargo, la Fiscalía Segunda de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en decisión del 14 de abril de 2008, explicó que no se había vinculado a ningún miembro de las fuerzas militares.
Uno de los hijos de Eduardo Umaña Mendoza interpuso en julio de 2009 un derecho de petición ante la Fiscalía General, exigiendo explicaciones sobre el avance del proceso. Sin embargo, un mes después, el ente investigador le respondió que “no ha sido posible obtener pruebas que le permitan identificar a los autores y establecer los motivos que tuvieron estos”, según la CIDH. Tal fue la desazón de las víctimas, que en agosto de 2016 solicitaron a la Fiscalía declarar el asesinato del defensor como crimen de lesa humanidad, petición que fue aceptada el 27 de septiembre de 2016. Así las cosas, la acción investigativa no podrá prescribir y el caso no quedará archivado.
Durante el proceso ante la CIDH, el Estado alegó que la familia de Umaña Mendoza no ha agotado recursos internos como el penal y la acción de reparación directa. “La reparación directa es la vía judicial procedente para reclamar la reparación de daños antijurídicos causados por agentes estatales, como en el presente caso, de conformidad con los estándares interamericanos”, se explica en el informe de admisibilidad sobre la respuesta de Colombia. La Agencia de Defensa del Estado sostiene que, a la fecha, las autoridades continúan dirigiendo sus esfuerzos a “la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”. El Estado se mantiene firme en que el expediente ha tenido avances significativos y que la absolución de las personas inicialmente vinculadas es un resultado natural y posible dentro del marco de la actividad judicial.
El 18 de abril de 1998, en el barrio Nicolás de Federmán de Bogotá, el defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado. Una mujer y dos hombres de La Terraza, quienes se hicieron pasar por periodistas, entraron a su oficina, donde, luego de atar a la asistente del abogado, lo silenciaron con disparos de arma de fuego. 23 años después, luego de un lento proceso investigativo de la Fiscalía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia la responsabilidad del Estado por un crimen de lesa humanidad, que involucraría a agentes de inteligencia del Ejército y el paramilitarismo en Colombia.
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La CIDH, en su informe de admisibilidad, reconoció que el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza, declarado de lesa humanidad el 16 de agosto de 2016, probablemente representó una violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, protección a la familia, derecho de circulación y de residencia, y protección judicial, por la que el Estado podría responder en el sistema interamericano. La familia de Umaña, exiliada en su momento y en constante expectativa por el desarrollo del caso, elevó el expediente en mayo de 2011 a la CIDH, ante los pobres resultados de la Fiscalía.
“La Comisión observa que la presente petición incluye alegaciones con respecto a la presunta ejecución extrajudicial de José Eduardo Umaña Mendoza como consecuencia de su labor como defensor de derechos humanos en el marco de distintas amenazas persistentes y atentados en contra de su vida e integridad y la falta de protección judicial efectiva e investigación de tales hechos, prácticas inadecuadas de investigación, así como la migración forzada de la familia de la presunta víctima”, explicó la CIDH, la cual durante la presente semana visitará Colombia para documentar las denuncias de excesos de la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional.
Eduardo Umaña Mendoza era un defensor de derechos humanos, a quien no le tembló la voz para denunciar la infiltración del paramilitarismo en el Ejército y en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), derrumbado en 2011 tras los constantes escándalos por interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados y opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante su carrera como abogado, Umaña Mendoza fundó distintas organizaciones no gubernamentales, entre los años 70 y los 90, por lo cual, denuncia su familia, fue objeto de seguimiento de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Militares.
Ante la CIDH, la familia de Umaña Mendoza denunció que el abogado recibió constantes amenazas de muerte, durante la década de los 90′s, por su trabajo como defensor de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, edificio que fue tomado por el M-19 entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2014, condenó a Colombia por la retoma del Ejército, la cual dejó un saldo de 11 civiles desaparecidos. Umaña Mendoza sostuvo que las Fuerzas Militares capturaron personas en el Palacio y las desaparecieron sin verificar su culpabilidad en el holocausto.
En contexto: “Eran pedidos desde el Estado”: Mancuso habla de los magnicidios a manos de las Auc
Los representantes de Umaña alegan que, en agosto de 1997, la víctima resolvió convertir su antigua residencia en su oficina y trasladar su domicilio a otro lugar de la ciudad, todo para proteger a su familia. En la denuncia a la CIDH se destaca que, por su trabajo como litigante y en defensa de los derechos humanos, Umaña Mendoza entró en contacto con miembros del cuerpo de seguridad del Estado como el DAS, el Ejército y la Policía. Incluso, en 1996, el abogado demostró que la Fiscalía, aprovechando el sistema de justicia “sin rostro” (se aprobó la declaración de testigos anónimos), clonó testigos para incriminar a 12 integrantes del sindicato de Ecopetrol de colaborar con el Eln.
Umaña Mendoza aterrizó su caso a la Dirección Nacional del CTI de la Fiscalía el 16 de febrero de 1998, pues había recibido amenazas durante los últimos 15 días a su teléfono celular. “La parte peticionaria detalla que para febrero de 1998 la presunta víctima había revelado los resultados de sus investigaciones sobre los testigos ‘clonados’ en los procesos contra los sindicalistas de la USO (Unión Sindical Obrera), así como las manipulaciones orquestadas por miembros de inteligencia militar, fiscales y miembros del Cuerpo Técnico en Investigaciones”, explicó la CIDH.
La Fiscalía le ofreció mecanismos de la protección del DAS y trasladó la denuncia al fiscal 241 delegado ante los Juzgado Penales de la Unidad Antisecuestro, sin embargo, Umaña Mendoza declinó la oferta pues, en razón a su trabajo, ya sabía sobre la infiltración del paramilitarismo en las instituciones del Estado, así como su participación en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En marzo de 1998, de hecho, Umaña denunció ante el Director Nacional del CTI acerca de las posibles alianzas de la Fiscalía 101 delegada ante las Fuerzas Militares y los servicios de inteligencia del Ejército, presuntamente implicados en la planeación de su asesinato.
23 años después, esa es una teoría que confirmaría Salvatore Mancuso, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en una reciente audiencia ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, el cual lleva a cabo un proceso de macroimputación contra Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Mientras las autoridades antioqueñas exploran la actividad de Don Berna como máximo jefe de La Terraza, una temible banda criminal contratada por las Auc, el Cartel de Medellín y, al parecer, por el Ejército, Mancuso aseguró que a petición de altos mandos de las Fuerzas Militares eran asesinados defensores de derechos humanos.
Uno de los primeros interrogantes por los que los magistrados cuestionaron a Mancuso, hoy preso en una cárcel de Atlanta (Estados Unidos), era por quién tomaba la decisión de asesinar a líderes como Eduardo Umaña, Jesús María Valle o el mítico Jaime Garzón. “Eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaban a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar”, explicó Mancuso. De acuerdo con el exjefe paramilitar, el exdirector del DAS José Miguel Narváez, condenado a 26 años de prisión por determinar el asesinato de Garzón, dada información a las Auc sobre las personas que debían ser “dadas de baja”, e incluso, el funcionario llegaba a territorio paramilitar con listados de personas cuyos asesinatos estaban destinados.
Antecedentes: “Don Berna”, a responder por el crimen de Eduardo Umaña Mendoza
En medio de esas denuncias, Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado el 18 de abril de 1998. Los sicarios de La Terraza ataron a la asistente María Ingrid Pinzón, dispararon en tres ocasiones contra el abogado y robaron dinero de la oficina. Se marcharon en un taxi que los esperaba afuera del edificio. Días después, Pinzón fue amenazada por sicarios en moto, por lo que abandonó Colombia en agosto de 1998. La familia del defensor, por su parte, como si no bastara con la enorme pérdida, fueron objeto de seguimientos y hostigamientos, por lo que decidieron salir del país el 1° de agosto de 1998. Incluso dos estudiantes de Umaña Mendoza se exiliaron tras recibir intimidaciones.
El proceso penal
La Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía asumió la investigación preliminar del crimen. El fiscal encargado del caso ordenó, en mayo de 1998, varias pruebas, registros e inspecciones para investigar a miembros de la XX y la XII Brigada del Ejército. Días antes del asesinato, Umaña Mendoza recibió en su oficina la vista de un miembro de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. De acuerdo con la familia del abogado, la evidencia nunca fue recolectada con la precaución debida, lo cual impidió hacerle pruebas técnicas. Incluso, la Fiscalía habría malogrado las fotos de una inspección a las hojas de vida de los miembros de las brigadas. Esas pistas no fueron exploradas, porque habrían quedado mal reveladas.
“Destaca que, en el marco de la investigación preliminar, miembros de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército produjeron información para desviar la investigación la cual fue posteriormente constatada como falsa. Asimismo, informa que a partir de la declaración rendida el 22 de mayo de 1998 ante la Fiscalía por un supuesto testigo suministrado por la Policía detenido por delito de hurto calificado y agravado, la investigación fue desviada para concentrarse en un grupo de personas, algunos conocidos delincuentes comunes, a pesar de las evidencias anteriormente recaudadas y de las serias pistas contra miembros de inteligencia militar”, explicó la CIDH.
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Entre septiembre de 1998 y enero de 1999, la Fiscalía dictó detención preventiva por el delito de concierto para delinquir contra personas identificadas por testigos. La Fiscalía los acusó en noviembre de 1999, incluyendo el delito de homicidio. Sin embargo, el 6 de julio de 2011, más de una década después, el Juzgado 6 penal de Circuito de Bogotá absolvió a los únicos acusados hasta el momento. La familia de Umaña Mendoza denuncia que, desde entonces, la investigación judicial quedó en “diligencias previas”, mientras las pesquisas contra los miembros del Ejército quedaron congeladas.
La familia del abogado denuncia que, a pesar que exparamilitares como Mancuso han advertido la responsabilidad del Estado, la Fiscalía ha considerado poco creíble uno de esos testimonios, pues el criminal buscaría beneficios judiciales por colaboración. La Procuraduría, por su parte, pidió vincular a la investigación al teniente coronel Jesús María Clavijo y al teniente Oscar Conrado Zuluaga, sin embargo, la Fiscalía Segunda de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en decisión del 14 de abril de 2008, explicó que no se había vinculado a ningún miembro de las fuerzas militares.
Uno de los hijos de Eduardo Umaña Mendoza interpuso en julio de 2009 un derecho de petición ante la Fiscalía General, exigiendo explicaciones sobre el avance del proceso. Sin embargo, un mes después, el ente investigador le respondió que “no ha sido posible obtener pruebas que le permitan identificar a los autores y establecer los motivos que tuvieron estos”, según la CIDH. Tal fue la desazón de las víctimas, que en agosto de 2016 solicitaron a la Fiscalía declarar el asesinato del defensor como crimen de lesa humanidad, petición que fue aceptada el 27 de septiembre de 2016. Así las cosas, la acción investigativa no podrá prescribir y el caso no quedará archivado.
Durante el proceso ante la CIDH, el Estado alegó que la familia de Umaña Mendoza no ha agotado recursos internos como el penal y la acción de reparación directa. “La reparación directa es la vía judicial procedente para reclamar la reparación de daños antijurídicos causados por agentes estatales, como en el presente caso, de conformidad con los estándares interamericanos”, se explica en el informe de admisibilidad sobre la respuesta de Colombia. La Agencia de Defensa del Estado sostiene que, a la fecha, las autoridades continúan dirigiendo sus esfuerzos a “la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”. El Estado se mantiene firme en que el expediente ha tenido avances significativos y que la absolución de las personas inicialmente vinculadas es un resultado natural y posible dentro del marco de la actividad judicial.