Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Desde el viernes 13 de agosto de 1999, cuando fue asesinado a tiros el periodista Jaime Garzón Forero, el país tuvo la certeza de que la mano del paramilitarismo estuvo detrás del homicidio. Pero apenas ahora, después de 15 años de omisiones y desaciertos judiciales, se empieza a entender que el crimen hizo parte de un capítulo casi impune en las averiguaciones de la justicia: el bloque Capital y sus tentáculos en la fuerza pública, la clase política y los organismos de inteligencia.
Aunque en su momento las pesquisas del DAS indujeron a la Fiscalía a concentrar su investigación en dos sujetos que fueron absueltos cinco años después, el propio Jaime Garzón había dejado una pista confiable cuando acudió a la cárcel La Modelo de Bogotá para tratar de eludir el asedio de la muerte. Lo hizo para buscar comunicación con el jefe paramilitar Carlos Castaño, porque sabía que en esa época una extensión activa de las autodefensas delinquía desde este reclusorio.
Allá estaba preso y sindicado como cerebro del tráfico de insumos químicos para la cocaína Miguel Arroyave, bien conocido de los hermanos Castaño desde sus tiempos de juventud en Amalfi (Antioquia). No duró dos años y salió libre en 2001 para convertirse en jefe del bloque Centauros, ligado a la expansión del paramilitarismo en Bogotá. También purgaba prisión Ángel Gaitán Mahecha, entonces pieza clave del zar de las esmeraldas Víctor Carranza.
Con ellos y otros paramilitares detenidos en La Modelo trabajaba desde la clandestinidad el enlace de la casa Castaño en Bogotá: Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepisca o Alfonso. Concuñado de Carlos Castaño y mano derecha de su hermano Vicente, este individuo, hoy detenido en la cárcel de Montería (Córdoba), como él mismo lo confesó a un fiscal de Justicia y Paz, llegó a la ciudad en 1998 para fortalecer el Frente Capital, con influencia en municipios cercanos.
Tiempo después, desde una cárcel de Estados Unidos, a donde fue extraditado en mayo de 2008, el paramilitar Diego Alberto Ruiz, alias El Primo, admitió que mientras Miguel Arroyave estuvo en prisión, alias Huevoepisca ejecutó las órdenes de Carlos Castaño en Bogotá. Cuando Jesús Emiro Pereira fue capturado en diciembre de 2001, después de coordinar innumerables crímenes desde la capital hasta el Casanare, Castaño envió en su reemplazo a Henry de Jesús López, alias Mi Sangre.
En una versión libre, Huevoepisca precisó que la persona que los ayudó a entrar a Bogotá en 1998 fue el general (r) Rito Alejo del Río, quien entonces ejercía como comandante de la Brigada XIII en la capital de la República; y que fue él quien le recomendó trabajar con el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien fungía como jefe de inteligencia de la citada unidad militar. Ambos oficiales venían de trabajar en la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa (Urabá).
Es más, alias Huevoepisca recalcó que Del Río le pidió que “cuadrara cosas” con las autodefensas y que por eso puso a disposición del coronel Plazas a los sujetos Camilo Coca y Graciano Góez, que trabajaban para la organización desde La Mesa (Cundinamarca). Él les pagaba los sueldos, pero las órdenes las impartía Plazas. “Los dos éramos bandidos, siendo él más que yo porque supuestamente él estaba encargado de cuidar a las personas honestas de este país”, dijo.
En otras palabras, judicialmente está probado que desde finales de los años 90 la casa Castaño extendió sus tentáculos hasta Bogotá; que alias Huevoepisca fue la punta de lanza de esta expansión criminal; y que miembros de la Fuerza Pública fueron claves en esa misión. Desde la cárcel La Modelo, como lo corroboró el paramilitar Diego Ruiz, su primo Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha fueron piezas fundamentales de esta avanzada de las autodefensas de Castaño.
En ese contexto queda claro que el asesinato del periodista Jaime Garzón, perpetrado hace 15 años, estuvo enmarcado en esta alianza criminal, por orden directa de Carlos Castaño. Durante una década, el caso se enfocó en errados informes de inteligencia suministrados por el hoy extinto DAS, pero las verdades que empezaron a salir a flote en Justicia y Paz permiten entender que fue un crimen orquestado por el bloque Capital y sus enlaces en el Estado y la Fuerza Pública.
Aunque no existen iguales avances en las investigaciones por otros episodios de violencia ocurridos en Bogotá por la misma época, sí resulta evidente que existen conexiones para tener en cuenta. Por ejemplo, en el triple asesinato de los investigadores del Cinep Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de esta última, ocurrido el 19 de mayo de 1997, se sabe que la orden provino de los jefes del paramilitarismo, pero aún no está claro quiénes la ejecutaron.
De igual modo, el sábado 18 de abril de 1998 fue asesinado por un comando de sicarios que incursionó en su oficina en el barrio Nicolás de Federmán, en el occidente de Bogotá, el penalista y líder de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza. El modus operandi fue idéntico al que se utilizó en Medellín para asesinar al también defensor de derechos humanos Jesús María Valle. El caso Umaña está en la impunidad y hoy lo estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Después del asesinato de Jaime Garzón ocurrieron otros hechos que también apuntan hacia la mano asesina del bloque Capital. Nueve meses después, el 25 de mayo de 2000, fue secuestrada y sometida a tratos degradantes la entonces reportera de El Espectador Jineth Bedoya. Hoy, la justicia procesa a Jesús Emiro Pereira, alias Huevoepisaca; Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, y Alejandro Cárdenas Orozco, alias J.J., todos unidos al capítulo impune de la cárcel La Modelo.
En noviembre de 2008, la Comisión Colombiana de Juristas remitió a la Fiscalía un documento que reseñó 44 homicidios atribuidos al bloque Capital de las autodefensas, entre 80 episodios de violaciones a los derechos humanos. La lista la encabezan el atentado al líder político Wilson Borja, ocurrido el 15 de diciembre de 2000, y el asesinato de los congresistas Octavio Sarmiento y Luis Alfredo Colmenares. En el primer caso fue condenado un capitán (r) del Ejército.
Según testimonios dispersos en el Poder Judicial e investigaciones periodísticas como la realizada por Alfredo Serrano para su libro Paracos, el bloque Capital llegó a reclutar más de 2.000 hombres en la ciudad y constituyó oficinas de cobro en el sector del Sanandresito de la 38, la zona de Corabastos y las populosas áreas de Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar. En la calle 106 con carrera 15 un piloto de aviación, que estuvo preso en México, manejó otra oficina de sicarios.
Antes de su asesinato en 2004 a manos de sus propios compinches, Miguel Arroyave reconoció que el bloque Capital bajo su mando manejó la oficina de cobro del Sanandresito de la 38, después de desmantelar el fortín económico que tenían las células urbanas de las Farc en la misma zona, desde donde bandas a su servicio operaban para cometer secuestros. Arroyave admitió que el bloque Capital y el bloque Centauros fueron parte de una estructura afín y complementaria.
En noviembre de 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena contra seis paramilitares por el lavado de US$8 millones, producto de los negocios del narcotráfico orquestados por Miguel Arroyave y sus paramilitares. La red delincuencial operaba a través de agentes financieros, con el apoyo de dos empresas de servicios petroleros y otras sofisticadas organizaciones. Las operaciones de lavado de activos favorecieron las finanzas del bloque Capital.
Uno de los procesados en esta investigación, Andrés de Jesús Vélez Franco, confesó a la justicia el alcance que tuvieron en el centro del país Miguel Arroyave, Ángel Gaitán Mahecha y demás individuos de la organización, y cómo se manejaron las oficinas de cobro en Bogotá. A esta misma fusión de asesinos se atribuye el triple crimen de los dirigentes políticos del Meta Nubia Sánchez, Carlos Javier Sabogal y Euser Rondón, ocurrido el 13 de septiembre de 2004.
En síntesis, el impulso que la Fiscalía decidió darle al proceso por el asesinato del periodista Jaime Garzón, constituye también un avance para esclarecer un capítulo impune en la historia del paramilitarismo en Colombia. El bloque Capital, desde finales de los años 90 y hasta el accidentado proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno de Álvaro Uribe, dejó decenas de víctimas en Bogotá, Cundinamarca, Casanare y, unido al bloque Centauros, en una vasta zona de los Llanos Orientales.