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En 2004, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación contra Colombia por graves violaciones a los derechos humanos, entre los que se encuentran la promoción y expansión de grupos paramilitares, desplazamientos forzados, delitos sexuales en la guerra, los falsos positivos y los compromisos en justicia que se hicieron en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Por tal razón, el fiscal Karim Khan está en visita oficial el país, en búsqueda de información para la decisión final de la CPI.
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Esta mañana, se conoció que Karim Khan tiene en su poder un documento del Gobierno, en el cual se pidió archivar la investigación, pues se han creado diferentes “mecanismos propios para lograr la paz tras 50 años de conflicto”. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia entregó un informe con sus avances en las materias de interés para la CPI. La alta corte, por ejemplo, envió detalles sobres los 78 expedientes que tiene por masacres en territorio nacional, a través de decisiones que van desde 1994 hasta el 2020.
Entre las referencias está la decisión de declarar imprescriptibles las investigaciones por las masacres de San Roque, Ituango y El Aro, todas en Antioquia, en las cuales funge como presunto “actor” el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en compañía del paramilitarismo investigador por la CPI. También está registrada la denominada “masacre de los 19 comerciantes”, quienes fueron asesinados por paramilitares en el Magdalena Medio en octubre de 1987, cuando se dirigían en un viaje de negocios de Cúcuta a Medellín.
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La Corte Suprema ha procesado y procesa, en el contexto de las masacres, a particulares como el expresidente Uribe Vélez, la antigua guerrilla de las Farc, el M-19, paramilitares, militares y hasta el cartel narcotraficante del Norte del Valle. Además, alianzas entre diferentes actores como militares y paramilitares, como en la sombría masacre de San José de Apartadó (2005) cuando tres niños y cinco adultos fueron masacrados por “paras” del Bloque Héroes de Tolová en asociación con agentes del Estado.
En cuanto a la alianza entre paramilitares y políticos se entregó información sobre la condena de 40 años de prisión contra el exsenador Álvaro García Romero, sentenciado por haber determinado la masacre de Macayepo (Bolívar) en octubre del 2000. Murieron 12 campesinos y otros 200 resultaron desplazados, por las ambiciones del exgobernador de Sucre Miguel Nule Amín, quien buscó recuperar a sangre y fuego un ganado que le habían robado.
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En cuanto al desplazamiento forzado, la Corte Suprema de Justicia entregó 16 decisiones, las cuales involucran a 46 condenados. Todos fueron sentenciados por ese delito, sumado a conductas por homicidio, tortura, concierto para delinquir, secuestro, utilización ilegal de uniformes de la Fuerza Pública, terrorismo, reclutamiento ilícito, extorsión y tráfico de armas. También se entregó datos sobre 59 expedientes de paramilitares desmovilizados, los cuales la justicia les marcó el destino en expedientes de revocación de condenas, confirmación de fallos condenatorios, orden de reparación, adición de condena y orden de disculpas públicas.
Los aforados tampoco se salvaron del informe de la Corte Suprema a la CPI. La alta corte entregó información sobre 24 expedientes contra representantes a la Cámara, 31 expedientes de Senadores, las dos condenas del exdirector del extinto DAS Jorge Noguera y 10 expedientes contra gobernadores, entre los que se encuentran la sentencia contra el exadministrador de Santander Hugo Aguilar, quien fue declarado responsable por asociarse con paramilitares. Todos esos aforados, congresistas en su gran mayoría, fueron condenados por aliarse con los “paras”. Solo hubo dos absoluciones.
En cuanto a falsos positivos, la Corte Suprema dio cuenta de 69 expedientes que dejaron 221 condenados. Sobre los procesos remitidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se dieron 46 traslados, por los delitos de homicidio en persona protegida (comúnmente endilgada a ejecuciones extrajudiciales, homicidio, trafico de armas, peculado por apropiación, favorecimiento, secuestro y hasta rebelión (comúnmente imputado a miembros de las diferentes guerrillas).
Finalmente, la alta Corte explicó que ha procesado cuatro casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, por el delito de acceso carnal violento en persona protegida, dejando un saldo de cuatro condenas. También, por acción de revisión en instancias internacionales, la Corte Suprema entregó 26 procesos, entre los que se encuentran el caso de el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado en Estados Unidos y al parecer dueño de 75.000 crímenes como comandante de las Auc. Con toda esa información, la CPI definirá la reacción de Colombia durante la guerra interna de la cual no ha podido desligarse.
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