El barón político Musa Besaile aterrizó en la JEP con parapolítica y cartel de la toga

El excongresista Musa Besaile se entenderá a partir de ahora con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El 23 de enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia envió todos los expedientes que tenía sobre él a la JEP, por solicitud suya, pues el exsenador sostenía que casos como el de la parapolítica tenían relación con el conflicto armado y, por ende, era la JEP su juez natural. Y la JEP, que no solo se llevó el expediente de parapolítica, le acaba de dar la razón. Besaile fue aceptado como agente del Estado no miembro de la fuerza pública. 

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"El compareciente se encuentra en la obligación no solo de reconocer los hechos delictivos en los cuales participó, un aporte exhaustivo, sino que estos se deben ver reflejados en una materialización a la garantía de no repetición de las víctimas", dice el documento conocido por este diario. En el documento de la JEP, conocido por El Espectador, queda consignado que, además de estos dos escándalos de corrupción por los que fue aceptado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas entraría a estudiar los 13 expedientes que adelantó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra el excongresista y varios procesos disciplinarios en la Procuraduría. 

Sin embargo, esta justicia transicional hizo la salvedad que "la decisión de iniciar el estudio de la solicitud de sometimiento sobre los procesos advertidos no implica para el señor Musa Besaile Fayad, por ahora, que la JEP tenga competencia sobre los mismos, ni el otorgamiento de los beneficios solicitados, pues que todo ello será objeto de análisis por parte de la Sala y resuelto mediante resolución debidamente motivada". Besaile adelantó este trámite con ayuda de su abogada defensora, Tania Parra.

Para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP la presunta vinculación de Besaile con los paramilitares se conoció gracias a las declaraciones ante Justicia y Paz de Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Según el exjefe paramilitar su grupo armado al margen de la ley tuvo alianzas con varios líderes políticos de Córdoba, entre ellos, Musa Besaile. "Se conoce que Musa Besaile, presuntamente, compartía escenarios de disertación y consenso que realizaban los líderes paramilitares, situación que permite colegir (inferir) que efectivamente ostentaba un vínculo estrecho  con la ideología y el proyecto paramilitar de la Auc", señala el documento.

De igual manera, la JEP señaló que era posible "corroborar" que el exsenador del Partido de la U tenía una relación con el Bloque Córdoba "derivado de los pactos y alianzas entre los dirigentes políticos del departamento de Córdoba y los grupos paramilitares, contribuyendo política, económica y burocráticamente al grupo armado".  Las acciones de Besaile, para la Sala, puede ser consideradas hechos del conflicto debido a "que el acompañamiento político, el ofrecimiento burocrático y el apoyo ideológico en el objetivo de refundar patria o de un nuevo pacto social, hacen parte del esfuerzo general de la guerra o del apoyo a la misma.

Besaile Fayad fue detenido en agosto de 2017 tras él mismo admitir que pagó $2.000 millones para engavetar su expediente por parapolítica. Fue la génesis del llamado cartel de la toga, en donde resultaron salpicados, entre otros, tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino; el entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio, Leonardo Pinilla (ambos extraditados y condenados en Estados Unidos), y el exmagistrado Gustavo Malo , acusado por el Senado de la República por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión y utilización de asuntos sometidos a reserva.

Sobre su presunta participación en el cartel de la toga la JEP aseguró que la finalidad de haber pagado ese millonario soborno era "lograr ocultar" sus vínculos con las Auc  y "revestir de impunidad las actuaciones que ese pacto derivaron". Por esta razón, para esta justicia, los presuntos delitos (peculado por apropiación y cohecho) por los que era investigado fueron el medio por el cual se encubrió su supuesta participación en el conflicto armado como agente del Estado no miembro de la fuerza pública, por lo que sería competencia de este tribunal estudiar su caso.

Con relación a este punto, la Procuraduría manifestó su inconformismo. "Los hechos presentados dentro del expediente no son suceptibles de conocimiento de la JEP pues no guardan relación con el conflicto armado, debiendose rechazar de plano, como quiera que pensar lo contrario, congestionaría el sistema trancisional", puntualizó el Ministerio Público. Y añadió "los delitos contra la administración pública presentados (...) no se enmarcan en el desarrollo de las hostilidades y no constituyeron apoyo alguno al esfuerzo general del a guerra".

Besaile es el segundo excongresista que es aceptado en esta jurisdicción y que se compromete a hablar del cartel de la toga en este justicia nacida del Acuerdo de Paz. En Julio de 2019, El exsenador Álvaro Ashton fue aceptado para responder por los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado. En su resolución la JEP informó que las primeras verdades que revelará serán sobre la parapolítica. Ashton esclarecerá la llegada de su sobrino, Fabián Ashton, como empleado al Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico), “entidad estatal cooptada por el Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia entre los años 2004 y 2006”.

Lo que dirá Besaile

Entre los temas que se comprometió a hablar Besaile ante la Comisión de la Verdad la realción de las casas políticas de Córdoba con las AUC, los avales que dio el grupo armado a las elecciones  para los periodos 2002-2006 y 2006-2010, "costreñimiento al elector por las AUC en Córdóba", proyectos de ley que buscaban beneficiar a los paramilitares, su aspiración 2010-2014 en donde aspiró al Senado por el Partido de la U, cómo figuras de Córdoba hicieron alianzas con personajes de talla "nacional", la elección de Alejandro Lyons como gobernador de Córdoba y la elección del actual procurador general, Fernando Carrillo Flórez.

La Procuraduría advirtió posibles falencias en el compromiso, "ya que no existe un cronograma detallado de las actividades a realizar toda vez que el ofrecimiento es abstracto frente a los hechos que tienen que ver con el fenómeno de la parapolítica en el departamento de Córdoba (...) se hace necesario que se indique sobre que versará su verdad estableciendo por qué será util". Al respecto, la JEP dijo que el plan claro concreto y programado de verdad, reparación y garantías de no repetición puede estar sujeto a nuevos ajustes y seguimiento por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
 

El excongresista Musa Besaile se entenderá a partir de ahora con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El 23 de enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia envió todos los expedientes que tenía sobre él a la JEP, por solicitud suya, pues el exsenador sostenía que casos como el de la parapolítica tenían relación con el conflicto armado y, por ende, era la JEP su juez natural. Y la JEP, que no solo se llevó el expediente de parapolítica, le acaba de dar la razón. Besaile fue aceptado como agente del Estado no miembro de la fuerza pública. 

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"El compareciente se encuentra en la obligación no solo de reconocer los hechos delictivos en los cuales participó, un aporte exhaustivo, sino que estos se deben ver reflejados en una materialización a la garantía de no repetición de las víctimas", dice el documento conocido por este diario. En el documento de la JEP, conocido por El Espectador, queda consignado que, además de estos dos escándalos de corrupción por los que fue aceptado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas entraría a estudiar los 13 expedientes que adelantó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra el excongresista y varios procesos disciplinarios en la Procuraduría. 

Sin embargo, esta justicia transicional hizo la salvedad que "la decisión de iniciar el estudio de la solicitud de sometimiento sobre los procesos advertidos no implica para el señor Musa Besaile Fayad, por ahora, que la JEP tenga competencia sobre los mismos, ni el otorgamiento de los beneficios solicitados, pues que todo ello será objeto de análisis por parte de la Sala y resuelto mediante resolución debidamente motivada". Besaile adelantó este trámite con ayuda de su abogada defensora, Tania Parra.

Para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP la presunta vinculación de Besaile con los paramilitares se conoció gracias a las declaraciones ante Justicia y Paz de Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Según el exjefe paramilitar su grupo armado al margen de la ley tuvo alianzas con varios líderes políticos de Córdoba, entre ellos, Musa Besaile. "Se conoce que Musa Besaile, presuntamente, compartía escenarios de disertación y consenso que realizaban los líderes paramilitares, situación que permite colegir (inferir) que efectivamente ostentaba un vínculo estrecho  con la ideología y el proyecto paramilitar de la Auc", señala el documento.

De igual manera, la JEP señaló que era posible "corroborar" que el exsenador del Partido de la U tenía una relación con el Bloque Córdoba "derivado de los pactos y alianzas entre los dirigentes políticos del departamento de Córdoba y los grupos paramilitares, contribuyendo política, económica y burocráticamente al grupo armado".  Las acciones de Besaile, para la Sala, puede ser consideradas hechos del conflicto debido a "que el acompañamiento político, el ofrecimiento burocrático y el apoyo ideológico en el objetivo de refundar patria o de un nuevo pacto social, hacen parte del esfuerzo general de la guerra o del apoyo a la misma.

Besaile Fayad fue detenido en agosto de 2017 tras él mismo admitir que pagó $2.000 millones para engavetar su expediente por parapolítica. Fue la génesis del llamado cartel de la toga, en donde resultaron salpicados, entre otros, tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino; el entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio, Leonardo Pinilla (ambos extraditados y condenados en Estados Unidos), y el exmagistrado Gustavo Malo , acusado por el Senado de la República por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión y utilización de asuntos sometidos a reserva.

Sobre su presunta participación en el cartel de la toga la JEP aseguró que la finalidad de haber pagado ese millonario soborno era "lograr ocultar" sus vínculos con las Auc  y "revestir de impunidad las actuaciones que ese pacto derivaron". Por esta razón, para esta justicia, los presuntos delitos (peculado por apropiación y cohecho) por los que era investigado fueron el medio por el cual se encubrió su supuesta participación en el conflicto armado como agente del Estado no miembro de la fuerza pública, por lo que sería competencia de este tribunal estudiar su caso.

Con relación a este punto, la Procuraduría manifestó su inconformismo. "Los hechos presentados dentro del expediente no son suceptibles de conocimiento de la JEP pues no guardan relación con el conflicto armado, debiendose rechazar de plano, como quiera que pensar lo contrario, congestionaría el sistema trancisional", puntualizó el Ministerio Público. Y añadió "los delitos contra la administración pública presentados (...) no se enmarcan en el desarrollo de las hostilidades y no constituyeron apoyo alguno al esfuerzo general del a guerra".

Besaile es el segundo excongresista que es aceptado en esta jurisdicción y que se compromete a hablar del cartel de la toga en este justicia nacida del Acuerdo de Paz. En Julio de 2019, El exsenador Álvaro Ashton fue aceptado para responder por los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado. En su resolución la JEP informó que las primeras verdades que revelará serán sobre la parapolítica. Ashton esclarecerá la llegada de su sobrino, Fabián Ashton, como empleado al Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico), “entidad estatal cooptada por el Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia entre los años 2004 y 2006”.

Lo que dirá Besaile

Entre los temas que se comprometió a hablar Besaile ante la Comisión de la Verdad la realción de las casas políticas de Córdoba con las AUC, los avales que dio el grupo armado a las elecciones  para los periodos 2002-2006 y 2006-2010, "costreñimiento al elector por las AUC en Córdóba", proyectos de ley que buscaban beneficiar a los paramilitares, su aspiración 2010-2014 en donde aspiró al Senado por el Partido de la U, cómo figuras de Córdoba hicieron alianzas con personajes de talla "nacional", la elección de Alejandro Lyons como gobernador de Córdoba y la elección del actual procurador general, Fernando Carrillo Flórez.

La Procuraduría advirtió posibles falencias en el compromiso, "ya que no existe un cronograma detallado de las actividades a realizar toda vez que el ofrecimiento es abstracto frente a los hechos que tienen que ver con el fenómeno de la parapolítica en el departamento de Córdoba (...) se hace necesario que se indique sobre que versará su verdad estableciendo por qué será util". Al respecto, la JEP dijo que el plan claro concreto y programado de verdad, reparación y garantías de no repetición puede estar sujeto a nuevos ajustes y seguimiento por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.