El blindaje de la Corte Constitucional a los excombatientes de las Farc

A más de 300 personas que entregaron las armas, firmaron la paz y se comprometieron a reintegrarse a la vida civil las han asesinado. Para la Corte Constitucional es una situación contraria a la Constitución y a la democracia. Por eso, esta semana declaró que hay un estado de cosas inconstitucional, es decir, una vulneración masiva y constante de derechos fundamentales sobre las garantías de seguridad que se les prometieron a los reincorporados, un punto medular del Acuerdo de Paz. El alto tribunal ha recurrido a esta figura jurídica en contadas ocasiones y, para conocedores del tema, demuestra que se trata de un problema sistemático que ahora el Estado está obligado, por vía judicial y sin dilaciones, a resolver.

En contexto: Corte Constitucional declara que hay una violación masiva del Acuerdo de Paz

“La Corte Constitucional, considerando el alto número de firmantes del Acuerdo Final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados, decidió declarar el estado de cosas inconstitucional”, dijo en rueda de prensa la magistrada Cristina Pardo, encargada de estudiar las ocho tutelas de excombatientes de distintos rincones del país que llegaron al alto tribunal. Denunciaban el recrudecimiento del conflicto en sus regiones, la multiplicación de amenazas y riesgos para ellos y sus familias, así como los muy precarios avances en las garantías de seguridad, integridad personal y condiciones dignas para vivir en paz, tal como se pactó con el Estado.

Por la magnitud de afectados y por las omisiones institucionales que encontró, la Corte acudió a declarar que hay un estado de cosas inconstitucional (ECI), como lo ha hecho en el pasado con la situación en las cárceles, con la desatención de las víctimas de desplazamiento forzado, con el sistema público pensional que administra Colpensiones. En Colombia, esta figura ha sido estudiada por abogados, politólogos, historiadores y centros de pensamiento, pues no es común en otras partes del mundo y en países donde hay violaciones permanentes a los derechos humanos, que un alto tribunal declare este tipo de situaciones, no solamente trae un mensaje simbólico, sino también jurídico y político.

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Para el profesor Mario Cajas, jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, “el mensaje jurídico es que vulnerar los derechos de las personas que firmaron el Acuerdo es vulnerar la Constitución. El político es: ahora hay un notable indicador del incumplimiento. Además, es un fallo que se da a pocos meses de que se vaya el Gobierno ―del presidente Iván Duque―, entonces el compromiso es para el próximo que llegue”. Las órdenes que históricamente ha impartido la Corte al declarar un ECI no solucionan el problema de inmediato, sino que su intención es coordinar a todas las entidades que les compete el tema en específico y solucionarlo desde la raíz. Por eso pueden tardarse años.

“Basta ver el caso de las cárceles, que llevan más de dos décadas en un ECI”, añadió el profesor Cajas. En palabras de la profesora Beatriz Botero Arcila, de Sciences Po (Francia): “Son órdenes que buscan movilizar al Estado para encontrar una solución”. Para vigilar que lo ordenado sí se cumpla, la Corte ha creado salas de seguimiento. Juan Carlos Ospina, profesor y abogado, considera que estas instancias han tenido un rol central en los procesos: “Las salas de seguimiento de desplazamiento o la de cárceles han sido muy importantes para generar diálogos entre instituciones, para visibilizar los reclamos de la gente, para llamar la atención sobre demoras. Pero, desde luego, a la Corte le significa un esfuerzo poner a funcionarios a vigilar el cumplimiento”.

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Juan Carlos Ospina, quien está haciendo su tesis doctoral sobre los ECI en la Corte Constitucional, destaca además que la sentencia sobre las garantías de seguridad para los reincorporados, “es la primera declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en la que la Corte crea, en la misma decisión, una sala de seguimiento y le ordena a la Procuraduría también crear una instancia de vigilancia. Eso significa que va a emprender un proceso muy juicioso de vigilar el cumplimiento de sus órdenes”. En este caso, el fallo le ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) revaluar el riesgo que enfrentan los excombatientes, los esquemas colectivos de los ETCR y, en caso de ser necesario, implementar nuevos esquemas de seguridad.

Además, le ordenó al Gobierno garantizar el presupuesto de la entidad, ente otras órdenes que impartió a la Defensoría del Pueblo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otras entidades. Desde Guaviare, Francisco Gamboa, excombatiente de las Farc, fue uno de los demandantes que llegó a la Corte Constitucional. Luego de varios años de problemas con su esquema de seguridad y peleando por garantías de seguridad, ve esto como un triunfo. “La verdad quedó dicha: aquí hay una violación masiva del Acuerdo de Paz y no se puede continuar con la simulación de que están implementándolo. Nosotros asumimos un compromiso, hemos cumplido, y es bastante desmotivante y preocupante que el Estado colombiano no haya sido fiel”, le dijo Gamboa a este diario.

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Por su parte, el Gobierno, en cabeza de Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, señaló que no comparte el fallo, pues considera que han garantizado la seguridad de los excombatientes. Además, el alto funcionario dijo que el fallo de la Sala Plena en realidad estuvo reñido, pues solo cinco de los nueve magistrados aceptaron los argumentos de la ponencia. Sin embargo, lo cierto es que los nueve magistrados de la Corte estuvieron de acuerdo con las órdenes que impartieron, en las que sí se evidenció la masiva violación de derechos humanos. El presidente, Iván Duque, también se refirió a la sentencia y dijo que, si bien la respeta, siente que no se revisó con suficiente profundidad lo que ha logrado el país en materia de implementación del Acuerdo.

Más allá de la ampolla que levantó en el Gobierno, la decisión implica que la Corte Constitucional se involucrará, aun más de cerca, con la implementación del Acuerdo de Paz. Justo la misma semana que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ratificó su respaldo al proceso y le manifestó a Colombia su preocupación por los asesinatos y amenazas que persisten contra quienes dejaron las armas. En todo caso, se acercan los últimos meses de la era Duque, y quedando comprobada la escasa implementación de uno de los puntos más álgidos Acuerdo de Paz, como lo reiteró la Corte esta semana, la papa caliente de garantizarles seguridad a los reincorporados tendrá que estar en la agenda del próximo que llegue a la Casa de Nariño.

A más de 300 personas que entregaron las armas, firmaron la paz y se comprometieron a reintegrarse a la vida civil las han asesinado. Para la Corte Constitucional es una situación contraria a la Constitución y a la democracia. Por eso, esta semana declaró que hay un estado de cosas inconstitucional, es decir, una vulneración masiva y constante de derechos fundamentales sobre las garantías de seguridad que se les prometieron a los reincorporados, un punto medular del Acuerdo de Paz. El alto tribunal ha recurrido a esta figura jurídica en contadas ocasiones y, para conocedores del tema, demuestra que se trata de un problema sistemático que ahora el Estado está obligado, por vía judicial y sin dilaciones, a resolver.

En contexto: Corte Constitucional declara que hay una violación masiva del Acuerdo de Paz

“La Corte Constitucional, considerando el alto número de firmantes del Acuerdo Final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados, decidió declarar el estado de cosas inconstitucional”, dijo en rueda de prensa la magistrada Cristina Pardo, encargada de estudiar las ocho tutelas de excombatientes de distintos rincones del país que llegaron al alto tribunal. Denunciaban el recrudecimiento del conflicto en sus regiones, la multiplicación de amenazas y riesgos para ellos y sus familias, así como los muy precarios avances en las garantías de seguridad, integridad personal y condiciones dignas para vivir en paz, tal como se pactó con el Estado.

Por la magnitud de afectados y por las omisiones institucionales que encontró, la Corte acudió a declarar que hay un estado de cosas inconstitucional (ECI), como lo ha hecho en el pasado con la situación en las cárceles, con la desatención de las víctimas de desplazamiento forzado, con el sistema público pensional que administra Colpensiones. En Colombia, esta figura ha sido estudiada por abogados, politólogos, historiadores y centros de pensamiento, pues no es común en otras partes del mundo y en países donde hay violaciones permanentes a los derechos humanos, que un alto tribunal declare este tipo de situaciones, no solamente trae un mensaje simbólico, sino también jurídico y político.

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Para el profesor Mario Cajas, jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, “el mensaje jurídico es que vulnerar los derechos de las personas que firmaron el Acuerdo es vulnerar la Constitución. El político es: ahora hay un notable indicador del incumplimiento. Además, es un fallo que se da a pocos meses de que se vaya el Gobierno ―del presidente Iván Duque―, entonces el compromiso es para el próximo que llegue”. Las órdenes que históricamente ha impartido la Corte al declarar un ECI no solucionan el problema de inmediato, sino que su intención es coordinar a todas las entidades que les compete el tema en específico y solucionarlo desde la raíz. Por eso pueden tardarse años.

“Basta ver el caso de las cárceles, que llevan más de dos décadas en un ECI”, añadió el profesor Cajas. En palabras de la profesora Beatriz Botero Arcila, de Sciences Po (Francia): “Son órdenes que buscan movilizar al Estado para encontrar una solución”. Para vigilar que lo ordenado sí se cumpla, la Corte ha creado salas de seguimiento. Juan Carlos Ospina, profesor y abogado, considera que estas instancias han tenido un rol central en los procesos: “Las salas de seguimiento de desplazamiento o la de cárceles han sido muy importantes para generar diálogos entre instituciones, para visibilizar los reclamos de la gente, para llamar la atención sobre demoras. Pero, desde luego, a la Corte le significa un esfuerzo poner a funcionarios a vigilar el cumplimiento”.

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Juan Carlos Ospina, quien está haciendo su tesis doctoral sobre los ECI en la Corte Constitucional, destaca además que la sentencia sobre las garantías de seguridad para los reincorporados, “es la primera declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en la que la Corte crea, en la misma decisión, una sala de seguimiento y le ordena a la Procuraduría también crear una instancia de vigilancia. Eso significa que va a emprender un proceso muy juicioso de vigilar el cumplimiento de sus órdenes”. En este caso, el fallo le ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) revaluar el riesgo que enfrentan los excombatientes, los esquemas colectivos de los ETCR y, en caso de ser necesario, implementar nuevos esquemas de seguridad.

Además, le ordenó al Gobierno garantizar el presupuesto de la entidad, ente otras órdenes que impartió a la Defensoría del Pueblo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otras entidades. Desde Guaviare, Francisco Gamboa, excombatiente de las Farc, fue uno de los demandantes que llegó a la Corte Constitucional. Luego de varios años de problemas con su esquema de seguridad y peleando por garantías de seguridad, ve esto como un triunfo. “La verdad quedó dicha: aquí hay una violación masiva del Acuerdo de Paz y no se puede continuar con la simulación de que están implementándolo. Nosotros asumimos un compromiso, hemos cumplido, y es bastante desmotivante y preocupante que el Estado colombiano no haya sido fiel”, le dijo Gamboa a este diario.

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Por su parte, el Gobierno, en cabeza de Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, señaló que no comparte el fallo, pues considera que han garantizado la seguridad de los excombatientes. Además, el alto funcionario dijo que el fallo de la Sala Plena en realidad estuvo reñido, pues solo cinco de los nueve magistrados aceptaron los argumentos de la ponencia. Sin embargo, lo cierto es que los nueve magistrados de la Corte estuvieron de acuerdo con las órdenes que impartieron, en las que sí se evidenció la masiva violación de derechos humanos. El presidente, Iván Duque, también se refirió a la sentencia y dijo que, si bien la respeta, siente que no se revisó con suficiente profundidad lo que ha logrado el país en materia de implementación del Acuerdo.

Más allá de la ampolla que levantó en el Gobierno, la decisión implica que la Corte Constitucional se involucrará, aun más de cerca, con la implementación del Acuerdo de Paz. Justo la misma semana que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ratificó su respaldo al proceso y le manifestó a Colombia su preocupación por los asesinatos y amenazas que persisten contra quienes dejaron las armas. En todo caso, se acercan los últimos meses de la era Duque, y quedando comprobada la escasa implementación de uno de los puntos más álgidos Acuerdo de Paz, como lo reiteró la Corte esta semana, la papa caliente de garantizarles seguridad a los reincorporados tendrá que estar en la agenda del próximo que llegue a la Casa de Nariño.