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Fueron 16 años los que se tardó la Fiscalía en considerar que el homicidio de Jaime Garzón fue un crimen de Estado. Así lo calificó el director de Fiscalías Nacionales Especializadas, Iván Lombana, a los micrófonos de Noticias Caracol, al advertir que en el crimen del humorista hubo una alianza entre paramilitares y agentes del Estado, que no sólo planearon el asesinato, sino que desviaron las investigaciones para desaparecer a los verdaderos responsables y evitar que alguna vez rompieran su silencio.
La Fiscalía ya tiene una lista de los oficiales, militares y agentes del Estado que habrían participado en el crimen del humorista. Entre ellos estarían el general (r) Rito Alejo del Río, el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez y el general (r) Mauricio Santoyo, hoy condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Sobre este último personaje, la Fiscalía tiene información de que cuando era comandante del Gaula de la Policía en Medellín, desapareció a dos de los sicarios que ejecutaron a Jaime Garzón.
Según los avances investigativos de la Fiscalía el general (r) Mauricio Santoyo fue el encargado de secuestrar a Ángela María George Torres, alias Ángela y a Yeimar de Jesús Arboleda Suárez, alias Yilmar, dos de los autores materiales de asesinato de Garzón. El objetivo era entregárselos a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, jefe en la banda la Terraza -grupo para el que trabajan los sicarios-, quien debía desaparecerlos y así evitar que alguna vez hablaran.
Es decir, en esa época, el entonces comandante del Gaula de la Policía de Medellín desapareció -sostiene la Fiscalía- a dos fichas claves del rompecabezas del crimen del humorista para lograr desviar la investigación. La tesis de la Fiscalía es que desde el DAS, en cabeza del exsubiderector José Miguel Narváez, direccionó la investigación de crimen de Garzón para jamás dar con los verdaderos responsables, pues en su momento capturaron a Juan Pablo Ortiz, alias el Bochas, y Edilberto Sierra, dos miembros de la Terraza que terminaron siendo un falso positivo judicial y declarados inocentes a los cinco años de haber sido arrestados.
Para la Fiscalía los verdaderos cerebros del asesinato fueron el general (r) Rito Alejo del Río y el coronel (r) Jorge Plazas Acevedo, quien en esa época comandaban la Brigada XII de Bogotá. Ambos oficiales fueron señalados de tener estrechos vínculos con los paramilitares porque durante a principios de la década de los 90 habrían trabajado de la mano de las autodefensas en el Urabá antioqueño. Es más, según la Fiscalía, el coronel (r) Plazas Acevedo fue el encargado de recibir, hospedar e instruir a los sicarios que llegaron desde Medellín para asesinar a Jaime Garzón.
Una de las revelaciones más impactantes hechas por Noticias Caracol es que en un reciente allanamiento realizado en las instalaciones de la Brigada XIII se encontraron croquis y mapas de los seguimientos que al parecer le hicieron militares a Jaime Garzón antes de su asesinato. Por eso, la Fiscalía también está intentando fortalecer los homicidios de otros defensores de derechos humanos ocurridos en la misma época y que al parecer también fueron cometidos bajo el mismo modus operandi: la macabra alianza entre las Fuerzas Armadas, los paramilitares y sicarios de Medellín de la banda la Terraza.
El crimen de Jaime Garzón se convirtió en la puerta para que la Fiscalía empezara a decantar que la llegada de los paramilitares a Bogotá se dio gracias a la colaboración de la Brigada XIII. El hombre que se encargó de conformar ese grupo fue Miguel Arroyave, un comandante paramilitar que para finales de los 90 estaba preso en la cárcel La Picota. Desde ese lugar habría creado el Bloque Capital y aseguró la expansión de las autodefensas. El hombre que habló de esas relaciones fue Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepisca, un personaje cercano a los hermanos Castaño.
Fue Huevoepisca quien señaló al general (r) Rito Alejo del Río y al coronel (r) Plazas Acevedo de ser los enlaces de Carlos Castaño en Bogotá. Junto a este testimonio, y otras pruebas, la Fiscalía aseguró que tiene judicialmente probado que desde finales de los años 90 los paramilitares lograron extender sus tentáculos hasta la capital del país. Y en ese contexto, en la conformación de esa alianza entre agentes del Estado y autodefensas, fue que se logró cometer una serie de asesinatos que quedaron en la impunidad por más de una década.
Además del crimen de Jaime Garzón, se presume que el Bloque Capital estuvo detrás del asesinato de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, ocurrido el 19 de mayo de 1997. La decisión de matarlos se sabe provino de los jefes del paramilitarismo, y por eso la Fiscalía indaga si los mismos protagonistas del caso Garzón están implicados. Asimismo, el homicidio del abogado y defensor de derechos Eduardo Umaña Mendoza se habría dado en el mismo contexto. Umaña fue asesinado el 18 de abril de 1998 por un comando de sicarios que incursionó en su oficina, en el barrio Nicolás de Federmán.
La misma suerte corrió el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien fue asesinado el 27 de febrero de 1998, en Medellín, ante sus constantes denuncias por las relaciones entre paramilitares, funcionarios públicos y Fuerzas Armadas en Antioquia. Por eso, para la Fiscalía es claro que ese mismo contubernio de paramilitares y agentes del Estado fueron los responsables de estos crímenes. Las hipótesis investigativas de estos casos están cambiando, pues además de determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, se busca documentar la forma en que militares, policías y agentes del DAS intentaron desviar las investigaciones para perpetuar la impunidad.