El bloque Central Bolívar pide perdón

“El dolor físico, emocional y psicológico que les causamos a las víctimas nos obliga a manifestar remordimiento, perdón, una profunda pesadumbre y una inocultable vergüenza moral por todo cuanto hicimos en esta guerra fratricida. Atrás quedaron la soberbia y el delirio de grandeza. Tengan la seguridad de que esta página de ignominia ya ha dado la vuelta y de que podemos decir con certeza: ¡Nunca más!”.

Esas fueron las palabras que Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, pronunció este miércoles ante la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. El máximo comandante del bloque Central Bolívar (BCB) de las autodefensas, recluido en la cárcel de Itagüí, encabezó una solicitud de perdón ofrecida por las distintas estructuras armadas que operaron bajo su mando y la cual estuvo dirigida no sólo a las víctimas, sino también a las instituciones y a la sociedad en general.

Por su parte, Guillermo Pérez Alzate, exjefe del bloque Libertadores del Sur, adscrito al BCB, manifestó desde una cárcel en Estados Unidos: “Les pido excusas por el daño causado a las víctimas de Nariño y concretamente del municipio de Tumaco, donde tuve mi centro de operaciones. Igualmente les pido perdón por haberlas dejado huérfanas cuando di la orden de asesinar a la religiosa Yolanda Cerón Delgado”, muerta a tiros en septiembre de 2001 y destacada líder de las comunidades negras e indígenas de la región, a quienes acompañaba en procesos de titulación de tierras. Pérez, condenado en octubre pasado a la pena alternativa de ocho años de prisión por la ejecución de 41 crímenes en ese departamento, también clamó por la paz y la reconciliación del país.

Desde Bucaramanga, y en nombre de los postulados recluidos en la cárcel Modelo de esa ciudad, el desmovilizado José Fernando Gómez reconoció que “les causamos dolor a personas que por ninguna razón debieron ser blanco de nuestra organización armada”. Asimismo ratificó que “por ninguna circunstancia le volveremos a hacer daño a Colombia ni a ningún ser humano”. En videoconferencia desde el mismo penal, Pablo Emilio Quintero, excomandante del frente Fidel Castaño, expresó que “es necesario pedirles perdón a las familias por querer hacer justicia con mis propias manos, algo que no me correspondía. Y a la patria por aprovecharme de lo que ella me enseñó para adoctrinar hombres para que hicieran el mal”, en referencia a su paso por las Fuerzas Armadas y su condición de entrenador militar de cientos de combatientes.

También se dirigió a la sala Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, ideólogo de las autodefensas y otrora encargado de la formación política de las huestes paramilitares. Dijo que está convencido “de que en Colombia, donde se cuestiona tanto a la justicia, hace falta reconocer el valor de la reconciliación”, y agregó que el fustigado proceso de Justicia y Paz “ha hecho públicos miles de hechos de los que ni el país ni la comunidad internacional tenían conocimiento, varios de los cuales nos causaron asombro a nosotros mismos”. Además aseguró que “nuestra expresión de perdón nace de las más íntimas fibras del corazón y no atiende a un mero formalismo jurídico. Por el contrario, es una imposición del alma que surge del más sincero arrepentimiento tras escuchar los relatos de las víctimas”.

Los desmovilizados del BCB también aprovecharon para enviarle dos propuestas a las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana. La primera consiste en la conformación de una comisión nacional de reconstrucción de la verdad histórica, que debería ser integrada por guerrilleros, exparamilitares y miembros de la Fuerza Pública. La función principal de ese organismo sería asumir responsabilidades políticas por los millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado, con quienes, dijeron, también tienen deudas los sectores económicos y políticos que financiaron y apoyaron la guerra. Según Báez, el trabajo de la comisión permitiría “revelar muchos hechos que están escondidos tras el velo de la impunidad”. La segunda iniciativa se refiere a la realización de un foro nacional de desagravio a las víctimas, en el que esos mismos actores pedirían perdón de manera pública y conjunta.

Ambas peticiones ya habrían sido puestas en conocimiento del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien, según los postulados, les prometió instalar mesas de trabajo para profundizar en esos temas. Sin embargo, teniendo en cuenta que no ha habido avances concretos en la materia, pidieron el apoyo de los negociadores y clamaron mayor protagonismo político en la discusión del posconflicto. De igual forma señalaron que “el Gobierno se ha equivocado al tratar de implementar una paz estadística, en la que se cuentan hombres y armas, pero se obvia la inclusión social de los desmovilizados y las víctimas”, toda vez que se encuentran inconformes con los programas de resocialización a cargo del Inpec. Mientras tanto, el Tribunal avanza en el juzgamiento del BCB, a la par que cientos de familias esperan ser reparadas integralmente.

mflorez@elespectador.com

“El dolor físico, emocional y psicológico que les causamos a las víctimas nos obliga a manifestar remordimiento, perdón, una profunda pesadumbre y una inocultable vergüenza moral por todo cuanto hicimos en esta guerra fratricida. Atrás quedaron la soberbia y el delirio de grandeza. Tengan la seguridad de que esta página de ignominia ya ha dado la vuelta y de que podemos decir con certeza: ¡Nunca más!”.

Esas fueron las palabras que Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, pronunció este miércoles ante la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. El máximo comandante del bloque Central Bolívar (BCB) de las autodefensas, recluido en la cárcel de Itagüí, encabezó una solicitud de perdón ofrecida por las distintas estructuras armadas que operaron bajo su mando y la cual estuvo dirigida no sólo a las víctimas, sino también a las instituciones y a la sociedad en general.

Por su parte, Guillermo Pérez Alzate, exjefe del bloque Libertadores del Sur, adscrito al BCB, manifestó desde una cárcel en Estados Unidos: “Les pido excusas por el daño causado a las víctimas de Nariño y concretamente del municipio de Tumaco, donde tuve mi centro de operaciones. Igualmente les pido perdón por haberlas dejado huérfanas cuando di la orden de asesinar a la religiosa Yolanda Cerón Delgado”, muerta a tiros en septiembre de 2001 y destacada líder de las comunidades negras e indígenas de la región, a quienes acompañaba en procesos de titulación de tierras. Pérez, condenado en octubre pasado a la pena alternativa de ocho años de prisión por la ejecución de 41 crímenes en ese departamento, también clamó por la paz y la reconciliación del país.

Desde Bucaramanga, y en nombre de los postulados recluidos en la cárcel Modelo de esa ciudad, el desmovilizado José Fernando Gómez reconoció que “les causamos dolor a personas que por ninguna razón debieron ser blanco de nuestra organización armada”. Asimismo ratificó que “por ninguna circunstancia le volveremos a hacer daño a Colombia ni a ningún ser humano”. En videoconferencia desde el mismo penal, Pablo Emilio Quintero, excomandante del frente Fidel Castaño, expresó que “es necesario pedirles perdón a las familias por querer hacer justicia con mis propias manos, algo que no me correspondía. Y a la patria por aprovecharme de lo que ella me enseñó para adoctrinar hombres para que hicieran el mal”, en referencia a su paso por las Fuerzas Armadas y su condición de entrenador militar de cientos de combatientes.

También se dirigió a la sala Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, ideólogo de las autodefensas y otrora encargado de la formación política de las huestes paramilitares. Dijo que está convencido “de que en Colombia, donde se cuestiona tanto a la justicia, hace falta reconocer el valor de la reconciliación”, y agregó que el fustigado proceso de Justicia y Paz “ha hecho públicos miles de hechos de los que ni el país ni la comunidad internacional tenían conocimiento, varios de los cuales nos causaron asombro a nosotros mismos”. Además aseguró que “nuestra expresión de perdón nace de las más íntimas fibras del corazón y no atiende a un mero formalismo jurídico. Por el contrario, es una imposición del alma que surge del más sincero arrepentimiento tras escuchar los relatos de las víctimas”.

Los desmovilizados del BCB también aprovecharon para enviarle dos propuestas a las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana. La primera consiste en la conformación de una comisión nacional de reconstrucción de la verdad histórica, que debería ser integrada por guerrilleros, exparamilitares y miembros de la Fuerza Pública. La función principal de ese organismo sería asumir responsabilidades políticas por los millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado, con quienes, dijeron, también tienen deudas los sectores económicos y políticos que financiaron y apoyaron la guerra. Según Báez, el trabajo de la comisión permitiría “revelar muchos hechos que están escondidos tras el velo de la impunidad”. La segunda iniciativa se refiere a la realización de un foro nacional de desagravio a las víctimas, en el que esos mismos actores pedirían perdón de manera pública y conjunta.

Ambas peticiones ya habrían sido puestas en conocimiento del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien, según los postulados, les prometió instalar mesas de trabajo para profundizar en esos temas. Sin embargo, teniendo en cuenta que no ha habido avances concretos en la materia, pidieron el apoyo de los negociadores y clamaron mayor protagonismo político en la discusión del posconflicto. De igual forma señalaron que “el Gobierno se ha equivocado al tratar de implementar una paz estadística, en la que se cuentan hombres y armas, pero se obvia la inclusión social de los desmovilizados y las víctimas”, toda vez que se encuentran inconformes con los programas de resocialización a cargo del Inpec. Mientras tanto, el Tribunal avanza en el juzgamiento del BCB, a la par que cientos de familias esperan ser reparadas integralmente.

mflorez@elespectador.com