El bus del Inpec que esparció el COVID-19 a tres cárceles del país

Más de un mes y medio después de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en Colombia, ya hay registros de 4.500 contagios, incluyendo los más de 100 que se han confirmado en cinco centros de reclusión del país: el de Leticia, Amazonas; La Picota, en Bogotá; Las Heliconias, en Florencia (Caquetá); La Esperanza, en Guaduas (Cundinamarca) y, el lugar donde comenzó todo, la cárcel municipal de Villavicencio. Aunque los primeros contagios fueron de personas que llegaron en avión de Europa, el virus se esparció por las cárceles en un medio de transporte diferente: un bus con el logo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

(Lea también: Los vecinos nos dicen que somos un foco de contagio: guardia del Inpec en cárcel de Guaduas)

A excepción de Leticia, donde el único caso confirmado es un guardia con un viaje reciente a Brasil, en los otros tres penales la génesis del virus es la misma: la cárcel de Villavicencio. De allí salió un bus con ocho reclusos el pasado 1° de abril, nueve días antes de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el penal, como revela un documento conocido por El Espectador. Se trata de la resolución 648 del 30 de marzo de 2020, “por medio de la cual se traslada a un personal de internos” y que aparece firmada por la directora de la regional central del Inpec, Imelda López, y el director de la prisión de la capital del Meta, Miguel Ángel Rodríguez.

El motivo de este traslado se remonta a la noche del 21 de marzo y la madrugada del 22, cuando en diferentes centros de reclusión del país los internos convocaron a un “cacerolazo” para exigirle al Gobierno medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus. En varias prisiones, la protesta se tornó violenta y en La Modelo de Bogotá, por ejemplo, se registró un saldo de 23 muertos. En Villavicencio, los internos quemaron colchonetas y derribaron muros y rejas, destruyendo 27 celdas a su paso. Asimismo, 15 presos y un dragoneante resultaron heridos.

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(Le puede interesar: Gobierno garantizará pruebas de COVID-19 para todos los internos de Villavicencio)

A raíz de esto, el Inpec trasladó a unos internos a la cárcel de Picaleña, en Ibagué (Tolima), pero los desórdenes continuaron y el 30 de marzo hubo un nuevo intento de motín. Un informe de la Personería de Villavicencio dice que, supuestamente, los internos agredieron a la guardia en la tarde, cuando les cerraron las celdas, con armas blancas artesanales y arrojándoles escombros. En entrevistas con el Ministerio Público, los privados de la libertad denunciaron excesos de fuerza por parte de los guardianes, pero ese mismo día se firmó el traslado de los ocho hombres a los que se les acusa de ser los “agitadores” que incitaron los “hechos vandálicos”.

Mediante un acta extraordinaria, el director Rodríguez le solicitó ese mismo día a su jefe inmediata, la directora regional López, que trasladara a estos ocho hombres. Según explica el documento en poder de este diario, “son los líderes negativos que originaron graves alteraciones al orden interno del establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio el día de hoy, ocasionando graves daños a la estructura del bloque 3 del pabellón Colombia (celdas, paredes, rejas, entre otros)”. A renglón seguido, la resolución autoriza el traslado y enumera a los ocho hombres que fueron movidos de cárcel, con una síntesis de la situación jurídica de cada uno.

Con esa orden salió un bus el 1° de abril desde la capital del Meta, encomendando en un dragoneante del Inpec la misión de dejar a tres internos en La Picota, dos en Florencia, dos en Guaduas y uno en Yopal, centro de reclusión en el que, a la fecha, no se han confirmado casos de COVID-19. El director del Inpec, general Norberto Mujica, ha reconocido que el movimiento se dio y que son las personas trasladadas quienes se han ido enfermando en las cárceles a las que llegaron. Sin embargo, el alto oficial ha asegurado que, para la fecha que se autorizó este traslado, no había siquiera el primer caso confirmado de coronavirus en la cárcel de Villavicencio.

Además, Mujica ha dicho que desde que llegaron a estos centros de reclusión, los ocho internos fueron aislados y por eso han logrado contener la propagación del virus. “Ahora, es claro que por más que estuvieran aislados, hubo personas que, por su rol, tuvieron contacto con ellos, y ellas en su momento se aislaron y les estamos practicando pruebas, a pesar de que no han presentado síntomas”, dijo el general Mujica en la emisora La W el pasado 20 de abril. Y ha sostenido en ruedas de prensa y entrevistas: “Una vez encendimos la alarma por los contagios en Villavicencio, yo ordené que no se hicieran más traslados”.

(En vivo: casos de COVID-19 en cárceles de Colombia)

Con base en esta información, el Sindicato Nacional del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sinalpec) radicó una denuncia en la Fiscalía para que se investigue a quienes autorizaron estos traslados por los delitos de propagación de epidemia y violación de medida sanitaria. El tesorero del sindicato, Freiman Pérez le dijo a El Espectador: “En las cárceles a los que ha llegado el virus, se vienen muchos muertos, más motines, intentos de fuga, y alguien debe tener la responsabilidad legal y política por haber hecho ese traslado”. Aunque reconoció que estos procedimientos son pan de cada día en el Inpec en condiciones normales, señaló que, “como estamos en un estado de emergencia sanitaria, pues debió evitarse”.

Para Pérez, si bien era claro que se presentó un “inconveniente de seguridad” en la cárcel de Villavicencio que hacía necesario tomar medidas, dice que el director de la cárcel y la directora regional podrían haber acondicionado algún sector del mismo centro de reclusión para aislar a los internos, en lugar de trasladarlos. El líder sindical espera que los entes de control actúen, pues “los servidores públicos pecamos por acción y por omisión, y la directora López, al parecer, incurrió en una omisión de cuidado. Esto no solamente perjudica a los establecimientos carcelarios, sino a los municipios donde están ubicados y que ahora tienen que lidiar con más casos de COVID-19”.

(Lea: Así funcionará el decreto para descongestionar las cárceles)

El Inpec ha reconocido que trasladó a estas ocho personas sin haberles hecho previamente una prueba para descartar coronavirus, pero dice haberles practicado un tamizaje médico. Sin embargo, para ese momento, la pandemia que ha aislado a todo el mundo ya había aterrizado en Colombia. Y, en donde precisamente más encerrado debía estar el virus, terminó saliendo por decisión del propio Inpec y en un bus de su propiedad. Solo hasta que se confirmó la primera muerte en Villavicencio, se empezaron a realizar pruebas en las prisiones a las que llegaron los ocho reclusos. ¿Cuántas personas estuvieron en contacto con los infectados? ¿Cuántos guardias e internos se infectaron por cuenta del traslado? Las respuestas están por resolverse.

Más de un mes y medio después de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en Colombia, ya hay registros de 4.500 contagios, incluyendo los más de 100 que se han confirmado en cinco centros de reclusión del país: el de Leticia, Amazonas; La Picota, en Bogotá; Las Heliconias, en Florencia (Caquetá); La Esperanza, en Guaduas (Cundinamarca) y, el lugar donde comenzó todo, la cárcel municipal de Villavicencio. Aunque los primeros contagios fueron de personas que llegaron en avión de Europa, el virus se esparció por las cárceles en un medio de transporte diferente: un bus con el logo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

(Lea también: Los vecinos nos dicen que somos un foco de contagio: guardia del Inpec en cárcel de Guaduas)

A excepción de Leticia, donde el único caso confirmado es un guardia con un viaje reciente a Brasil, en los otros tres penales la génesis del virus es la misma: la cárcel de Villavicencio. De allí salió un bus con ocho reclusos el pasado 1° de abril, nueve días antes de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el penal, como revela un documento conocido por El Espectador. Se trata de la resolución 648 del 30 de marzo de 2020, “por medio de la cual se traslada a un personal de internos” y que aparece firmada por la directora de la regional central del Inpec, Imelda López, y el director de la prisión de la capital del Meta, Miguel Ángel Rodríguez.

El motivo de este traslado se remonta a la noche del 21 de marzo y la madrugada del 22, cuando en diferentes centros de reclusión del país los internos convocaron a un “cacerolazo” para exigirle al Gobierno medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus. En varias prisiones, la protesta se tornó violenta y en La Modelo de Bogotá, por ejemplo, se registró un saldo de 23 muertos. En Villavicencio, los internos quemaron colchonetas y derribaron muros y rejas, destruyendo 27 celdas a su paso. Asimismo, 15 presos y un dragoneante resultaron heridos.

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A raíz de esto, el Inpec trasladó a unos internos a la cárcel de Picaleña, en Ibagué (Tolima), pero los desórdenes continuaron y el 30 de marzo hubo un nuevo intento de motín. Un informe de la Personería de Villavicencio dice que, supuestamente, los internos agredieron a la guardia en la tarde, cuando les cerraron las celdas, con armas blancas artesanales y arrojándoles escombros. En entrevistas con el Ministerio Público, los privados de la libertad denunciaron excesos de fuerza por parte de los guardianes, pero ese mismo día se firmó el traslado de los ocho hombres a los que se les acusa de ser los “agitadores” que incitaron los “hechos vandálicos”.

Mediante un acta extraordinaria, el director Rodríguez le solicitó ese mismo día a su jefe inmediata, la directora regional López, que trasladara a estos ocho hombres. Según explica el documento en poder de este diario, “son los líderes negativos que originaron graves alteraciones al orden interno del establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio el día de hoy, ocasionando graves daños a la estructura del bloque 3 del pabellón Colombia (celdas, paredes, rejas, entre otros)”. A renglón seguido, la resolución autoriza el traslado y enumera a los ocho hombres que fueron movidos de cárcel, con una síntesis de la situación jurídica de cada uno.

Con esa orden salió un bus el 1° de abril desde la capital del Meta, encomendando en un dragoneante del Inpec la misión de dejar a tres internos en La Picota, dos en Florencia, dos en Guaduas y uno en Yopal, centro de reclusión en el que, a la fecha, no se han confirmado casos de COVID-19. El director del Inpec, general Norberto Mujica, ha reconocido que el movimiento se dio y que son las personas trasladadas quienes se han ido enfermando en las cárceles a las que llegaron. Sin embargo, el alto oficial ha asegurado que, para la fecha que se autorizó este traslado, no había siquiera el primer caso confirmado de coronavirus en la cárcel de Villavicencio.

Además, Mujica ha dicho que desde que llegaron a estos centros de reclusión, los ocho internos fueron aislados y por eso han logrado contener la propagación del virus. “Ahora, es claro que por más que estuvieran aislados, hubo personas que, por su rol, tuvieron contacto con ellos, y ellas en su momento se aislaron y les estamos practicando pruebas, a pesar de que no han presentado síntomas”, dijo el general Mujica en la emisora La W el pasado 20 de abril. Y ha sostenido en ruedas de prensa y entrevistas: “Una vez encendimos la alarma por los contagios en Villavicencio, yo ordené que no se hicieran más traslados”.

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Con base en esta información, el Sindicato Nacional del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sinalpec) radicó una denuncia en la Fiscalía para que se investigue a quienes autorizaron estos traslados por los delitos de propagación de epidemia y violación de medida sanitaria. El tesorero del sindicato, Freiman Pérez le dijo a El Espectador: “En las cárceles a los que ha llegado el virus, se vienen muchos muertos, más motines, intentos de fuga, y alguien debe tener la responsabilidad legal y política por haber hecho ese traslado”. Aunque reconoció que estos procedimientos son pan de cada día en el Inpec en condiciones normales, señaló que, “como estamos en un estado de emergencia sanitaria, pues debió evitarse”.

Para Pérez, si bien era claro que se presentó un “inconveniente de seguridad” en la cárcel de Villavicencio que hacía necesario tomar medidas, dice que el director de la cárcel y la directora regional podrían haber acondicionado algún sector del mismo centro de reclusión para aislar a los internos, en lugar de trasladarlos. El líder sindical espera que los entes de control actúen, pues “los servidores públicos pecamos por acción y por omisión, y la directora López, al parecer, incurrió en una omisión de cuidado. Esto no solamente perjudica a los establecimientos carcelarios, sino a los municipios donde están ubicados y que ahora tienen que lidiar con más casos de COVID-19”.

(Lea: Así funcionará el decreto para descongestionar las cárceles)

El Inpec ha reconocido que trasladó a estas ocho personas sin haberles hecho previamente una prueba para descartar coronavirus, pero dice haberles practicado un tamizaje médico. Sin embargo, para ese momento, la pandemia que ha aislado a todo el mundo ya había aterrizado en Colombia. Y, en donde precisamente más encerrado debía estar el virus, terminó saliendo por decisión del propio Inpec y en un bus de su propiedad. Solo hasta que se confirmó la primera muerte en Villavicencio, se empezaron a realizar pruebas en las prisiones a las que llegaron los ocho reclusos. ¿Cuántas personas estuvieron en contacto con los infectados? ¿Cuántos guardias e internos se infectaron por cuenta del traslado? Las respuestas están por resolverse.