El calvario de una familia atea

 Álvaro Ariza y Jaquelina Ardila están convencidos de que a su hija menor tres de sus profesoras “la matonearon” por el simple hecho de que sus padres fueran ateos y que, por ello, le solicitaran a las maestras apartar a la menor de las clases de Religión y de otra serie de actos que no concordaban con las creencias de su familia, como, por ejemplo, tener que esperar a sus padres arrodillada. Por ello, dicen ellos, las educadoras hostigaron, gritaron, apartaron e, incluso, la marcaron “con un sello en una mano que decía, junto a una carita fea, ‘habladora’” y la obligaron a escribir en el observador una nota en la que tuvo que manifestar su supuesto interés por la clase de Religión.

A lo que se suman una serie de amenazas de que iba a perder el año si no se comportaba y si le contaba a sus padres de lo sucedido y burlas como temblar cuando la niña se acercaba a las profesores como una forma de hacerle entender que le tenían miedo. Toda una serie de eventos traumáticos, sobre todo, para una menor de 7 años de edad.

Todo esto llevó a que Ariza se quejara ante las directivas del colegio, el Gabriel Betancourt Mejía, ubicado en la localidad de Kennedy. Pero nada pasó. En cambio, los hostigamientos hacia su hija se hicieron cada vez peores. A tal punto que en una ocasión su hija le dijo que había pensado en suicidarse “porque nadie la quería”. Y entonces sus padres la retiraron del colegio y presentaron su inconformismo ante la Secretaría de Educación de Bogotá, al Ministerio de Educación y a la Procuraduría. Pero, en vez de arreglar lo sucedido, estas acciones llevaron a que –de forma muy extraña porque, de repente, un colegio que tenía cupos dejó de tenerlos, al parecer, por maniobras ilegales de un funcionario– la menor y su hermana mayor se quedaran sin un cupo en la red de colegios distritales con el agravante de que no tienen recursos para matricular a las menores en un colegio privado. En estos momentos las niñas estudian con su padre en casa. Todo esto motivó a la pareja a presentar una tutela que fue negada en primera instancia y se encuentra a la espera de que el Tribunal de Bogotá la estudie.

En la misma, el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, en representación de la pareja, solicita que la justicia le ordene al colegio “pedir públicas disculpas a la familia frente a todo el colegio y profesorado” y “presentar un plan por el cual las menores nunca más recibirán clases, y adoctrinamiento de ninguna religión mientras tengan que asistir al mismo Colegio”; a la Secretaría de Educación, que “acompañe a la familia accionante en el reingreso escolar de las menores, en las disculpas públicas a la familia y el plan de trabajo para recuperar el tiempo que las menores no pudieron continuar sus estudios. Además que reasigne a las menores a una institución educativa distinta al Colegio Gabriel Betancourt Mejía para la facilitar su adaptación –sin “historial”– en los nuevos grados en 2015”.

De la misma forma solicita que se le ordene al Ministerio de Educación expedir una normatividad acertada “que excluya la clase de religión, llevar a cabo un plan de acción para que en los Colegios Públicos se incluya suficiente ilustración para que el estudiantado en general ejerza la libertad de conciencia y, dado el caso, el ateísmo”. E igualmente, “llevar a cabo las acciones pertinentes para que nunca más se vuelva a incluir dentro del currículo académico de colegios en el país, la clase de religión. Cada familia decidirá dentro de su ámbito interior la forma como manejar estos temas. Para ello preparara una legislación adecuada en el tema” y que “expida una reglamentación y el deber de hacerla pública en medios de comunicación en la cual ningún profesor o profesora al iniciar clases o dentro de ellas, invite a orar, o realizar ritos o alabanzas a favor ninguna religión”.

Para Rincón Perfetti la conclusión no es otra que “el sistema educativo no puede preguntar por creencias religiosas para el ingreso de ningún estudiante bajo ningún pretexto, ni colocar a estudiante a orar dentro del tiempo de clases o persignarse o arrodillarse. Esto vulnera la libertad de culto de la menor y su familia puesto que la misma Corte Constitucional en una sentencia de 2002 sostuvo que “este derecho ha sido concebido jurisprudencial y doctrinalmente, como aquél que le permite a cada persona de forma independiente y autónoma creer, descreer o no creer en una determinada religión como medio de separación entre lo sagrado y lo profano, reconociendo a cada hombre su derecho a mantener la integridad de sus creencias, de alterar sus convicciones religiosas o de asumir posturas ateas o agnósticas”.

En entrevista con este diario Ariza sostuvo al respecto que su posición es que a los menores se les de este tipo de instrucción y que estos temas sean abordados cuando estos cuenten con la madurez suficiente para generar una opinión propia que no esté mediada sino por su propio criterio. Es decir: que sea el menor, ya en un grado de madurez suficiente, quien decida su credo y no que este sea impuesto. “Me parece que el tema tiene suficiente importancia como para que sea abordado cuando el niño tenga suficiente madurez. Una mayor madurez cognitiva, que tenga más conocimiento, más capacidad. No simplemente que porque tiene 5 años vamos a llevarlo de las narices y vamos a meterlo a cualquier religión. Se está abusando de la incapacidad del niño pequeño”.

E indicó que la justicia “tiene que dejar de congraciarse con el clero y fallar ese en derecho y desaparecer esa catedra de Religión. Tiene que poner una normatividad para sancionar el proselitismo religioso”. Mencionó que, por ejemplo, si un profesor hace proselitismo político por medio de sus clases, se enfrenta a posibles sanciones y que lo mismo debería ocurrir con el proselitismo religioso, con que el maestro intente inculcarle al alumno su credo propio y que esto no es un problema solo para los ateos sino, incluso, para cristianos y adventistas que tienen hijos a los que se les obliga practicar ritos católicos y que, de la misma forma, algunas clases como la de Ética y Democracia se han convertido en espacios para que esto ocurra. “No se conoce en los colegios qué es la clase de ética, qué es la democracia. Todas esas clases que son relacionadas con la formación se desvían hacia el tema religioso”.

La Corte Constitucional ha defendido en reiteras ocasiones a los creyentes y no creyentes frente al abuso de las autoridades. La misma Convención Americana de los Derechos Humanos ha dicho que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Para Rincón Perfetti la conclusión no es otra que “las clases de religión están ilustradas por asuntos cristianos, desconociendo otras religiones, que aunque minoritarias en este lado del planeta, no por ello deben ser relegadas a la inexistencia, con ello quiero destacar que existe un adoctrinamiento religioso basado en las experiencia de vida y personales de las docentes, quienes consideran legítimo su proyecto de vida basado en el cristianismo y por ello lo tramiten e imponen a niños y niñas en sus clases, sin tener en cuenta, ni otras religiones, como tampoco ilustrar sobre las posturas ateas o agnósticas, de tal suerte que sean las personas quienes decidan su proyecto de vida, mas, no sea impuesto ‘naturalmente’, como ocurre en el Colegio demandado”.

Mientras tanto Jaquelina y Álvaro esperan a que las autoridades resuelvan pronto esta tutela y se protejan los derechos de las familias ateas tanto como se han protegido los de las familias creyentes. Que se acabe con ese estigma de que no se puede ser libre de creer o no creer en lo que cada cual decida. Que las menores puedan volver a estudiar.

 Álvaro Ariza y Jaquelina Ardila están convencidos de que a su hija menor tres de sus profesoras “la matonearon” por el simple hecho de que sus padres fueran ateos y que, por ello, le solicitaran a las maestras apartar a la menor de las clases de Religión y de otra serie de actos que no concordaban con las creencias de su familia, como, por ejemplo, tener que esperar a sus padres arrodillada. Por ello, dicen ellos, las educadoras hostigaron, gritaron, apartaron e, incluso, la marcaron “con un sello en una mano que decía, junto a una carita fea, ‘habladora’” y la obligaron a escribir en el observador una nota en la que tuvo que manifestar su supuesto interés por la clase de Religión.

A lo que se suman una serie de amenazas de que iba a perder el año si no se comportaba y si le contaba a sus padres de lo sucedido y burlas como temblar cuando la niña se acercaba a las profesores como una forma de hacerle entender que le tenían miedo. Toda una serie de eventos traumáticos, sobre todo, para una menor de 7 años de edad.

Todo esto llevó a que Ariza se quejara ante las directivas del colegio, el Gabriel Betancourt Mejía, ubicado en la localidad de Kennedy. Pero nada pasó. En cambio, los hostigamientos hacia su hija se hicieron cada vez peores. A tal punto que en una ocasión su hija le dijo que había pensado en suicidarse “porque nadie la quería”. Y entonces sus padres la retiraron del colegio y presentaron su inconformismo ante la Secretaría de Educación de Bogotá, al Ministerio de Educación y a la Procuraduría. Pero, en vez de arreglar lo sucedido, estas acciones llevaron a que –de forma muy extraña porque, de repente, un colegio que tenía cupos dejó de tenerlos, al parecer, por maniobras ilegales de un funcionario– la menor y su hermana mayor se quedaran sin un cupo en la red de colegios distritales con el agravante de que no tienen recursos para matricular a las menores en un colegio privado. En estos momentos las niñas estudian con su padre en casa. Todo esto motivó a la pareja a presentar una tutela que fue negada en primera instancia y se encuentra a la espera de que el Tribunal de Bogotá la estudie.

En la misma, el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, en representación de la pareja, solicita que la justicia le ordene al colegio “pedir públicas disculpas a la familia frente a todo el colegio y profesorado” y “presentar un plan por el cual las menores nunca más recibirán clases, y adoctrinamiento de ninguna religión mientras tengan que asistir al mismo Colegio”; a la Secretaría de Educación, que “acompañe a la familia accionante en el reingreso escolar de las menores, en las disculpas públicas a la familia y el plan de trabajo para recuperar el tiempo que las menores no pudieron continuar sus estudios. Además que reasigne a las menores a una institución educativa distinta al Colegio Gabriel Betancourt Mejía para la facilitar su adaptación –sin “historial”– en los nuevos grados en 2015”.

De la misma forma solicita que se le ordene al Ministerio de Educación expedir una normatividad acertada “que excluya la clase de religión, llevar a cabo un plan de acción para que en los Colegios Públicos se incluya suficiente ilustración para que el estudiantado en general ejerza la libertad de conciencia y, dado el caso, el ateísmo”. E igualmente, “llevar a cabo las acciones pertinentes para que nunca más se vuelva a incluir dentro del currículo académico de colegios en el país, la clase de religión. Cada familia decidirá dentro de su ámbito interior la forma como manejar estos temas. Para ello preparara una legislación adecuada en el tema” y que “expida una reglamentación y el deber de hacerla pública en medios de comunicación en la cual ningún profesor o profesora al iniciar clases o dentro de ellas, invite a orar, o realizar ritos o alabanzas a favor ninguna religión”.

Para Rincón Perfetti la conclusión no es otra que “el sistema educativo no puede preguntar por creencias religiosas para el ingreso de ningún estudiante bajo ningún pretexto, ni colocar a estudiante a orar dentro del tiempo de clases o persignarse o arrodillarse. Esto vulnera la libertad de culto de la menor y su familia puesto que la misma Corte Constitucional en una sentencia de 2002 sostuvo que “este derecho ha sido concebido jurisprudencial y doctrinalmente, como aquél que le permite a cada persona de forma independiente y autónoma creer, descreer o no creer en una determinada religión como medio de separación entre lo sagrado y lo profano, reconociendo a cada hombre su derecho a mantener la integridad de sus creencias, de alterar sus convicciones religiosas o de asumir posturas ateas o agnósticas”.

En entrevista con este diario Ariza sostuvo al respecto que su posición es que a los menores se les de este tipo de instrucción y que estos temas sean abordados cuando estos cuenten con la madurez suficiente para generar una opinión propia que no esté mediada sino por su propio criterio. Es decir: que sea el menor, ya en un grado de madurez suficiente, quien decida su credo y no que este sea impuesto. “Me parece que el tema tiene suficiente importancia como para que sea abordado cuando el niño tenga suficiente madurez. Una mayor madurez cognitiva, que tenga más conocimiento, más capacidad. No simplemente que porque tiene 5 años vamos a llevarlo de las narices y vamos a meterlo a cualquier religión. Se está abusando de la incapacidad del niño pequeño”.

E indicó que la justicia “tiene que dejar de congraciarse con el clero y fallar ese en derecho y desaparecer esa catedra de Religión. Tiene que poner una normatividad para sancionar el proselitismo religioso”. Mencionó que, por ejemplo, si un profesor hace proselitismo político por medio de sus clases, se enfrenta a posibles sanciones y que lo mismo debería ocurrir con el proselitismo religioso, con que el maestro intente inculcarle al alumno su credo propio y que esto no es un problema solo para los ateos sino, incluso, para cristianos y adventistas que tienen hijos a los que se les obliga practicar ritos católicos y que, de la misma forma, algunas clases como la de Ética y Democracia se han convertido en espacios para que esto ocurra. “No se conoce en los colegios qué es la clase de ética, qué es la democracia. Todas esas clases que son relacionadas con la formación se desvían hacia el tema religioso”.

La Corte Constitucional ha defendido en reiteras ocasiones a los creyentes y no creyentes frente al abuso de las autoridades. La misma Convención Americana de los Derechos Humanos ha dicho que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Para Rincón Perfetti la conclusión no es otra que “las clases de religión están ilustradas por asuntos cristianos, desconociendo otras religiones, que aunque minoritarias en este lado del planeta, no por ello deben ser relegadas a la inexistencia, con ello quiero destacar que existe un adoctrinamiento religioso basado en las experiencia de vida y personales de las docentes, quienes consideran legítimo su proyecto de vida basado en el cristianismo y por ello lo tramiten e imponen a niños y niñas en sus clases, sin tener en cuenta, ni otras religiones, como tampoco ilustrar sobre las posturas ateas o agnósticas, de tal suerte que sean las personas quienes decidan su proyecto de vida, mas, no sea impuesto ‘naturalmente’, como ocurre en el Colegio demandado”.

Mientras tanto Jaquelina y Álvaro esperan a que las autoridades resuelvan pronto esta tutela y se protejan los derechos de las familias ateas tanto como se han protegido los de las familias creyentes. Que se acabe con ese estigma de que no se puede ser libre de creer o no creer en lo que cada cual decida. Que las menores puedan volver a estudiar.